CDI en Carabobo operan con apenas tres trabajadores tras perder 85 % de su personal en 10 años
Trabajadores de la salud en Carabobo exigen el pago de beneficios adeudados a 6000 empleados y advierten un grave riesgo asistencial. Sindicatos denuncian que varios Centros de Atención Integral (CDI) pasaron de 20 a solo tres trabajadores en una década, al tiempo que los quirófanos carecen hasta de insumos básicos de limpieza. Valencia. El gremio […]
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La red de atención médica pública en el estado Carabobo experimenta una severa disminución en su personal operativo, al punto de que los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) que hace diez años funcionaban con plantillas de hasta 30 trabajadores actualmente dependen de solo dos o tres empleados para mantener sus servicios. Esta reducción del personal, causada por la migración de profesionales hacia el exterior o hacia otros sectores de la economía, ha llevado a los gremios del sector a reactivar las movilizaciones frente a las instituciones oficiales para exigir mejoras salariales y condiciones mínimas de trabajo.
De acuerdo con los datos suministrados por las organizaciones sindicales de la región, las protestas se han concentrado ante las puertas del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), el ente que administra la red sanitaria en la entidad. Los manifestantes, entre los que se encuentran médicos, enfermeros, fisioterapeutas, bioanalistas, personal administrativo y obreros, reclaman el cumplimiento de pagos pendientes y denuncian el deterioro de la infraestructura física en los centros asistenciales de los distintos municipios carabobeños.
Reducción de personal y sobrecarga de funciones
La escasez de personal en los centros asistenciales de Carabobo se ha convertido en un problema de carácter estructural que limita la capacidad de atención a los pacientes. Pedro González, representante del Sindicato Único Nacional de Médicos y Médicas de Venezuela (Sunamec), explicó que la falta de profesionales de la medicina, la enfermería y áreas técnicas responde a un proceso de migración constante impulsado por la búsqueda de mejores ingresos económicos.
El vocero sindical detalló que, a pesar de las reiteradas solicitudes enviadas a las direcciones de recursos humanos de los centros de salud, los ingresos de nuevo personal son insuficientes para cubrir las vacantes existentes. Esta situación genera que los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), diseñados originalmente para contar con equipos multidisciplinarios de entre 20 y 30 trabajadores, queden bajo la responsabilidad de nóminas reducidas a su mínima expresión.
Como consecuencia de este déficit, especialidades completas como fisioterapia, radiología y medicina general deben ser cubiertas mediante la rotación constante de los pocos profesionales activos, quienes se trasladan entre distintos centros asistenciales para suplir las ausencias. González remarcó que las deficiencias operativas del sistema público no deben ser atribuidas a los trabajadores que permanecen en sus puestos, quienes asumen cargas laborales duplicadas para evitar la paralización de los servicios de consulta y emergencia.
Reclamos salariales y exclusión de beneficios
En el estado Carabobo, el sector público de la salud agrupa a una población laboral de entre 25.000 y 30.000 trabajadores. De esta cifra, las organizaciones sindicales estiman que aproximadamente 6.000 personas se encuentran afectadas por el retraso en el pago de diversos beneficios socioeconómicos acumulados. La exigencia de una recomposición de los ingresos une a todos los niveles de la escala laboral, desde médicos y bioanalistas hasta el personal de vigilancia y mantenimiento.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la congelación del sueldo base en 130 bolívares mensuales, equivalente al salario mínimo nacional. Al mantenerse este monto de referencia sin variaciones, las asignaciones por concepto de vacaciones, bonos de fin de año y prestaciones sociales pierden valor real. Los gremios señalan que la mayor parte del ingreso mensual de un trabajador de la salud se compone de bonificaciones especiales que carecen de incidencia salarial, lo que precariza las condiciones de jubilación y los beneficios anuales.
A esta situación se suma la demanda presentada por Jesús Salguero, médico y secretario general de Sunamec, referente al bono de responsabilidad profesional y académica decretado el pasado 30 de abril. Salguero denunció que la aplicación de esta bonificación excluyó a los profesionales clasificados en el nivel uno, así como a diversas categorías asistenciales y al personal administrativo de los centros de salud. El sindicato entregó una propuesta formal ante la directiva de Insalud para que este beneficio se extienda de manera equitativa a toda la nómina regional, sin distinciones de rango o función.
Autogestión frente al deterioro de la infraestructura
Las limitaciones presupuestarias del sistema de salud en Carabobo no solo afectan los ingresos del personal, sino también el estado físico de los recintos médicos. En el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) del municipio Bejuma, los trabajadores de la sala de rehabilitación deben cumplir sus jornadas en espacios que carecen de sistemas de climatización operativos.
Alí Enrique Rodríguez, fisioterapeuta adscrito a este centro, denunció que las altas temperaturas registradas en las áreas de trabajo han ocasionado problemas de salud entre el propio personal técnico y médico, que labora hasta horas de la tarde sin aire acondicionado. A pesar de estas dificultades, el servicio atiende diariamente a un promedio de entre 60 y 70 pacientes procedentes de diversas localidades del occidente de Carabobo.
Para evitar la suspensión de las terapias, los trabajadores han recurrido a esquemas de autogestión y al uso de recursos propios para reparar equipos e instalaciones que se encontraban fuera de servicio, logrando recuperar herramientas de trabajo indispensables como las barras paralelas y otros implementos del área de fisioterapia. Rodríguez también señaló que los profesionales de su área y del sector de radiología han sido excluidos de los bonos de profesionalización, lo que incrementa el descontento dentro del personal técnico.
Gestiones administrativas y acuerdos provisionales
Tras las jornadas de protesta realizadas frente a la sede de Insalud, los representantes sindicales sostuvieron reuniones con la directiva del organismo, presidido por Alexander Leal, con el propósito de canalizar las demandas ante el Ministerio de Salud y la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
En estos encuentros se reportaron avances específicos en dos áreas de la negociación laboral:
- Bonificación de vacaciones: Se confirmó que el personal perteneciente a la nómina central ya recibió el pago correspondiente, mientras que los trámites administrativos para el desembolso destinado a la nómina regional se encuentran en fase de procesamiento.
- Bono de responsabilidad profesional: Los cálculos financieros correspondientes a este beneficio ya fueron elaborados por el Ministerio de Salud y se encuentran a la espera de las directrices presupuestarias de la Onapre para su posterior ejecución.
Asimismo, las partes acordaron activar la denominada "cláusula 4", un mecanismo de resolución de conflictos que establece una mesa de trabajo permanente entre las autoridades de salud y los sindicatos. Este espacio tiene como objetivo abordar de forma directa las fallas de insumos, mantenimiento y personal en cada centro de salud, buscando canalizar las soluciones antes de que las deficiencias afecten de manera crítica la atención de los pacientes o el clima laboral en las instituciones.
Durante el desarrollo de las manifestaciones, los portavoces gremiales denunciaron la existencia de presiones administrativas y advertencias orientadas a desincentivar la participación de los trabajadores en las convocatorias públicas. Ante estas acciones, los representantes de Sunamec recordaron que la manifestación pacífica y la entrega de peticiones a las autoridades competentes constituyen derechos amparados por el marco constitucional venezolano.
