La devastación causada por el doblete sísmico del pasado 24 de junio en Venezuela, que ha movilizado esfuerzos nacionales e internacionales para la asistencia y reconstrucción, no puede, bajo ninguna circunstancia, eclipsar otra crisis humanitaria de profundo calado que persiste en la nación: la detención de 551 personas por motivos políticos. Organizaciones no gubernamentales y familiares de los afectados advierten que, lejos de ser una situación secundaria, la emergencia post-terremotos ha agravado la vulnerabilidad de estos detenidos, cuya liberación ya se encontraba en un punto muerto mucho antes de los desastres naturales.
La Ineludible Realidad de los Presos Políticos en Medio de la Tragedia
Mientras el país se une en un esfuerzo titánico para atender a las víctimas y reconstruir la infraestructura dañada por los terremotos, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha alzado su voz para recordar que la solidaridad nacional no puede ser selectiva. La ONG ha enfatizado que, si bien la respuesta inmediata a la catástrofe es una prioridad innegable, la situación de los presos políticos es igualmente crítica y merece atención urgente. Según JEP, el proceso de excarcelaciones, que ya mostraba un estancamiento preocupante antes del 24 de junio, ha quedado aún más relegado en la agenda pública, a pesar de que el sistema judicial y penitenciario, en su actual configuración, es percibido como un factor de vulnerabilidad tanto ante desastres naturales como en la esfera de los derechos humanos.
La retórica de unidad nacional, tan necesaria en momentos de adversidad, pierde su significado si se mantiene una política de exclusión y detención por motivos políticos. JEP sostiene que la verdadera reconstrucción de Venezuela tras los sismos no se limita a levantar estructuras físicas o rehabilitar vías de comunicación. Implica, fundamentalmente, restaurar los cimientos de la justicia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos para todos los ciudadanos. La pervivencia de cientos de personas tras las rejas por razones políticas, en un país que busca sanar sus heridas y mirar hacia el futuro, representa una contradicción flagrante con cualquier ideal de cohesión y progreso. La organización ha descrito esta situación como la de ciudadanos que son mantenidos como "rehenes", una metáfora contundente que subraya la instrumentalización política de la justicia y la necesidad de una sociedad íntegra para su verdadera recuperación.
