Venezuela: ¿Por qué las elecciones presidenciales se convocarán en el 2028?
Por: Víctor Álvarez R.* Si se convocan las elecciones presidenciales antes de hacer “el trabajo sucio” del ajuste económico y de completar la etapa de recuperación, el nuevo gobierno recibirá una economía aún sin sanear, un país institucionalmente débil, y una sociedad descontenta que puede estallar. El nuevo mando político caminará por un campo minado y Venezuela […]
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El Pitazo
23 may. 2026
El Largo Camino a la Urna: ¿Por Qué las Elecciones Presidenciales en Venezuela Apuntan al 2028?
Caracas, Venezuela – La promesa de elecciones presidenciales libres y justas ha sido un estandarte de la lucha democrática en Venezuela durante años. Sin embargo, un análisis de las complejas dinámicas geopolíticas y económicas actuales sugiere un escenario que desafía las expectativas constitucionales y las aspiraciones populares: la postergación de los comicios presidenciales hasta el año 2028. Esta proyección, lejos de ser una simple especulación, se ancla en una estrategia multidimensional que prioriza la "viabilidad económica" sobre la "legitimación democrática inmediata", bajo una tutela internacional que reconfigura el tablero político del país.
La tesis central es contundente: convocar elecciones antes de sanear una economía devastada y consolidar una fase de recuperación implicaría que un nuevo gobierno heredaría una "bomba de tiempo". Un país institucionalmente débil, con una sociedad descontenta y un chavismo opositor aún con considerable control territorial y militar, podría hacer de Venezuela una nación ingobernable. Es en este contexto donde se articula una hoja de ruta, atribuida a intereses de Estados Unidos, que busca evitar que el costo político-electoral de las duras medidas de ajuste recaiga sobre una nueva administración, potencialmente restaurando el "viejo orden" que se creía superado.
La Anatomía de una Transición No Convencional
La situación venezolana actual es el resultado de años de profunda crisis política, económica y social. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder a finales del siglo XX, el país ha experimentado una transformación radical que culminó en el gobierno de Nicolás Maduro, marcado por un colapso económico sin precedentes, una masiva emigración y una profunda polarización política. Las sanciones internacionales, impuestas principalmente por Estados Unidos, buscaron presionar al gobierno de Maduro, pero también exacerbaron la crisis humanitaria y económica, complicando cualquier salida negociada. El fallido gobierno interino de Juan Guaidó y las repetidas rondas de diálogo sin resultados concretos han dejado a la población venezolana en un limbo de incertidumbre.
En este escenario, se postula un "Plan de las Tres Fases" para una transición controlada, donde la legitimación democrática es la última etapa y no la primera.
Fase I: Estabilización Política y Social. Esta fase se considera ya concluida, según la narrativa propuesta. Implicaría un reconocimiento pragmático de la realidad del poder en Venezuela. A pesar de cualquier cambio en la figura presidencial (como la hipotética "captura y extracción de Nicolás Maduro" mencionada en el recorte), el chavismo mantiene un control significativo sobre las instituciones: 23 de 24 gobernaciones, 285 de 335 alcaldías, y 256 de 277 diputados en la Asamblea Nacional. Además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las milicias y los colectivos armados permanecen leales al oficialismo.
La clave de esta fase es la "transición con el chavismo, no contra el chavismo". Esto significa que cualquier cambio debe ser negociado y contar con la anuencia de las fuerzas que realmente controlan el territorio y las instituciones. La supuesta decisión de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina y levantarle sanciones personales para facilitar la negociación con Washington, ilustra esta estrategia de realismo político. No se busca una confrontación total que desate una guerra civil, sino una coexistencia funcional que permita avanzar en los intereses económicos y geopolíticos. Este enfoque implica también un aparente desinterés en el liderazgo tradicional de la oposición venezolana, como el caso de María Corina Machado, a quien se le atribuye una falta de "apoyo ni respeto del país" y una base de poder institucional interna insuficiente para garantizar la gobernabilidad.
Fase II: Recuperación Económica. Esta es la fase crucial y la razón principal de la postergación electoral. Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, ha visto su industria energética colapsar. La economía ha sufrido una hiperinflación galopante, una destrucción del tejido productivo y una dependencia casi total de las remesas y la dolarización informal. La recuperación exige un "trabajo sucio" de ajuste macroeconómico que ningún gobierno nuevo querría heredar.
Este "trabajo sucio" incluye medidas impopulares pero necesarias, como el sinceramiento de las tarifas de servicios públicos (electricidad, agua, gas, telecomunicaciones), la eliminación de subsidios (especialmente el de la gasolina), la privatización de empresas públicas ineficientes, la fusión de ministerios, la liquidación de entes públicos y un ajuste general de la nómina y el gasto público. Estas reformas, aunque fundamentales para estabilizar las finanzas y reactivar la economía, tienen un alto costo social y político. Experiencias en la región, como las de Argentina con Mauricio Macri, Ecuador o Chile, demuestran cómo el descontento social generado por estas medidas puede abortar las reformas e incluso derribar gobiernos.
