El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió la anulación completa de la Ley contra el Odio en lugar de su modificación parcial, al sostener que el instrumento legal mantiene esquemas que facilitan la censura contra periodistas y ciudadanos. El pronunciamiento, publicado el 4 de noviembre y reseñado por Runrunes, se produjo tras la aprobación en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma que plantea sustituir las penas de cárcel por sanciones pecuniarias que alcanzan montos superiores a los 10.000 dólares.
De acuerdo con los registros de las organizaciones no gubernamentales Foro Penal y Cecodap citados por la organización gremial, la aplicación de los preceptos punitivos de esta normativa ha derivado en la detención arbitraria de más de 900 personas desde su promulgación original. El sindicato remarcó que el debate parlamentario no debe reducirse al cambio de naturaleza de las sanciones, omitiendo el impacto acumulado sobre el ejercicio de la libertad de expresión y las garantías individuales en el país.
Ambigüedad jurídica y discrecionalidad administrativa
La propuesta de modificación aprobada en el poder legislativo mantiene dentro de su articulado tipificaciones imprecisas relativas a expresiones que generen odio, temor, angustia o zozobra. Según el pronunciamiento del SNTP, la falta de delimitación técnica en estos conceptos vulnera el principio de legalidad que exige precisión en las normas sancionatorias, lo que a su juicio promueve el incremento de la autocensura y la actuación discrecional de los organismos estatales.
Aunque el nuevo texto legislativo elimina las penas privativas de libertad asociadas al trabajo de los medios de comunicación, la potestad para evaluar las acusaciones y determinar las responsabilidades administrativas recae en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El gremio periodístico advirtió que la concentración de esta facultad en dicho despacho, conducido por Diosdado Cabello, compromete la imparcialidad del proceso debido a los antecedentes de descalificación pública formulados por el funcionario contra trabajadores de la prensa y plataformas informativas independientes.
