Utopix: al menos 81 femicidios ocurrieron en Venezuela en el primer semestre de 2026
La ONG Utopix informó este 5 de noviembre que al menos 81 femicidios consumados en Venezuela entre enero y junio de 2026. Advierten que la cifra es un subregistro: los reportes provienen de medios de comunicación y redes sociales; el Gobierno no da información sobre la violencia basada en género. Los estados con mayor concentración
Durante el primer semestre del año 2026, Venezuela registró un total de 81 femicidios consumados, una cifra que evidencia la continuidad del impacto estructural de la violencia de género en el país. El monitoreo independiente de la organización no gubernamental Utopix, difundido a través del portal Runrun.es el 5 de noviembre, indica que a este balance de víctimas mortales se suman 94 casos de femicidios en grado de frustración documentados en el mismo lapso de seis meses. La organización advirtió que estos registros constituyen un subregistro de la realidad nacional, en vista de la opacidad institucional del Estado venezolano, el cual mantiene una política de no publicación de estadísticas oficiales actualizadas sobre agresiones, denuncias e incidencias letales contra las mujeres.
La recolección de los datos presentados por Utopix dependió de la sistematización de noticias publicadas en medios de comunicación regionales y nacionales, así como del seguimiento de reportes en plataformas digitales y redes sociales. Ante el vacío de información pública institucional, las organizaciones de la sociedad civil asumen la tarea de contabilizar y categorizar las expresiones de violencia machista para visibilizar el alcance de un problema de salud pública y seguridad ciudadana que carece de respuestas estatales integrales.
Distribución geográfica y perfil demográfico de las víctimas
El informe de Utopix expone una concentración desigual de las agresiones letales en el territorio venezolano. Los estados Zulia y Miranda se ubicaron como las entidades con la mayor cantidad de crímenes documentados durante los primeros seis meses de 2026, contabilizando 12 casos cada uno. Posteriormente se posicionaron los estados Aragua, Carabobo y Falcón, en los cuales la organización contabilizó 6 femicidios por entidad.
En lo relativo al perfil demográfico de las mujeres asesinadas, la investigación determinó que las edades fluctuaban entre los 20 y los 50 años. Esta distribución etaria representó una modificación en las tendencias históricas respecto a períodos anuales previos evaluados por la organización civil.
Según explicó Aimee Zambrano, directora de Utopix, en las declaraciones difundidas por la ONG y recogidas por Runrun.es, el rango de edad registrado entre enero y junio de 2026 refleja un cambio comparativo en el patrón de las víctimas. La especialista señaló que en informes correspondientes a años anteriores la medición exigía la inclusión sistemática de adolescentes a partir de los 16 años de edad, mientras que en este lapso la mayor incidencia se concentró en la población adulta joven y madura.
Brechas judiciales y nivel de respuesta institucional
El procesamiento de los datos realizado por la ONG permitió identificar a 101 presuntos victimarios vinculados de forma directa con los 81 femicidios consumados en el país. No obstante, el balance sobre la actuación del sistema de justicia evidencia fallas en el esclarecimiento y la detención de los responsables.
De los 101 agresores identificados por los cuerpos policiales y reseñados en medios, únicamente 55 individuos (el 54,46 % del total) se encuentran efectivamente bajo custodia penitenciaria o policial. De acuerdo con el informe de Utopix, 10 de los involucrados permanecen en condición de fuga evadiendo las órdenes de aprehensión de la justicia venezolana, mientras que al menos 6 procesados se suicidaron tras la comisión del crimen.
La investigación puso de relieve las fallas en los mecanismos institucionales de prevención y protección previa a favor de las víctimas. Del universo de 81 mujeres asesinadas, se constató que en al menos 6 casos las víctimas habían presentado denuncias formales previa manifestación de violencia basada en género ante organismos competentes. Asimismo, en otros 6 casos existían antecedentes documentados de acoso y hostigamiento continuado antes de que se concretara el asesinato.
