El Caso Indira Fernández: Un Patrón de Irregularidades
La detención de Indira Celina Fernández Dugarte, alcaldesa del Municipio Indígena Bolivariano La Guajira por el PSUV, sirve como un crudo ejemplo de las prácticas implementadas durante la operación. Amanda Molero, sobrina de la alcaldesa, relató la noche en que hombres encapuchados y armados irrumpieron en la casa de su tía en Maracaibo. Sin identificarse ni mostrar órdenes judiciales, los sujetos sometieron a Amanda y a su hermano menor, mientras profanaban insultos y acusaban a la familia de vínculos con el narcotráfico.
Lo más alarmante de este episodio fue la manipulación previa a la irrupción. Amanda, al ver a los hombres en las cámaras de seguridad, intentó comunicarse con su madre en Caracas. La respuesta que recibió por WhatsApp, un escueto "Ábreles, hijita", supuestamente de su progenitora, resultó ser una trampa. Horas antes, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) habían detenido a la alcaldesa Fernández y a su pareja, Ronnix Yancen, en un hotel de Altamira, Caracas, incautando su teléfono celular para suplantar su identidad y facilitar el acceso a la vivienda familiar. Esta táctica, que viola la privacidad y la integridad de las comunicaciones, expone la audacia de los cuerpos de seguridad en la obtención de información y el control de los detenidos.
La confirmación oficial de la detención de Fernández y otros alcaldes no llegó por los canales regulares o en el tiempo establecido por la ley. Primero, una publicación en TikTok del Sebin, y luego, dos días después, la rueda de prensa de Diosdado Cabello, fueron las vías por las cuales el público se enteró de los arrestos. Este proceder, que prioriza la difusión en redes sociales y declaraciones políticas sobre la formalidad judicial, denota una preocupante deslegitimación de las instituciones y un desprecio por el debido proceso.
Un Destino Común para Detenidos con Rostros Conocidos
Indira Celina Fernández es la única mujer entre los cinco exalcaldes que permanecen recluidos en el Comando Nacional Antidrogas. La acompañan Jorge Nava (Municipio Miranda), Alberto Sobalvarro (Municipio Almirante Padilla) y Danilo Añez (Municipio Jesús Enrique Losada), todos ellos miembros del chavismo, junto a Fernando Loaiza, exalcalde del municipio Catatumbo y militante del partido opositor Acción Democrática (AD). Aunque de distintas adscripciones políticas y géneros, estos exmandatarios comparten un calvario común que dibuja un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Casi todos los municipios que gobernaron estos exalcaldes, con la excepción de Miranda, se ubican al oeste del Lago de Maracaibo, en la estratégica y conflictiva frontera con Colombia, un corredor históricamente asociado al tráfico de estupefacientes. Sin embargo, más allá de las acusaciones, las similitudes en sus procesos de detención son alarmantes: todos estuvieron "desaparecidos" por un período de más de cincuenta días tras su arresto, superando con creces el plazo de 48 horas establecido por la legislación venezolana para la presentación ante un tribunal. A todos se les ha negado el acceso a abogados privados de su elección, una garantía fundamental del derecho a la defensa. Además, se les denegó el beneficio de una amnistía recientemente promulgada, una decisión que para muchos activistas de derechos humanos resalta la naturaleza política de sus detenciones.
La concentración de estos exalcaldes en un único centro, que coloquialmente ha sido bautizado como "la cárcel de Diosdado Cabello", sugiere una coordinación y un control particular sobre estos casos, que van más allá de la operatividad estándar del sistema penitenciario. La figura de Cabello, el "eterno número dos del chavismo", ha estado omnipresente desde el anuncio de la operación hasta la percepción pública de la custodia de los detenidos, lo que refuerza la idea de una justicia selectiva y politizada.
Implicaciones para el Estado de Derecho en Venezuela
La existencia de un centro de detención que opera con la discrecionalidad y exclusividad del Comando Antidrogas de la GNB en Las Acacias, sumado a las flagrantes violaciones del debido proceso en las detenciones de los exalcaldes zulianos, proyecta una sombra inquietante sobre el estado de derecho en Venezuela. La prolongada "desaparición" de los detenidos, la negación de asistencia legal privada, la manipulación de comunicaciones y el uso de un centro militar para reclusiones de larga duración, contravienen principios fundamentales del derecho internacional y la propia Constitución venezolana.
Estos casos, que afectan tanto a figuras del oficialismo como de la oposición, revelan una instrumentalización del sistema de justicia y de los cuerpos de seguridad, donde la ley parece ser aplicada de manera arbitraria y selectiva, a menudo bajo la influencia de poderosas figuras políticas. La "Operación Relámpago del Catatumbo", aunque justificada como una lucha contra el narcotráfico, ha generado más interrogantes que respuestas sobre la transparencia y la imparcialidad de sus procedimientos. La situación de los exalcaldes de Zulia, confinados en esta "cárcel de Diosdado Cabello", se convierte en un símbolo de la precaria situación de los derechos humanos y la justicia en un país donde la línea entre el poder político y la administración de la ley se ha vuelto peligrosamente difusa.
