Venezolana es asesinada en Cúcuta por su pareja: el hombre fue detenido
Caracas.- Wuisleidy Milanyelis Chacón Machado, una venezolana de 20 años, fue asesinada en Cúcuta, Colombia, por su pareja Jhoander Jesus Nieves Espinoza, quien le propinó 16 puñaladas. De acuerdo con el medio colombiano AreaCucuta el hombre fue detenido en el lugar. La venezolana estuvo 15 días hospitalizada por las heridas que sufrió durante una agresión
Wuisleidy Milanyelis Chacón Machado, una ciudadana venezolana de 20 años de edad, falleció en Cúcuta, Colombia, tras permanecer 15 días hospitalizada como consecuencia de las heridas causadas por su pareja, Jhoander Jesús Nieves Espinoza. El agresor infligió 16 heridas con arma blanca a la víctima y fue arrestado por las autoridades en el lugar de los hechos, según reportes de los medios de comunicación AreaCucuta, el diario Avance y El Pitazo.
El ataque ocurrió en la residencia donde convivía la pareja en la ciudad fronteriza colombiana. La intervención de la Policía Nacional de Colombia se produjo luego de que los vecinos del sector alertaran a los organismos de seguridad sobre una disputa violenta dentro del inmueble. Al ingresar a la vivienda, los agentes policiales hallaron a Chacón Machado con múltiples lesiones punzocortantes y procedieron a su traslado inmediato a un centro asistencial de la localidad, donde permaneció bajo atención médica intensiva durante dos semanas antes de su deceso.
Nieves Espinoza fue aprehendido en la escena del crimen por los efectivos policiales, quienes constataron que el hombre presentaba vestimenta con manchas hemáticas. Posterior a la captura, los funcionarios policiales lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia para la apertura del proceso judicial correspondiente por feminicidio.
En la vivienda se encontraba presente el hijo de la víctima, un menor de cuatro años de edad que presenció la agresión. Tras confirmarse el fallecimiento de la joven, el padre y la abuela materna de Chacón Machado se trasladaron desde Venezuela hacia territorio colombiano con el propósito de realizar los trámites legales orientados a obtener la custodia del niño y gestionar la repatriación de los restos mortales hacia su país de origen.
Antecedentes de desplazamiento y violencia institucional
La trayectoria de Chacón Machado refleja los patrones de desplazamiento forzado vinculados con la violencia urbana e institucional en Venezuela. La joven había optado por emigrar hacia Colombia en un intento por alejarse de un entorno familiar marcado por hechos violentos en su lugar de origen, el sector Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda.
De acuerdo con el registro de los hechos documentados por la prensa, la familia de la víctima sufrió un evento violento previamente en su residencia de Petare durante un operativo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En dicho procedimiento falleció su hermano, Elvis Urbina, de 16 años de edad. Chacón Machado y su hijo sobrevivieron a esa intervención policial, lo que motivó su posterior salida del territorio venezolano en búsqueda de protección y estabilidad en el exterior.
El caso ilustra la superposición de riesgos que afrontan las personas en condición de movilidad humana, quienes abandonan su país de origen tras ser víctimas o testigos de violencia armada o institucional y posteriormente quedan expuestas a situaciones de vulnerabilidad social e interpersonal en los países de acogida.
La vulnerabilidad de la mujer migrante en zonas de frontera
El feminicidio de Chacón Machado pone de manifiesto la situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres migrantes venezolanas en las zonas fronterizas del departamento de Norte de Santander, un área caracterizada por complejas dinámicas de movilidad, informalidad laboral y presencia de diversos factores de riesgo social.
Organizaciones no gubernamentales e instancias internacionales de protección a los derechos humanos han documentado que las mujeres migrantes en situación irregular o con escasos recursos económicos enfrentan barreras específicas para acceder a mecanismos de protección frente a la violencia basada en género. Entre estos obstáculos destacan la falta de redes de apoyo familiar inmediatas, el desconocimiento de las rutas de denuncia institucionales en el país receptor y la dependencia económica o habitacional respecto a sus agresores.
En la ciudad de Cúcuta, el flujo constante de personas procedentes de Venezuela genera una demanda elevada de servicios públicos, asistencia médica y atención jurídica. Las instituciones locales de asistencia social y los organismos de seguridad colombianos mantienen protocolos de respuesta ante incidentes de violencia doméstica, aunque las brechas de integración socioeconómica continúan representando un factor crítico en la exposición a la violencia de las ciudadanas extranjeras.
El impacto psicológico e institucional de estos hechos abarca también a los menores de edad que quedan en situación de orfandad en el extranjero. La presencia de niños en entornos donde se registran agresiones graves exige la activación inmediata de los sistemas de protección infantil estatales, que en Colombia recaen sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), organismo encargado de determinar la ubicación provisional y el restablecimiento de derechos de los menores afectados mientras se procesan las solicitudes de custodia presentadas por los familiares directos.
Obstáculos logísticos y jurídicos en la repatriación transfronteriza
La muerte de un ciudadano venezolano en territorio colombiano implica un proceso administrativo y judicial coordinado entre autoridades de ambos países, un procedimiento que suele presentar dificultades económicas y logísticas para las familias de las víctimas.
En términos legales, la repatriación de un cadáver desde Colombia hacia Venezuela requiere la intervención de la fiscalía colombiana para la entrega del cuerpo tras los exámenes forenses de rigor, la expedición del certificado de defunción por parte del registro civil local, los permisos sanitarios de traslado internacional y el sellado de documentos consulares o migratorios en la frontera.
Para los familiares que viajan desde el interior de Venezuela, los costos asociados a los servicios funerarios internacionales, el transporte terrestre y las gestiones legales representan una carga financiera considerable. En muchos casos, las familias dependen del apoyo de organizaciones comunitarias, colectivos de migrantes o asistencia humanitaria puntual para cubrir los gastos de traslado y sepelio.
A esta complejidad material se suma la tramitación de la custodia legal de los menores sobrevivientes. Cuando ocurre un hecho punible de esta magnitud y los progenitores o tutores legales quedan inhabilitados por causa de muerte o detención preventiva, el ordenamiento jurídico colombiano exige evaluaciones psicosociales a los familiares requirentes antes de autorizar la salida del menor del territorio nacional, a fin de garantizar su bienestar y seguridad jurídica.
El caso de Wuisleidy Milanyelis Chacón Machado permanece bajo la jurisdicción de los tribunales de Cúcuta, a la espera de que culminen las fases de imputación formal y juicio contra el detenido por la autoría del feminicidio.
