Washington tiene una participación en el petróleo venezolano. La historia muestra dos caminos
El acuerdo energético anunciado el 28 de agosto entre Estados Unidos y Venezuela ha generado tanto entusiasmo como profunda preocupación. Según los términos anunciados, North American Blue Energy Partners (NABEP), una poco conocida empresa energética estadounidense-venezolana fundada en 2024, operaría diecisiete campos petroleros venezolanos que contienen aproximadamente 65 000 millones de barriles de reservas probadas,
El acuerdo energético suscrito el 28 de agosto de 2024 entre Estados Unidos y Venezuela, que involucra a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), plantea un escenario de análisis sobre la relación entre el capital extranjero, el control estatal y la soberanía de los recursos naturales. Según un reporte publicado por el medio digital Runrun.es, este convenio contempla que la firma operadora, constituida en 2024 con capital estadounidense y venezolano, asuma la gestión de diecisiete campos petroleros en el país, los cuales albergan reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles de crudo, bajo un esquema de inversión privada proyectado en hasta 100.000 millones de dólares.
La estructura del convenio establece condiciones particulares sobre la propiedad de las acciones y el destino de la producción. Aunque los documentos contractuales definitivos no han sido divulgados en su totalidad, la información disponible señala que el gobierno de Estados Unidos obtendría una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP. Asimismo, la administración estadounidense contaría con la opción preferencial de adquirir el 20% de la producción de crudo a precio de costo. Bajo esta modalidad, el Estado venezolano conservaría la propiedad jurídica de los yacimientos, mientras que la corporación privada actuaría en calidad de operadora, lo que sitúa a Washington en el rol simultáneo de socio indirecto, financista y comprador preferencial en el sector de hidrocarburos nacional.
Los términos del acuerdo con NABEP
Los detalles técnicos de la negociación revelan una dinámica que modifica la participación tradicional de los Estados en la explotación petrolera. De acuerdo con los datos presentados por Runrun.es, la participación del 35% por parte del gobierno estadounidense en la casa matriz de la operadora privada introduce un componente geopolítico directo en la administración de los diecisiete yacimientos seleccionados. La inversión prevista, que alcanza un techo de 100.000 millones de dólares provenientes de fondos privados, se destinaría al desarrollo de un área que contiene una porción significativa de las reservas de la nación.
El esquema operativo define que la propiedad de los recursos en el subsuelo permanece bajo el control del Estado venezolano, limitando las funciones de NABEP a las tareas de producción y refinación. No obstante, la cláusula que otorga a Washington el derecho de compra del 20% del petróleo extraído a valor de costo, sumada a la prioridad de adquisición sobre los volúmenes restantes, genera un vínculo comercial directo entre el departamento de energía estadounidense y la estructura operativa local. Este modelo de negocio invita a examinar los precedentes históricos globales donde una potencia extranjera asume posiciones accionarias en los recursos de otra nación.
El precedente de Irán y la preeminencia de los intereses externos
La participación de gobiernos extranjeros en la gestión de recursos energéticos nacionales cuenta con antecedentes históricos complejos. El caso de Irán durante la primera mitad del siglo XX ilustra cómo los intereses comerciales de un Estado importador pueden influir en el desarrollo político de un país productor. Según detalla la investigación de Runrun.es, la Anglo-Persian Oil Company (APOC), que posteriormente se transformó en la Anglo-Iranian Oil Company y finalmente en BP, se originó a partir de la concesión petrolera otorgada al inversionista británico William Knox D’Arcy en el año 1901. En 1914, el gobierno de Gran Bretaña adquirió el 51% de las acciones de dicha empresa, convirtiéndola en su principal fuente de suministro de combustible para la Marina Real y en un pilar de sus ingresos fiscales.
