Una cárcel solo para la delegación del Zulia
La sede en Caracas del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hace tiempo dejó de ser un centro de detención transitorio. Se transformó en un reclusorio clandestino que llegó a albergar a 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, apenas aloja a una mujer y cuatro hombres, todos ellos exalcaldes del estado Zulia, acusados por narcotráfico y arrestados en 2025 durante la operación policial ‘Relámpago del Catatumbo’. La exclusividad de esta cárcel se refuerza con la identidad de su carcelero VIP: Diosdado Cabello.
La sede del Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Caracas, otrora un centro de detención meramente transitorio, ha mutado a un reclusorio de naturaleza clandestina, albergando en su momento hasta 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, su población se ha reducido drásticamente a un grupo exclusivo de cinco personas: una mujer y cuatro hombres, todos exalcaldes del estado Zulia, quienes enfrentan acusaciones de narcotráfico y fueron aprehendidos en 2025 durante la polémica "Operación Relámpago del Catatumbo", un operativo que ha dejado una estela de interrogantes sobre el debido proceso y la selectividad judicial en Venezuela.
Un Reclusorio Clandestino y su "Delegación Exclusiva"
Ubicado en la urbanización Las Acacias, un sector de clase media en el centro-sur de Caracas, el Comando Nacional Antidrogas de la GNB, que hasta enero de este año llegó a confinar a más de setenta individuos, ahora funciona como una prisión singular. Este espacio se ha convertido en el destino final para una "delegación" de exmandatarios zulianos, un grupo que activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos han comenzado a referir informalmente como "la cárcel de Diosdado Cabello", en alusión al peso político del actual ministro de Interior, Justicia y Paz, quien fue el encargado de anunciar públicamente sus detenciones.
Entre los confinados se encuentra Indira Celina Fernández Dugarte, exalcaldesa del Municipio Indígena Bolivariano La Guajira, quien había sido electa por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2017 y reelecta en 2021. Junto a ella, comparten el encierro otros exalcaldes vinculados al chavismo: Jorge Nava, del municipio Miranda; Alberto Sobalvarro, del municipio Almirante Padilla; y Danilo Añez, del municipio Jesús Enrique Losada. A este grupo se suma Fernando Loaiza, exalcalde del municipio Catatumbo y militante del partido opositor Acción Democrática (AD), demostrando que, al menos en este caso, las acusaciones trascienden las barreras partidistas, aunque la naturaleza del confinamiento genere suspicacias. Todos ellos están bajo la mira de la justicia por presunta complicidad en redes de tráfico de drogas y otros cargos relacionados, en un contexto que subraya la persistente preocupación por la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales en el sistema judicial venezolano.
La Operación "Relámpago del Catatumbo": Tácticas y Contradicciones
La "Operación Relámpago del Catatumbo", presentada por Diosdado Cabello el 4 de abril de 2025, fue desplegada con el objetivo declarado de desmantelar complejas redes de tráfico de estupefacientes que operan entre Venezuela y Colombia. Sin embargo, los métodos empleados durante este operativo han levantado serias alarmas. El caso de Indira Celina Fernández es emblemático de las tácticas cuestionables utilizadas por las fuerzas de seguridad del Estado.
La detención de Fernández y su pareja, Ronnix Yancen, se produjo en un hotel de Altamira, Caracas, mientras se preparaban para regresar al Zulia. Tras su aprehensión, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) incautaron el teléfono celular de la alcaldesa, utilizándolo para suplantar su identidad. Esta acción permitió a los agentes responder un mensaje de WhatsApp enviado por Amanda Molero, sobrina de Fernández, quien alertaba sobre la presencia de hombres encapuchados y fuertemente armados en la puerta de la casa de su tía en Maracaibo. La respuesta engañosa, "Ábreles, hijita", facilitó la irrupción de los sujetos, quienes sin identificarse ni presentar orden judicial alguna, apuntaron sus armas a Amanda y a su hermano menor, de 17 años, mientras registraban la vivienda.
Durante el allanamiento, Amanda fue increpada por su llanto, con comentarios que la vinculaban indirectamente al narcotráfico. Horas después de una breve detención e interrogatorio, donde se le preguntó insistentemente por la identidad de su padrastro con términos despectivos, Amanda y sus hermanos se enteraron de la verdadera situación. La confirmación llegó primero a través de una publicación del Sebin en TikTok y, dos días después, con el anuncio oficial de Diosdado Cabello, quien detalló las detenciones de Fernández y otros alcaldes zulianos. Este episodio no solo expone la falta de transparencia en los procedimientos de detención, sino también el uso de la tecnología y la desinformación para manipular a los familiares de los implicados, exacerbando la angustia y la incertidumbre. La mayoría de los municipios de los alcaldes detenidos (con la excepción de Nava) están situados al oeste del Lago de Maracaibo, en la frontera con Colombia, una zona históricamente conocida por ser un corredor clave para el tráfico de drogas.
Patrones de Detención Irregulares y Derechos Vulnerados
Las historias de los cinco exalcaldes confinados en el Comando Nacional Antidrogas de la GNB en Las Acacias revelan un preocupante patrón de detenciones irregulares y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pese a sus diferencias de género y afiliación política —que incluyen tanto a figuras del PSUV como a un militante de Acción Democrática—, todos comparten experiencias similares que ponen en entredicho el estado de derecho en Venezuela.
Un punto crucial es la prolongada desaparición forzada que sufrieron tras sus aprehensiones. Los exalcaldes fueron presentados ante la justicia solo después de más de 50 días de detención, un plazo que excede con creces las 48 horas establecidas por la legislación venezolana para la presentación de un detenido. Esta práctica, que se ha vuelto recurrente en casos de alto perfil político, genera un vacío legal y un estado de indefensión para los afectados y sus familias, quienes carecen de información sobre su paradero y condición durante semanas.
Además, a todos los detenidos se les ha negado el derecho fundamental a ser asistidos por un abogado privado de su elección, una garantía esencial para un debido proceso. Esta restricción limita severamente su capacidad de defensa y sugiere una intervención en la independencia judicial. Otro aspecto que ha generado controversia es la denegación del beneficio de la amnistía, recientemente decretada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, un detalle que añade una capa de complejidad al panorama político y judicial del país. La negación de este recurso, sumada a la imposibilidad de acceder a una defensa legal adecuada, subraya la percepción de una justicia selectiva y politizada.
La suma de estas irregularidades —detenciones sin órdenes claras, suplantación de identidad, desapariciones prolongadas, negación de asistencia letrada y de beneficios legales— dibuja un panorama sombrío para los derechos humanos en Venezuela. La existencia de un centro de detención que, de facto, se ha transformado en un "reclusorio VIP" para un grupo específico de exfuncionarios, bajo la tutela informal de figuras de alto poder, plantea serias interrogantes sobre la imparcialidad del sistema judicial y la instrumentalización de la ley para fines políticos, erosionando la confianza en las instituciones y profundizando la crisis de derechos fundamentales en la nación.
La situación de los exalcaldes zulianos en el Comando Nacional Antidrogas de la GNB es un reflejo crítico de la justicia en Venezuela, donde las garantías procesales parecen subordinarse a intereses políticos y la selectividad judicial se convierte en norma. Este "reclusorio exclusivo" no solo expone las deficiencias del sistema penal, sino que también sirve como un recordatorio constante de la fragilidad del estado de derecho y la urgente necesidad de una reforma que asegure la transparencia, la imparcialidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos para todos los ciudadanos.