Para supervisar este complejo proceso, Estados Unidos estaría gestionando la reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional (FMI). La participación del FMI implicaría el diseño y la supervisión de un programa de ajuste económico riguroso, proporcionando el respaldo técnico y financiero necesario, pero también imponiendo condicionalidades que afectan la soberanía económica. Esta fase, dada su complejidad y el tiempo necesario para ver resultados tangibles y mitigar el impacto social, podría extenderse por al menos dos años, lo que nos lleva directamente a la proyección de 2028 para la siguiente etapa.
Fase III: Legitimación Democrática. Esta fase, la de las elecciones presidenciales, queda pospuesta hasta que se haya "construido la viabilidad económica de la transición política". La Constitución venezolana establece que, ante una "Ausencia Temporal" del presidente (90 días, prorrogables por 90 más), si se declara "Ausencia Absoluta" al vencer los 180 días, se deben convocar elecciones presidenciales en los 30 días siguientes. Sin embargo, el plan expuesto parece ignorar esta disposición, priorizando una estabilidad económica que se considera precondición para una democracia funcional y duradera. La lógica es clara: un gobierno legítimo, pero débil económicamente, podría ser un riesgo para los intereses estratégicos de Estados Unidos, que prefiere mantener una arquitectura de control sobre la industria petrolera venezolana y negociar con un gobierno dispuesto a cooperar con sus intereses energéticos y geopolíticos.
Implicaciones Profundas para la Soberanía y el Futuro de Venezuela
La implementación de un plan de esta naturaleza tiene ramificaciones profundas en varios frentes:
1. Erosion de la Soberanía y la Institucionalidad Democrática: La postergación de elecciones y la priorización de la viabilidad económica bajo tutela externa plantea serias preguntas sobre la soberanía de Venezuela. ¿Hasta qué punto un país puede considerarse soberano si sus decisiones políticas fundamentales, como la fecha de sus elecciones, están condicionadas por intereses foráneos y un programa económico impuesto desde fuera? La Constitución se vería mermada, y la voluntad popular, supeditada a un calendario dictado por la geopolítica y la economía. Esto podría sentar un precedente peligroso para la autonomía del Estado venezolano.
2. El Papel de la Tutela de Estados Unidos: El recorte de noticia no solo habla de un plan, sino de una "sofisticada arquitectura de control" sobre la industria petrolera y gasífera venezolana, a través de la Orden Ejecutiva 14373 y las licencias OFAC. Estas no son meras sanciones, sino mecanismos que alinean la industria petrolera venezolana con los intereses energéticos y geopolíticos de Estados Unidos, dificultando la entrada de inversiones de otras potencias (europeas y asiáticas) que podrían disputar ese control. Marco Rubio, en su momento, afirmó que "quien crea que Venezuela recuperará su autonomía de forma inmediata, sin pasar por este filtro de administración estratégica, simplemente está leyendo mal el momento histórico". Esto sugiere que esta tutela podría prolongarse incluso después de un nuevo gobierno electo, asegurando que Venezuela, a pesar de sus vastas reservas, opere bajo la órbita de Washington.
3. Impacto Político Interno y el Rol de la Oposición: La estrategia de "transición con el chavismo" y la desconfianza en el liderazgo opositor tradicional (ejemplificado con María Corina Machado) implica una reconfiguración del mapa político interno. ¿Qué papel le queda a la oposición democrática que no controla las instituciones ni las fuerzas armadas? Podría verse aún más fragmentada y deslegitimada si sus aspiraciones de cambio político inmediato son sistemáticamente pospuestas. La necesidad de un "consenso" con el chavismo para evitar la violencia y garantizar la gobernabilidad, aunque pragmática, podría ser percibida como una legitimación de un régimen que muchos consideran ilegítimo.
4. Consecuencias Sociales y Económicas a Largo Plazo: Si bien el objetivo es la recuperación económica, las medidas de ajuste serán dolorosas para una población ya empobrecida. La eliminación de subsidios y el sinceramiento de tarifas afectarán directamente el bolsillo de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Aunque el plan busca que el "costo político-electoral" lo pague la administración actual, el costo social lo pagará el pueblo venezolano. Esto podría generar nuevas olas de protestas y conflictividad social, independientemente de quién esté formalmente en el poder. La promesa de una "viabilidad económica" debe ir de la mano con políticas de protección social robustas para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida.
Un Horizonte Incierto para la Democracia Venezolana
La perspectiva de elecciones presidenciales en 2028, en lugar de en un plazo constitucional más cercano, es