Con el paso de las décadas, las administraciones iraníes intentaron renegociar los términos del acuerdo para obtener un mayor porcentaje de las ganancias y ejercer un control más efectivo sobre su industria. Ante la negativa de la compañía británica, el primer ministro Mohammad Mosaddegh promovió en 1951 la nacionalización de la industria petrolera del país. La respuesta de Gran Bretaña consistió en la aplicación de sanciones jurídicas, presiones económicas y un bloqueo comercial que impidió la venta del crudo iraní en los mercados internacionales. Posteriormente, bajo la administración del presidente Dwight Eisenhower y ante el temor de que la inestabilidad económica aproximara a Irán a la esfera de influencia de la Unión Soviética, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña coordinaron un golpe de Estado en 1953 que derrocó a Mosaddegh.
Tras el cambio de gobierno, el petróleo iraní retornó al mercado global en 1954 bajo la administración de un consorcio de empresas extranjeras. Aunque la National Iranian Oil Company mantuvo la propiedad formal de los campos y recibió el 50% de los beneficios netos, la operatividad real de la exploración, producción y comercialización quedó en manos de corporaciones externas. En este consorcio, BP retuvo el 40% de participación, cinco firmas estadounidenses sumaron otro 40%, Shell obtuvo el 14% y una empresa francesa el restante 6%, mientras el gobierno británico conservaba su posición accionaria en BP.
La vía de la negociación: la Ley de Hidrocarburos de 1943
En contraste con la experiencia iraní, la historia energética venezolana ofrece un modelo de reforma fundamentado en la negociación legislativa y la coexistencia institucional. En el año 1941, el presidente Isaías Medina Angarita inició un proceso de conversaciones con las corporaciones estadounidenses y británicas que operaban en el territorio nacional con el propósito de diseñar un nuevo marco regulatorio para la actividad petrolera.
La meta del gobierno venezolano no contemplaba la estatización inmediata de los activos de las compañías extranjeras. Por el contrario, la administración de Medina Angarita buscaba incrementar los ingresos fiscales de la República, fomentar el desarrollo de la infraestructura de refinación dentro del territorio nacional y asegurar una mayor incorporación de profesionales y técnicos venezolanos en las operaciones de la industria. Aunque las deliberaciones iniciales enfrentaron la resistencia de los representantes de las corporaciones internacionales, el proceso culminó con la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943, la cual unificó las concesiones existentes bajo un esquema de regalías más favorable para el país y sentó las bases para el desarrollo progresivo del sector sin interrumpir la seguridad jurídica de las inversiones.
Dilemas de soberanía y geopolítica contemporánea
El escenario planteado por la participación de la administración estadounidense en la estructura de NABEP introduce interrogantes sobre el equilibrio entre el fomento de la inversión extranjera y la preservación de la autonomía política en Venezuela. Si un eventual cambio de gobierno en el país buscase revisar las condiciones del contrato con NABEP, la posición de Washington como accionista del 35% de la matriz de la operadora podría condicionar la respuesta diplomática de la potencia norteamericana, abriendo el debate sobre si la protección de activos comerciales prevalecería sobre el apoyo a los procesos institucionales locales.
A pesar de estas interrogantes, el análisis de Runrun.es puntualiza diferencias estructurales entre la situación actual de Venezuela y los eventos históricos de Irán. En primer lugar, la participación estadounidense en NABEP representa una posición minoritaria dentro de una sola empresa operadora que gestiona diecisiete campos específicos, a diferencia del monopolio casi exclusivo que ejercía la Anglo-Persian Oil Company en el territorio iraní. Adicionalmente, el mercado global de energía se ha transformado sustancialmente: en la actualidad, Estados Unidos figura como el principal productor global de petróleo, lo que reduce su nivel de dependencia directa del suministro venezolano en comparación con la subordinación energética que presentaba Gran Bretaña respecto al crudo del Golfo Pérsico a mediados del siglo pasado.
El desarrollo de este acuerdo comercial y de inversión privada, valorado en miles de millones de dólares, sitúa a la política de hidrocarburos de Venezuela en una coyuntura donde coexisten la necesidad de reactivación técnica de los yacimientos y la preservación de los márgenes de soberanía nacional ante la participación directa de capitales estatales extranjeros en la cadena de producción del país.
