Abogado denuncia inconstitucionalidad en ajuste de multas de tránsito en Maracaibo
El abogado José Luis Alcalá Rhode, exsecretario de Gobierno del estado Zulia, alertó que ni la Alcaldía de Maracaibo, ni el Concejo Municipal, ni la Policía Municipal de Maracaibo poseen atribuciones legales para fijar o incrementar los montos de las multas por infracciones viales distintos a lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre. Alcalá,
La propuesta de la Alcaldía de Maracaibo de incrementar las multas de tránsito hasta un monto de 150 dólares carece de validez constitucional y legal, según advirtió el abogado José Luis Alcalá Rhode, exsecretario de Gobierno del estado Zulia y excomandante de la Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo). De acuerdo con un reporte publicado por el medio digital El Pitazo, el especialista señaló que ni el ayuntamiento, ni el Concejo Municipal, ni el cuerpo policial local cuentan con las atribuciones jurídicas necesarias para modificar o fijar tarifas por infracciones viales distintas a las contempladas en la legislación nacional.
El conflicto de competencias y la reserva legal
La base del reclamo expuesto por Alcalá Rhode radica en la distribución de competencias del poder público en Venezuela. El ordenamiento jurídico del país establece que la regulación del tránsito y transporte terrestre es una competencia exclusiva del Poder Público Nacional, ejercida a través del Poder Legislativo mediante leyes formales. La Ley de Transporte Terrestre y su respectivo reglamento son los únicos instrumentos legales facultados para definir cuáles conductas constituyen una infracción y qué sanción pecuniaria les corresponde.
Alcalá Rhode explicó que el intento de la municipalidad de establecer sanciones mediante ordenanzas o decretos locales representa una usurpación de funciones del nivel nacional. El principio de legalidad y la reserva legal, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, exigen que cualquier sanción administrativa que afecte el patrimonio de los ciudadanos debe estar sustentada en una ley formal dictada por la Asamblea Nacional. Las cámaras municipales no tienen la potestad de alterar la cuantía de estas sanciones, por lo que la aplicación de normas locales en esta materia genera una situación de inseguridad jurídica.
El excomandante de Polimaracaibo recordó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha mantenido un criterio uniforme sobre este tema. El máximo tribunal del país ha determinado en reiteradas ocasiones que la tipicidad de las infracciones y el cálculo de sus multas deben estar anclados a la normativa nacional. Existen antecedentes en los que el TSJ ha ordenado a diversas alcaldías del país la devolución inmediata de los recursos cobrados a los ciudadanos bajo conceptos que no se encontraban expresamente previstos en las leyes nacionales, calificando dichos cobros como exacciones ilegales.
Requisitos de homologación y riesgos de discrecionalidad
Otro aspecto crítico señalado en el reporte de El Pitazo se refiere a las capacidades operativas y técnicas de los funcionarios encargados de aplicar las sanciones en Maracaibo. Alcalá Rhode aclaró que no cualquier oficial de la policía municipal tiene la potestad legal para imponer multas de tránsito. Para que un funcionario pueda ejercer esta atribución, debe pasar por un proceso de homologación dictado por el órgano rector nacional en materia de transporte terrestre, el cual certifica que el oficial posee los conocimientos y la autorización correspondiente.
En el caso específico de Polimaracaibo, el abogado detalló que de un pie de fuerza que supera los 1.000 efectivos policiales, apenas un grupo estimado en 70 oficiales cuenta con la homologación requerida para ejercer funciones de tránsito. Esta asimetría debilita la viabilidad de un control vial generalizado bajo los parámetros que exige la ley.
Asimismo, el exsecretario de Gobierno del Zulia cuestionó de manera directa la propuesta de otorgar un beneficio económico equivalente al 10% del valor de la multa recaudada al funcionario que imponga la sanción. Según su análisis, esta medida distorsiona la función policial y fomenta prácticas contrarias a la ética profesional. Alcalá Rhode advirtió que establecer este tipo de incentivos pecuniarios podría revivir vicios institucionales del pasado, promoviendo la imposición indiscriminada de multas con el único objetivo de obtener un beneficio financiero personal, lo que terminaría por deteriorar la confianza de los ciudadanos en Polimaracaibo.
Impacto socioeconómico en el contexto local
La discusión sobre el aumento de las multas a niveles de hasta 150 dólares ocurre en un entorno económico complejo para los habitantes de la capital zuliana. Los datos publicados por El Pitazo refieren que una familia promedio en Maracaibo requiere de aproximadamente 20 dólares diarios únicamente para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. En este contexto, una multa de la magnitud propuesta equivale al presupuesto de alimentación de una familia para una semana y media, lo que evidencia una desproporción entre la capacidad adquisitiva de la población y las sanciones que se pretenden aplicar.
La imposición de multas que superan los ingresos promedio de la ciudadanía fomenta la informalidad y la evasión, además de presionar la economía de los transportistas públicos y particulares. Los analistas locales coinciden en que las políticas de ordenamiento vial deben ser progresivas y estar alineadas con la realidad económica del municipio, evitando medidas de carácter netamente recaudatorio que asfixien el presupuesto familiar.
Implicaciones para la gestión municipal
La advertencia sobre una "anarquía institucional" pone de relieve la necesidad de coordinar las políticas locales con las directrices nacionales. Cuando un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana o de cualquier cuerpo municipal impone una sanción vial, su actuación debe fundamentarse de manera estricta en la Ley de Transporte Terrestre vigente y no en resoluciones locales que carecen de soporte constitucional.
Para la Alcaldía de Maracaibo y el Concejo Municipal, el desafío radica en diseñar estrategias de educación vial y prevención de accidentes que no dependan del incremento desmedido de las sanciones pecuniarias no contempladas en la ley nacional. El cumplimiento de las normas de tránsito es
