Un plan para Venezuela III | El encaje y sus problemas
Recuerdo que, cuando estudié, algún que otro profesor se refería al encaje como la garantía de los depósitos, e incluso cuando trabajé en el Banco Central oí con frecuencia esa expresión entre mis colegas. Pues no: el encaje es el mecanismo que favorece o complica la actividad crediticia de los banqueros. Así lo era en […]
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Runrun.es
28 may. 2026
La economía venezolana se encuentra asfixiada por un sistema crediticio paralizado, donde el encaje legal bancario, fijado en un exorbitante 73%, impide de facto la reactivación productiva. Esta política restrictiva condena a los bancos a prestar apenas el 27% de los depósitos que reciben, estrangulando el flujo de capital necesario para el comercio, la construcción y la inversión, pilares fundamentales de cualquier desarrollo económico. La persistencia de esta medida, lejos de estabilizar, perpetúa un ciclo de estancamiento y profundiza la crisis que golpea a los ciudadanos.
El Encaje Legal: Un Freno al Motor Productivo
Contrario a la percepción popular, el encaje legal bancario no opera primariamente como una salvaguarda de los depósitos, sino como una herramienta potente para regular la actividad crediticia. Su función real es determinar la capacidad de los bancos para otorgar financiamiento, lo que directamente impacta la liquidez del mercado y la dinámica económica general. En el contexto venezolano actual, un encaje del 73% significa que por cada bolívar depositado, la banca solo puede poner en circulación 27 céntimos, dejando una porción masiva de capital inmovilizada.
Esta restricción draconiana tiene consecuencias directas y devastadoras. Sectores vitales como el comercio y la construcción, que actúan como dinamizadores económicos por excelencia, dependen crucialmente del crédito a corto plazo para operar, expandirse y generar empleo. Sin este "lubricante" financiero, sus operaciones se ven severamente limitadas, impidiendo cualquier vislumbre de recuperación. La imposibilidad de acceder a financiamiento a tasas razonables condena a las empresas a operar con capital propio insuficiente o a la inactividad, lo que se traduce en menos bienes y servicios, menor empleo y, en última instancia, una calidad de vida deteriorada para la población.
Una Crónica de Intervencionismo y Volatilidad Monetaria
La historia del encaje legal en Venezuela es un reflejo de décadas de ajustes erráticos y de una intervención estatal excesiva en el sistema financiero. Durante más de treinta años, este porcentaje ha sido objeto de modificaciones frecuentes, evidenciando una falta de visión estratégica a largo plazo. En los años previos a 1989, el sistema contemplaba encajes diferenciados para depósitos a la vista, de ahorro y a plazo. Sin embargo, tras la salida del control de cambios de 1983 y el inicio del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez en 1989, todos los encajes se unificaron al 15%. Este período también fue escenario de intensos debates sobre la liberalización de las tasas de interés, que culminaron en una regulación parcial por parte del Banco Central, la cual, irónicamente, llevó a una liberación de facto de las tasas debido a niveles extremos de colocación.
La llegada del siglo XXI no trajo estabilidad. Si bien hubo una ligera reducción del encaje en 2002, el verdadero punto de inflexión se dio en 2006 con la introducción de la modalidad de encaje marginal, que se prolongó hasta 2020. Este esquema, particularmente pernicioso, alcanzó un pico de casi dos años con un encaje del 100%. Esta medida, justificada por algunos economistas bajo la premisa de que frenaría la inflación y las crisis, demostró ser una falacia en la práctica venezolana. A pesar de la restricción total del crédito, la hiperinflación persistió, evidenciando que el problema raíz era mucho más profundo que la capacidad de los bancos para prestar. Además, desde una perspectiva de economía de mercado, un encaje del 100% es considerado antinatural y antiliberal, pues restringe la capacidad de los actores económicos para realizar transacciones lícitas que no perjudican a terceros.
