Pago de aguinaldos: trabajadores exigen que ingresos petroleros se utilicen para pagar un bono navideño digno
El avance de noviembre transcurre en medio de una profunda incertidumbre para los empleados públicos venezolanos. A diferencia de años anteriores, cuando para esta fecha ya existían certezas sobre los montos y el cronograma de los aguinaldos, el actual silencio de las autoridades agudiza la preocupación de un sector que sobrevive con un salario mínimo
La falta de información oficial sobre el cronograma y los montos del pago de los aguinaldos de fin de año mantiene en incertidumbre al sector público en Venezuela. De acuerdo con un reporte del medio digital El Pitazo, las organizaciones sindicales y los trabajadores de distintas regiones del país exigen que los ingresos percibidos por la exportación petrolera sean destinados a la cancelación de una bonificación decembrina que se ajuste al costo real de la vida.
La preocupación del sector laboral se fundamenta en la permanencia del salario mínimo legal en 130 bolívares mensuales, un monto fijado en marzo de 2022 que ha perdido su poder de compra frente al incremento constante de la tasa oficial del dólar informada por el Banco Central de Venezuela (BCV). Mientras en años anteriores las autoridades anunciaban las fechas de pago desde el mes de octubre, la ausencia de precisiones gubernamentales a mediados de noviembre dificulta la planificación económica de las familias dependientes del Estado.
El desfasaje entre el ingreso y la canasta alimentaria
La brecha entre las percepciones salariales del sector público y las necesidades básicas familiares se ha ampliado progresivamente. Según los registros del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta alimentaria familiar correspondiente al mes de septiembre de 2024 se situó en 761,35 dólares. Al tipo de cambio oficial reportado por el BCV para la fecha del informe, dicha cifra equivalía a 682.260,96 bolívares.
Frente a esta estructura de costos, la dirigencia sindical del Magisterio ha señalado que los cálculos aplicados en ejercicios anteriores resultan insuficientes. Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, indicó a El Pitazo que las expectativas generadas en torno a posibles anuncios oficiales para el inicio de noviembre no se concretaron.
Por su parte, voceros del sector universitario refirieron que en el período anterior las utilidades de algunos docentes no superaron el equivalente a diez dólares. Ante esta coyuntura, diversos gremios proponen la fijación de una bonificación navideña de 960 dólares, tomando como referencia un ingreso integral estimado en 240 dólares. No obstante, las proyecciones expresadas por los trabajadores consultados en Caracas continúan siendo cautelosas frente a la evolución del tipo de cambio.
Las peticiones en el estado Miranda y la renta petrolera
En el estado Miranda, el reclamo de los empleados de la administración pública y del sector educativo se ha centrado en los recursos financieros generados por la comercialización de hidrocarburos. Leomar Bandes, trabajador del área administrativa en la entidad, declaró al referido medio que el estancamiento del sueldo base durante más de dos años y medio impide cubrir los requerimientos alimentarios mínimos.
Docentes de la región, como Ornela Sifontes y Héctor Castillo, fundamentan sus peticiones en los reportes gubernamentales sobre las divisas que han ingresado al país mediante licencias de comercialización de crudo hacia Estados Unidos. Sifontes recordó las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, relativas a la recepción de un primer tramo de 300 millones de dólares sobre un total de 500 millones negociados, y planteó que dichos fondos permitan financiar un aguinaldo mínimo de 1.000 dólares.
Castillo coincidió en que los montos percibidos por la actividad petrolera deberían verse reflejados en los pagos al personal estatal, sugiriendo asignaciones que oscilen entre los 900 y 1.500 dólares para contrarrestar el impacto inflacionario durante la temporada navideña.
Zulia y Lara: paros gremiales y deterioro de la previsión social
La situación descrita por las bases sindicales en el estado Zulia muestra un escenario similar de depreciación del ingreso. Katherine Fernández, docente y residente de Maracaibo, calculó en entrevista para El Pitazo que la estimación del pago bajo los parámetros actuales se ubicaría cerca de los 5.000 bolívares, cifra que al tipo de cambio del BCV representa unos 5,58 dólares, capacidad de compra que redujo a la adquisición de un par de unidades de pollo.
Frente a este escenario, Gualberto Mas y Rubí, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio Zuliano, informó sobre la convocatoria a un paro de actividades de 12 horas programado para el 16 de noviembre. El dirigente gremial sostuvo que la medida busca presionar por un ajuste salarial y una bonificación decembrina acorde con los ingresos extraordinarios reportados por el Ejecutivo nacional.
En el estado Lara, el sector público vincula la pérdida del poder adquisitivo con la necesidad de reformas estructurales en la conducción económica del país. Julio César Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos de esa entidad, aseveró que los retrasos en los pagos eliminaron la función distributiva que tradicionalmente cumplían los aguinaldos.
En el ámbito asistencial y de previsión social, Pablo Montes de Oca, abogado jubilado del Ministerio de Educación, señaló que la depreciación salarial vulnera la capacidad de los trabajadores para enfrentar emergencias médicas, al no contar con ingresos suficientes para la adquisición de tratamientos o insumos de salud.
La protesta continua en las industrias básicas de Bolívar
El impacto de la política salarial se manifiesta con particular intensidad en la región guayanesa. En el estado Bolívar, docentes y jubilados reportan montos proyectados de utilidades que no superan los cinco dólares. Nayibeth Morales, educadora con 15 años de servicio en San Félix, explicó que el beneficio percibe una reducción severa en comparación con años anteriores. Asimismo, Mirella Salazar, jubilada del sector salud, indicó que su pensión fijada en 225 bolívares sirve de base para un cálculo que resulta insignificante en el comercio local.
En las empresas tutelares del hierro, aluminio y acero en Ciudad Guayana, la tensión laboral se ha traducido en movilizaciones continuas. Un bloque aproximado de 80.000 trabajadores de las industrias básicas suma más de tres semanas de protestas para exigir la cancelación de un aguinaldo uniforme de 1.200 dólares.
De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio e Industrias del Municipio Caroní, la canasta básica en dicha localidad ascendió a 555 dólares mensuales. La exigencia del sector obrero en Bolívar busca que la bonificación decembrina cubra al menos dos meses de los requerimientos nutricionales mínimos tabulados por el comercio regional, en un contexto donde los asalariados del Estado continúan a la espera de las decisiones presupuestarias del Ejecutivo nacional.