Aimee Zambrano enfatizó que la ocurrencia de estos crímenes era evitable si el Estado venezolano mantuviera operativas y coordinadas sus instituciones de resguardo y atención a la mujer. La vocera sostuvo que la falta de respuesta oportuna ante las denuncias previas incrementa la vulnerabilidad de quienes acuden a los cuerpos de seguridad en busca de medidas de protección eficaces.
Manifestaciones de extrema violencia y daños colaterales
El informe técnico desarrollado por Utopix detalla los patrones de violencia ejecutados durante la comisión de los femicidios en el primer semestre de 2026. La organización registró que en al menos 11 de los casos las mujeres sufrieron agresiones sexuales antes de ser asesinadas. En igual número de expedientes, es decir en 11 casos, la investigación constató que las víctimas fueron sometidas a actos de tortura y tratos crueles.
Adicionalmente, en al menos 22 de los femicidios consumados las autoridades policiales hallaron los cuerpos de las víctimas abandonados en la vía pública, lo cual demuestra patrones de descarte que complican las labores iniciales de levantamiento e identificación criminalística.
La violencia contra las mujeres en Venezuela generó además un impacto severo en los núcleos familiares y en la infancia. Las mediciones de la ONG determinaron que las 81 muertes violentas documentadas entre enero y junio dejaron en estado de orfandad a por lo menos 34 niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional. Estos menores de edad quedan expuestos a situaciones de desprotección socioeconómica y vulnerabilidad emocional tras la pérdida de sus madres, en un entorno donde no existen programas estatales sistematizados de acompañamiento a sobrevivientes indirectos de femicidio.
La dimensión transnacional de la violencia contra venezolanas
El seguimiento realizado por la ONG Utopix incluyó el registro de los casos de mujeres venezolanas que fueron víctimas de femicidio mientras se encontraban en el exterior. Durante el primer semestre de 2026, la organización contabilizó 57 asesinatos de migrantes venezolanas en diversos países del continente americano y Europa.
Colombia figuró como la nación con la cifra más elevada de casos documentados, acumulando 22 femicidios de venezolanas en su territorio. Le siguió Ecuador con 14 registros, Brasil con 7 casos, Perú con 5 víctimas y tanto Trinidad y Tobago como Estados Unidos con 3 femicidios cada uno. El listado de la ONG incluyó además a Chile con 2 casos, mientras que en Bolivia y España se reportó un caso por país.
Los datos internacionales evidencian que las mujeres venezolanas en situación de movilidad humana enfrentan factores de riesgo incrementados, derivados de la precariedad jurídica, la falta de redes de apoyo y las barreras de acceso a los sistemas de protección social y judicial en los países de acogida.
Exigencias presupuestarias y políticas públicas requeridas
Frente a la persistencia de las cifras de letalidad y el incremento de los intentos frustrados de femicidio, la organización Utopix planteó la necesidad de implementar transformaciones profundas en la gestión pública nacional para abordar la violencia de género de manera integral.
La directora de la ONG, Aimee Zambrano, subrayó la urgencia de destinar recursos económicos específicos dentro del presupuesto nacional para la atención de esta problemática. La especialista señaló que las instituciones gubernamentales deben contar con asignaciones presupuestarias definidas que permitan el funcionamiento continuo de casas de acogida, líneas de atención inmediata y fiscalías especializadas.
Asimismo, la representación de Utopix demandó la ejecución de programas de capacitación y formación permanente dirigidos a la totalidad del personal que integra los cuerpos de seguridad del Estado, los órganos receptores de denuncia y el poder judicial, con el fin de evitar la revictimización y garantizar la aplicación estricta de las leyes vigentes.
Finalmente, la organización insistió en la necesidad de diseñar y difundir campañas educativas e informativas de carácter permanente en medios de comunicación masiva, espacios públicos y redes sociales. Según la ONG, la erradicación del femicidio requiere no solo la sanción penal de los victimarios, sino también la sensibilización de la sociedad y el restablecimiento de mecanismos de transparencia institucional que permitan auditar las políticas públicas de prevención en Venezuela.
