«Tenemos un tremendo problema eléctrico»: Jorge Rodríguez reconoce fallas y anuncia nueva ley para incluir al sector privado
Caracas.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, reconoció que Venezuela enfrenta un «tremendo problema eléctrico» que atribuyó a la necesidad de realizar inversiones de gran magnitud y a los efectos del terremoto, que provocó — según Rodríguez — la salida de 800 megavatios de la oferta de generación eléctrica nacional. «Si uno
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, admitió de manera pública que Venezuela atraviesa por una severa crisis en el suministro de energía eléctrica, al tiempo que anunció la pronta aprobación de un marco regulatorio orientado a permitir la entrada de capitales privados en el sistema de generación y comercialización del país. La declaración tuvo lugar durante una alocución en el estado Yaracuy, de acuerdo con un reporte publicado por el portal informativo El Pitazo.
El vocero parlamentario vinculó el deterioro reciente del servicio a la necesidad de concretar cuantiosas inversiones financieras y al impacto severo de eventos sísmicos registrados el 24 de junio de 2026. Según los datos ofrecidos por Rodríguez y recogidos por el mencionado medio digital, dicha eventualidad sísmica provocó la interrupción repentina y la salida de circulación de 800 megavatios (MW) del sistema de generación nacional en cuestión de segundos.
Frente a la contingencia observada en la región centro-occidental, Rodríguez informó sobre la firma de un acuerdo destinado a edificar un segundo enlace eléctrico entre las localidades de Cabudare, en el estado Lara, y Yaritagua, en el estado Yaracuy. Esta obra, coordinada tras conversaciones con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, busca duplicar la disponibilidad de energía para el territorio yaracuyano con miras a reactivar el aparato industrial de la zona.
Reforma legislativa y apertura al capital privado
El elemento central del anuncio parlamentario gira en torno a la sanción de una nueva Ley del Servicio de Energía Eléctrica, cuya aprobación formal fue fijada para el martes posterior a la declaración, con vistas a su inmediata promulgación por parte de Delcy Rodríguez. Este instrumento jurídico contempla un giro en el esquema de administración estatal al autorizar a inversionistas y corporaciones privadas a producir, distribuir y comercializar energía eléctrica en el territorio nacional.
De acuerdo con lo reseñado por El Pitazo, el nuevo texto legal establecerá las condiciones tarifarias para la compraventa del servicio, con el propósito de garantizar un marco operativo para las empresas que posean plantas de generación propias. Con esta estructura legal se pretende facilitar que los privados vendan excedentes o suministren electricidad de forma directa a las áreas industriales del país, empezando por el eje fabril de Yaracuy.
Esta iniciativa legal representa una modificación significativa respecto al modelo centralizado imperante en las últimas dos décadas, durante las cuales el Estado mantuvo el monopolio absoluto sobre las fases de generación, transmisión y facturación del servicio a través de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
El estado previo del Sistema Eléctrico Nacional
Las declaraciones del funcionario se producen en un contexto operativo complejo para la infraestructura energética venezolana. Según los datos detallados por El Pitazo, previo a los eventos telúricos mencionados, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ya registraba un déficit estructural de generación cercano a los 3.000 megavatios.
La insuficiencia en la oferta de energía deriva de la inoperatividad prolongada de una parte considerable del parque termoeléctrico nacional, afectado por la falta de mantenimientos preventivos y correctivos, aunado a las dificultades históricas para el suministro constante de combustible como diésel y gas natural hacia las plantas de respaldo.
Esta brecha entre la demanda proyectada y la capacidad real de despacho ha obligado a la aplicación sostenida de esquemas de racionamiento de carga en la mayoría de los estados del interior del país. En las regiones occidentales, llaneras y orientales, las interrupciones del fluido eléctrico se extienden habitualmente por lapsos que oscilan entre 6 y 12 horas diarias, con el consecuente impacto en el funcionamiento de comercios, hospitales, planteles educativos y comunidades residenciales.
En zonas de alta demanda climática como el estado Zulia, la búsqueda de soluciones a corto plazo ha incluido la evaluación del alquiler de barcazas de generación flotante, cuyo costo mensual se ha estimado en unos 13,3 millones de dólares, según refieren reportes de la prensa económica citados por El Pitazo.
Contexto histórico y desafíos de la infraestructura energética
La crisis del sector eléctrico venezolano posee antecedentes de larga data que ayudan a comprender el alcance de las medidas legislativas anunciadas. Históricamente, el país ha dependido de una estructura de generación marcadamente hidroeléctrica, concentrada en la cuenca del río Caroní, en el estado Bolívar, donde se ubican la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) y los complejos de Macagua y Caruachi.
Durante la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, el desarrollo del sistema eléctrico combinó la inversión pública en grandes obras de infraestructura con la participación de empresas privadas en áreas urbanas específicas, entre las que destacó la Electricidad de Caracas en la capital y otras compañías regionales en diversas provincias.
No obstante, a partir del proceso de estatización iniciado en el año 2007, las distintas empresas del sector fueron unificadas bajo el control directo del Estado y la administración de Corpoelec. El modelo centralizado enfrentó progresivamente severas dificultades financieras y operativas para ejecutar los planes de expansión de la red de transmisión y la renovación de los sistemas de distribución local.
A la par del deterioro en las centrales térmicas distribuidas en el centro y occidente del país, diseñadas para compensar la fluctuación de la generación hídrica en periodos de sequía, , la red nacional experimentó pérdidas de eficiencia asociadas a la desinversión, la migración de personal técnico calificado y los incidentes ambientales o climáticos.
Implicaciones económicas y perspectivas del nuevo esquema
El anuncio de una legislación que abra las puertas al capital privado en la transmisión y venta de electricidad plantea diversos retos técnicos, tarifarios e institucionales en el escenario socioeconómico de Venezuela.
En primer lugar, la fijación de tarifas operativas representa uno de los aspectos más complejos del nuevo texto normativo. Durante años, el servicio de energía eléctrica en el país contó con esquemas de subsidios estatales directos que mantuvieron las facturas domiciliarias e industriales en montos nominales reducidos. La transición hacia un mercado donde participen actores privados implica la necesidad de diseñar estructuras tarifarias que permitan la rentabilidad de las inversiones, la sostenibilidad de las plantas de generación y el mantenimiento regular de los equipos, asegurando simultáneamente la viabilidad del acceso para los distintos estratos de consumidores.
En el ámbito industrial, la posibilidad de comprar energía a generadores independientes podría ofrecer estabilidad a sectores productivos de manufactura, alimentos y bienes de consumo, cuyos procesos de producción han sufrido interrupciones frecuentes por los cortes del suministro público. Sin embargo, la implementación efectiva de estas soluciones requerirá adecuar las redes de distribución existentes, las cuales continúan bajo la infraestructura general del Estado.
Por otra parte, los analistas del sector coinciden en que la resolución definitiva del déficit de 3.000 megavatios y la estabilización del parque térmico exigirán desembolsos de capital de gran magnitud, requerimientos de equipamiento tecnológico importado y esquemas claros de seguridad jurídica para los nuevos operadores.
El reconocimiento de las fallas operativas por parte de la presidencia de la Asamblea Nacional y la apertura del debate sobre la participación privada marcan una etapa diferente en la gestión de la crisis energética nacional, cuyos resultados dependerán de la concreción de los planes de inversión, la ejecución técnica de las obras anunciadas en Yaracuy y la efectividad del marco legal que se someterá a votación en el parlamento.