Las tímidas reducciones posteriores —a 93% en abril de 2020, 85% en enero de 2021 y finalmente 73% en febrero de 2022— no lograron revertir el daño. A pesar de estas disminuciones, la esperanza de una flexibilización sostenida se desvaneció, quedando el sistema anclado en un nivel que sigue siendo inoperante para la economía. Paralelamente, se estableció un encaje especial del 40% para bancos microfinancieros y de desarrollo, una diferenciación que, aunque busca fomentar nichos específicos, no compensa la parálisis general.
El Costo Oculto de la Banca Central y la Hiperinflación
La creencia de que la banca central es el garante ineludible de la protección de los depósitos es, en el caso venezolano, una verdad a medias con un costo altísimo. La historia reciente del país demuestra que la intervención del banco central puede ser, paradójicamente, el origen de profundas crisis financieras, con sus consecuentes rescates que se traducen en pasivos para la nación y, en última instancia, en inflación. La crisis financiera venezolana es un testimonio de cómo la protección estatal, mal gestionada o excesiva, puede generar una "cruel inflación" que erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos y desestabiliza la economía.
La responsabilidad primaria de la protección de los depósitos recae en la buena gestión del banquero, en su capacidad para evaluar riesgos y prestar a clientes solventes. Cuando esta gestión falla, los depositantes son los primeros perjudicados, independientemente del nivel de encaje. La experiencia venezolana con un encaje del 100% que no logró frenar la hiperinflación es una prueba contundente de que las soluciones simplistas y restrictivas no abordan las complejidades de un entorno macroeconómico disfuncional. Las políticas que restringen la actividad económica lícita van en contra de principios fundamentales de libertad y prosperidad, impidiendo el desarrollo natural de los mercados y la generación de riqueza.
Propuestas para Desbloquear el Crédito y la Recuperación
La senda hacia la recuperación económica en Venezuela requiere medidas audaces y un cambio de paradigma en la política monetaria. La primera y más urgente acción es una reducción drástica del encaje legal. Esto permitiría a los bancos cumplir su función esencial de financiar negocios, inyectando liquidez en el sistema y poniendo los mecanismos de crédito al alcance de quienes los necesitan.
Una flexibilización del encaje no solo liberaría capital, sino que también favorecería una política de diferenciales de tasas de interés más bajos. Esto se traduciría en tasas activas más accesibles para los prestatarios y tasas pasivas más acordes para los ahorristas, lo que a su vez impulsaría el consumo, la inversión y la actividad económica en general. La reactivación de estos engranajes es indispensable para salir del estancamiento actual.
Más allá de la reducción del encaje, se plantean reformas estructurales más profundas. La estabilización monetaria es un requisito previo, y para ello, se sugiere la dolarización de la economía o, en su defecto, la implementación de un banco central que funcione bajo un esquema de caja de conversión. Estas alternativas buscan anclar la moneda nacional a una divisa fuerte, eliminando la incertidumbre inflacionaria que ha carcomido la confianza en el bolívar.
En el ámbito específico del sector inmobiliario, la recuperación de la venta de propiedades a largo plazo exige no solo estabilidad monetaria, sino también una reforma de la ley de bancos. Es imperativo crear entidades especializadas en banca hipotecaria, capaces de emitir cédulas de largo plazo para financiar créditos hipotecarios. Si bien la promoción de inmuebles puede ser un negocio de corto plazo, el financiamiento para la adquisición de viviendas requiere un horizonte temporal mucho mayor, que el sistema bancario actual no puede proveer.
La situación actual del encaje legal en Venezuela no es sostenible. Mantener un sistema donde la capacidad de crédito está severamente limitada es prolongar artificialmente la agonía económica del país. Es imperativo que las autoridades adopten políticas que liberen el potencial del sector bancario y permitan que el crédito fluya, impulsando la inversión, el consumo y, en última instancia, una recuperación genuina que beneficie a todos los venezolanos. Sin estas transformaciones fundamentales, el camino hacia la prosperidad seguirá siendo una quimera inalcanzable.
