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Usuarios denuncian que el Saime solo está tramitando pasaportes exprés

Usuarios denuncian que el Saime solo está tramitando pasaportes exprés

Personas con turno programado para la renovación de pasaportes denunciaron este lunes 6 de julio que el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) había decidido no respetar las citas asignadas y, en su lugar, se les indicaba que debían gestionar el documento con el servicio exprés. La denuncia surge luego de que el

Luis Sambrano
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Luis Sambrano

Fundador y editor7 jul. 2026

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha sido objeto de severas denuncias por parte de ciudadanos que, con citas programadas y pagos realizados para la renovación de pasaportes ordinarios, fueron presuntamente coaccionados a tramitar el documento bajo la modalidad "exprés", de mayor costo. Esta situación se reportó específicamente el lunes 6 de julio, en medio de un anuncio de reactivación de la atención presencial, generando un profundo malestar y evidenciando una preocupante falta de coherencia entre los comunicados oficiales y la realidad operativa del organismo.

La Promesa Incumplida: Un Laberinto Burocrático y Financiero

La controversia surge en un contexto donde el Saime había anunciado, para la semana del 6 al 10 de julio, la reactivación de sus servicios presenciales en varias oficinas de la Gran Caracas. La información oficial detallaba la disponibilidad de trámites como la renovación de cédulas de identidad, cedulación por primera vez para menores de edad, entrega de pasaportes y gestiones de extranjería, algunos de ellos sin necesidad de cita previa. Sin embargo, en ningún apartado de esta comunicación se mencionaba la suspensión o restricción del trámite de pasaporte por la vía ordinaria, una omisión que contrasta drásticamente con la experiencia vivida por los usuarios.

El costo del pasaporte ordinario se sitúa en 216 dólares, una cifra ya considerable para la mayoría de los venezolanos. No obstante, el trámite exprés asciende a 350 dólares, lo que representa una diferencia de 134 dólares, que los ciudadanos denuncian haber sido obligados a desembolsar. Esta diferencia económica, lejos de ser un detalle menor, se convierte en una carga desproporcionada en un país con una economía dolarizada de facto y salarios mínimos que apenas cubren una fracción de la canasta básica.

El testimonio de dos venezolanas, quienes viajaron al país con el propósito específico de renovar sus pasaportes, ilustra la magnitud del problema. Ambas habían cumplido con el procedimiento establecido, cancelando el monto correspondiente al trámite ordinario y obteniendo una cita para el lunes 6 de julio en la oficina del Saime ubicada en el Ipfsa de El Paraíso. Sin embargo, al presentarse en la sede, la encontraron cerrada. El personal de seguridad presente les indicó que debían trasladarse a la oficina principal del organismo, en El Silencio, sin ofrecer una explicación clara sobre el cierre inesperado.

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Una vez en la sede de El Silencio, las denunciantes se encontraron con largas filas y una realidad desalentadora. Según sus relatos, funcionarios del Saime les informaron directamente que solo estaban procesando solicitudes de pasaporte exprés. Ante la insistencia de las usuarias, quienes ya habían pagado el trámite ordinario y contaban con una cita válida, la respuesta fue contundente: "Nos dijeron que pagáramos la diferencia. Ya habíamos cancelado el trámite normal y teníamos la cita asignada, pero nos respondieron que solo estaban haciendo pasaportes exprés". Esta imposición, sin previo aviso ni justificación oficial, deja a los ciudadanos en una situación de indefensión y vulnerabilidad financiera.

La Opacidad como Política: Entre el Silencio Oficial y la Realidad en Taquilla

Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es la completa ausencia de información oficial por parte del Saime que respalde la presunta suspensión del trámite de pasaporte ordinario. A pesar de las denuncias reiteradas, el organismo no ha emitido ningún comunicado específico que aclare la situación o justifique la medida. Más aún, el sistema en línea del Saime, hasta el momento de las denuncias, continuaba permitiendo a los usuarios agendar citas para el pasaporte ordinario sin ninguna restricción, creando una trampa burocrática y económica para quienes confían en la información disponible en la plataforma.

Esta brecha entre lo que el sistema permite, lo que el organismo anuncia y lo que los funcionarios exigen en las taquillas, genera un ambiente de incertidumbre y desconfianza. La opacidad en la gestión de servicios tan esenciales como la documentación de identidad y viaje no solo afecta la planificación de los ciudadanos, sino que también socava la credibilidad de las instituciones públicas. La falta de transparencia en las políticas y procedimientos del Saime ha sido una constante en los últimos años, con cambios arbitrarios en los requisitos, retrasos injustificados en la emisión de documentos y un sistema de citas que a menudo se percibe como ineficiente y susceptible a irregularidades.

La situación se agrava para aquellos venezolanos que residen en el exterior y deben regresar al país para llevar a cabo estos trámites. El costo del viaje, la estadía y ahora el pago inesperado de una diferencia significativa en el pasaporte exprés, se suman a una ya de por sí compleja logística. Muchos de ellos han programado sus viajes con meses de antelación, basándose en la información oficial y los costos establecidos, solo para encontrarse con una realidad completamente distinta al llegar a las oficinas del Saime.

Un Patrón de Irregularidades y el Impacto en la Ciudadanía

El episodio del 6 de julio no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de irregularidades y deficiencias en la prestación de servicios por parte del Saime. La gestión de documentos de identidad y viaje en Venezuela se ha caracterizado por la intermitencia, los costos elevados y la escasa rendición de cuentas. La "exprés" se ha convertido, en la práctica, en la única vía viable para muchos, transformando lo que debería ser una opción premium en una obligación impuesta por la ineficiencia o la política interna del organismo.

La exigencia de un pago adicional y no anunciado, bajo la amenaza implícita de no procesar el documento si no se accede, puede ser interpretada como una práctica abusiva. Los ciudadanos, al haber cumplido con el pago inicial y la cita programada, tienen un derecho adquirido que es vulnerado por una disposición unilateral y no oficializada. Esta situación no solo representa un perjuicio económico, sino también una afrenta a la dignidad de los usuarios, quienes se ven forzados a transigir ante la necesidad imperante de obtener un documento esencial para su movilidad y ejercicio de derechos.

La dolarización de los costos de los trámites, establecida por el gobierno, ya impone una barrera económica significativa para la mayoría de la población venezolana. Añadir un sobrecosto no oficializado y obligatorio, en un contexto de precariedad económica generalizada, profundiza aún más la crisis de acceso a servicios básicos y documentación. La ciudadanía exige claridad, respeto por los procedimientos establecidos y, sobre todo, transparencia en la gestión de una institución vital para la vida de millones de venezolanos.

La falta de una respuesta oficial por parte del Saime frente a estas denuncias deja entrever una preocupante indiferencia hacia las preocupaciones de los ciudadanos y una tendencia a operar bajo un manto de discrecionalidad. Es imperativo que el organismo emita un pronunciamiento claro y tome las medidas correctivas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los usuarios y la transparencia en sus operaciones. De lo contrario, la confianza en las instituciones públicas seguirá erosionándose, y el acceso a un documento tan fundamental como el pasaporte continuará siendo una odisea costosa e incierta para los venezolanos.