Venezuela: elecciones presidenciales se convocarán en 2028
Si se convocan las elecciones presidenciales antes de hacer “el trabajo sucio” del ajuste económico y de completar la etapa de recuperación, el nuevo gobierno recibirá una economía aún sin sanear, un país institucionalmente débil, y una sociedad descontenta que puede estallar. El nuevo mando político caminará por un campo minado y Venezuela será un
La Ruta Incierta de Venezuela: ¿Elecciones Presidenciales en 2028 Marcadas por el Ajuste Económico y la Realpolitik de Washington?
Un análisis profundo de la compleja coyuntura venezolana sugiere que el calendario electoral para las presidenciales podría extenderse hasta el año 2028, condicionado no por la voluntad popular, sino por la imperiosa necesidad de un drástico ajuste económico y una calculada estrategia geopolítica impulsada desde Washington. Esta proyección dibuja un escenario donde la viabilidad económica y los intereses internacionales priman sobre la legitimidad democrática inmediata, sentando las bases para una transición prolongada y tutelada.
El Imperativo del "Trabajo Sucio": La Economía como Preámbulo Electoral
La tesis central de este análisis radica en la convicción de que cualquier proceso electoral presidencial anticipado, antes de que se haya ejecutado un "trabajo sucio" de saneamiento económico, condenaría a un nuevo gobierno a heredar una bomba de tiempo. La economía venezolana, estructuralmente debilitada y con desequilibrios macroeconómicos profundos, requeriría medidas impopulares pero ineludibles. Estas incluirían la sinceración de tarifas de servicios públicos esenciales como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, la eliminación de subsidios distorsivos, particularmente el de la gasolina, y un programa ambicioso de privatizaciones de empresas estatales.
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Adicionalmente, se plantearía una reestructuración profunda del aparato estatal, con fusiones de ministerios, liquidación de entes públicos y un ajuste significativo de nóminas, todo ello enmarcado en una drástica reducción del gasto público. Tales acciones, aunque cruciales para estabilizar y reactivar la economía, conllevan un costo político-electoral enorme, generando un descontento social que ningún gobierno recién electo querría asumir en sus primeros cien días de gestión. La implementación de estas reformas se visualiza como una etapa de recuperación económica que, por su complejidad y alcance, podría extenderse por al menos dos años.
En este contexto, la reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional (FMI) emerge como un pilar fundamental de la estrategia. Se espera que el FMI no solo supervise el diseño de este programa de ajuste, sino también su rigurosa ejecución, otorgando una capa de legitimidad técnica y financiera a las dolorosas decisiones que se deberán tomar. La estabilidad y sostenibilidad de la recuperación económica se convierten así en la piedra angular de cualquier futura transición política.
La Estrategia de Washington: Pragmatismo Geopolítico y Desconfianza Opositora
Desde la perspectiva de sectores influyentes en Washington, la urgencia de presionar por elecciones presidenciales inmediatas es mínima. El razonamiento es pragmático: permitir que el actual entramado de poder asuma el costo político de las reformas económicas evita que un eventual gobierno de transición, posiblemente frágil, colapse bajo el peso de la impopularidad, lo que podría restaurar el "viejo orden" y desestabilizar la región.
Esta postura se complementa con una evidente desconfianza hacia la capacidad de liderazgo de la oposición tradicional venezolana para conducir una transición estable y, crucialmente, para salvaguardar los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. Figuras como Donald Trump, en el marco de análisis previos, expresaron dudas sobre la capacidad de liderazgos opositores específicos para generar el apoyo y el respeto necesarios a nivel nacional. La falta de una base de poder institucional sólida, el control territorial y militar, y las divisiones internas dentro de la propia oposición, son factores que, según esta visión, la inhabilitan para garantizar la gobernabilidad en un momento tan delicado.
En este complejo tablero, la estrategia estadounidense se inclinaría por una aproximación que reconoce la realidad del control territorial e institucional en Venezuela. La idea de una transición "con el chavismo" y no "contra el chavismo" toma fuerza, buscando evitar un escenario de violencia y destrucción generalizada. Esto se traduce en una disposición a interactuar con quienes ostentan el control efectivo del territorio y las instituciones, incluso si ello implica reconocer figuras que, en otro contexto, estarían bajo un escrutinio más severo. La eliminación de sanciones personales a ciertos funcionarios, facilitando la negociación, y el interés en mantener una arquitectura de control sobre la industria petrolera venezolana, se alinearían con esta visión de realpolitik, priorizando los intereses energéticos y geopolíticos de EE. UU. por encima de una legitimación democrática expedita.
La Hegemonía Persistente del Poder Establecido
Un factor ineludible en este análisis es la robusta estructura de poder que, incluso en un escenario hipotético de una eventual salida del actual mandatario, el oficialismo mantendría. El control sobre una abrumadora mayoría de las gobernaciones (23 de 24), alcaldías (285 de 335) y escaños en la Asamblea Nacional (256 de 277), sumado al dominio sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las milicias y los colectivos armados, le confiere una capacidad de movilización y desestabilización que no puede ser ignorada.
Esta capacidad de influencia, incluso desde una posición de "oposición" en un eventual nuevo gobierno, podría abortar cualquier intento de reforma económica que no cuente con su beneplácito. Asegurar el apoyo o al menos la neutralidad de estas estructuras es vital para evitar una escalada de violencia que haga al país ingobernable y comprometa la estabilidad de cualquier proceso de transición. Este control fáctico es un elemento central que Washington, según el análisis, ha tomado en cuenta al diseñar su estrategia de largo plazo.
La Discrepancia entre la Norma Constitucional y la Realidad Política
La Constitución venezolana establece mecanismos claros para la sucesión presidencial en caso de ausencia absoluta, previendo un período de 90 días prorrogables por otros 90 días para una ausencia temporal, tras lo cual se declararía la ausencia absoluta y se convocarían elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. Sin embargo, el análisis sugiere que este marco legal podría ser postergado por la cruda realidad de la recuperación económica y los cálculos geopolíticos.
La complejidad y la duración estimada de la etapa de ajuste económico (dos años) exceden con creces los plazos constitucionales para la convocatoria electoral. Esto implica que la "viabilidad económica" de la transición se erige como un pre-requisito fundamental, desplazando la "legitimidad democrática" a un segundo plano, al menos en la fase inicial. La proyección de elecciones presidenciales en 2028 se basa precisamente en la necesidad de completar este programa de reformas antes de abrir las urnas, permitiendo que el costo social y político del ajuste sea absorbido por la actual estructura de poder.
Un Horizonte de Transición Gestionada
En síntesis, el camino hacia unas elecciones presidenciales en Venezuela parece estar intrínsecamente ligado a una profunda reestructuración económica y a una delicada danza geopolítica. La visión de una "transición estable y duradera" se concibe menos como un acto de inmediata legitimación democrática y más como un proceso gestionado, donde la estabilización económica y la alineación con intereses externos son los verdaderos motores. El año 2028 emerge así como un horizonte posible para una contienda electoral, no porque la Constitución lo dicte, sino porque para entonces, se estima, el "trabajo sucio" económico habrá sido completado y las condiciones políticas y de gobernabilidad, bajo una nueva configuración de poder, habrán sido supuestamente afianzadas. Este escenario plantea serias interrogantes sobre el futuro de la democracia venezolana y el rol de la soberanía popular en su reconstrucción.
