Tribunal otorga libertad plena a la abogada Rocío San Miguel y condena a 10 personas por el caso Brazalete Blanco
La defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, y otras tres personas, recibieron su libertad plena este jueves, 1° de octubre. Sin embargo, otros 10 presos políticos vinculados a la causa recibieron condenas de entre tres y 18 años de cárcel. Caracas. La defensora de derechos humanos y directora de la organización no gubernamental Control […]
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El Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó una sentencia absolutoria a favor de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, otorgándole la libertad plena. Esta decisión judicial deja sin efecto los cargos penales que se le imputaban en el expediente conocido como "Brazalete Blanco", una causa que agrupó a activistas y militares bajo señalamientos de supuestas conspiraciones contra la administración de Nicolás Maduro. De acuerdo con los reportes de organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, la medida también benefició a otros tres ciudadanos procesados en el mismo caso, mientras que diez personas resultaron condenadas a diferentes penas de prisión.
Detalles de la absolución y los procesados liberados
La sentencia absolutoria confirmada por San Miguel, quien se desempeña como directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, puso fin a un proceso judicial que se extendió por varios meses. El dictamen del tribunal no solo la eximió de responsabilidad penal a ella, sino que también cobijó a otras tres personas vinculadas a la misma causa de investigación.
Entre los ciudadanos absueltos se encuentra el piloto Alejandro González, exesposo de San Miguel, así como los coordinadores regionales de la organización política opositora Vente Venezuela en las entidades federales de Yaracuy y Trujillo, Luis Camacaro y Guillermo López, respectivamente. Con esta resolución, el tribunal de juicio desestimó las acusaciones del Ministerio Público que vinculaban a este grupo con presuntas actividades conspirativas destinadas a asaltar guarniciones militares y atentar contra la estabilidad del gobierno.
Las condenas dictadas en el expediente del caso
A pesar de las absoluciones decretadas, el proceso judicial concluyó con la condena de diez ciudadanos. El fiscal general de la República, Larry Davoe, confirmó que el tribunal validó las pruebas presentadas por la Fiscalía para acreditar la participación de estas personas en los hechos delictivos investigados.
De acuerdo con los datos publicados en redes sociales por la organización no gubernamental Foro Penal, y ratificados por sus abogados Estefanía Migliorini y Johan Angel a las afueras del Palacio de Justicia, tres de los procesados recibieron penas de prisión por el delito de conspiración. El militar Angelo Heredia fue condenado a 18 años de cárcel, mientras que el ciudadano Guillermo Enrique César recibió una pena de 12 años de prisión. Ambos permanecen recluidos en el Internado Judicial El Rodeo I, en el estado Miranda. Asimismo, el ciudadano Ronald Ferrer fue condenado a 12 años de prisión por el mismo delito y se encuentra privado de libertad en el centro penitenciario Yare II, también ubicado en el estado Miranda.
Por su parte, la defensora de derechos humanos Tamara Suju reportó que el general Tomás Martínez Macías recibió una condena de 12 años de prisión por el cargo de conspiración. No obstante, a Martínez Macías se le otorgó una medida humanitaria de libertad condicional que incluye la obligación de presentarse ante el juzgado cada 30 días, la prohibición de salida del territorio nacional, la restricción para ofrecer declaraciones a los medios de comunicación y el registro de su situación en el Sistema de Información Policial (SIPOL).
Adicionalmente, el tribunal dictó condenas de tres años de prisión por el delito de encubrimiento a cinco oficiales de la Fuerza Armada: el coronel Carlos Jesús Sánchez Vásquez, el mayor Guillermo Henrry, el capitán Tomás Martínez Chico, la mayor Diana Desirée Victoria Justo y la primera teniente Karen Gómez. Todos ellos recibieron medidas cautelares de libertad condicional, sujetas a la presentación cada 30 días ante el juzgado y la prohibición de salir del país. Hasta el momento del cierre de los reportes de los activistas, no se habían difundido detalles sobre la identidad de la décima persona condenada en este expediente.
Condiciones de reclusión y antecedentes del arresto
La detención de Rocío San Miguel ocurrió el 9 de febrero de 2024 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. En su momento, diversas organizaciones civiles de carácter nacional e internacional calificaron el procedimiento como una detención arbitraria y denunciaron la existencia de una desaparición forzada temporal debido a la falta de información inicial sobre su paradero y la restricción para acceder a su defensa de confianza.
Durante su período de reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, sus representantes legales denunciaron de manera constante la ausencia de atención médica adecuada para tratar una lesión en el hombro que la activista padeció mientras se encontraba en prisión. La excarcelación de San Miguel se produjo a principios del año 2026, luego del operativo militar ejecutado por agencias de los Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras lo cual la defensora de derechos humanos se trasladó a España.
La situación de los otros procesados que sí resultaron condenados mantiene bajo alerta a las organizaciones civiles. Sobre los centros penitenciarios de El Rodeo I y Yare II existen denuncias públicas
