Marco Aurelio Quiñónes: En diciembre vamos a tener un TSJ con nombres honorables
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de 2015, Marco Aurelio Quiñónes, aseguró que la reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituye un paso fundamental para avanzar hacia la transición democrática en Venezuela. Así lo expresó durante una entrevista en el programa Exclusivas, transmitido por EVTV Miami y moderado por el periodista Edward Rodríguez.
La representación de la Asamblea Nacional electa en 2015 en la Mesa de Diálogo Nacional contempla la renovación total de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el mes de diciembre. Así lo dio a conocer el vicepresidente de dicho parlamento, Marco Aurelio Quiñónes, en declaraciones ofrecidas al espacio Exclusivas, conducido por el periodista Edward Rodríguez y emitido por la cadena EVTV Miami, según una reseña del portal digital Runrun.es. De acuerdo con el dirigente, esta modificación de la máxima instancia judicial se concibe como un requisito indispensable para establecer las bases de una transición hacia el restablecimiento del orden constitucional y la reinstitucionalización del Estado venezolano.
El planteamiento expuesto por la delegación parlamentaria busca asegurar que el máximo tribunal del país opere de forma autónoma con respecto al Poder Ejecutivo. Dentro de la agenda presentada en las negociaciones entre los voceros legislativos y la representación del Gobierno encargado, la sustitución de las magistraturas actuales pretende evitar la reversibilidad del proceso político y garantizar el principio de imparcialidad en la administración de justicia.
Propuesta de reestructuración judicial y mecanismos de verificación
El proyecto presentado por la representación parlamentaria abarca una revisión sustancial de la composición del Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con lo manifestado por Quiñónes en el informe publicado por Runrun.es, la intención central de la medida es impedir que el órgano judicial continúe recibiendo instrucciones desde el Palacio de Miraflores. Para alcanzar este objetivo, el parlamentario sostuvo que la designación de los nuevos magistrados debe regirse estrictamente por parámetros objetivos que certifiquen la idoneidad y el perfil técnico de los postulantes.
Entre los instrumentos propuestos para este fin se incluye la creación de un consejo de revisión de credenciales. Esta instancia funcionaría como un filtro institucional encargado de aplicar un proceso de doble evaluación a la totalidad de los aspirantes. Según las precisiones vertidas por Quiñónes durante la entrevista, este mecanismo busca reducir al mínimo las desviaciones en los nombramientos y asegurar que las personas seleccionadas cumplan con el perfil de independencia requerido por la legalidad nacional.
El cronograma manejado por la representación opositora fija el último mes del año como el lapso límite para culminar la conformación del nuevo cuerpo de magistrados. La meta trazada es contar para esa fecha con un tribunal integrado por miembros que acrediten solvencia ética y legal, consolidando el primer paso estructural dentro del esquema de modificaciones institucionales pactado en las negociaciones.
Desarticulación de mecanismos de persecución y garantías políticas
Junto a la renovación de la cúpula judicial, la agenda de la delegación parlamentaria abarca reformas legislativas orientadas a modificar el marco normativo vigente. En este sentido, Quiñónes ratificó que la postura de la representación de la Asamblea Nacional de 2015 no se orienta a una modificación parcial, sino a la derogación absoluta de la Ley contra el Odio. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Runrun.es, el legislador argumentó que dicho texto legal ha servido como la herramienta principal para la persecución de actores políticos y ciudadanos, por lo que su anulación completa constituye un reclamo de la sociedad.
La eliminación de esta normativa es calificada por la representación opositora como una condición necesaria para desmontar los instrumentos punitivos que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales. Con el fin de complementar la derogación de dicha ley, la delegación trabaja simultáneamente en la propuesta para constituir un Comité de Garantías Políticas.
Esta nueva instancia tendría la función específica de vigilar el respeto de los derechos ciudadanos y establecer parámetros claros para el libre ejercicio de las actividades políticas en el país. Conforme a lo expuesto por Quiñónes, la creación de este comité busca sentar condiciones de seguridad jurídica y política indispensables para el desarrollo de las etapas posteriores del proceso de transición.
El papel de la diplomacia internacional y la agenda electoral
Las declaraciones del vicepresidente del parlamento electo en 2015 abordaron además la dimensión internacional del proceso de negociación y los respaldos externos recibidos. Quiñónes destacó el papel que ha desempeñado la administración de Estados Unidos en el seguimiento de la coyuntura venezolana. En el reporte difundido por Runrun.es, el dirigente subrayó las gestiones del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, señalando que su conocimiento de la realidad institucional del país ha influido positivamente en el desarrollo de las conversaciones y los avances registrados hasta la fecha.
En el marco de estas relaciones diplomáticas, el parlamentario caracterizó al gobierno estadounidense como un aliado estratégico para la restitución del Estado de derecho, el fortalecimiento de las libertades democráticas y la futura recuperación del sistema económico venezolano.
Respecto al panorama electoral y la eventual reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), Quiñónes aclaró que la renovación del ente rector del Poder Electoral requerirá un período estimado de entre 80 y 90 días para su ejecución. Sin embargo, enfatizó que dentro de la secuencia programada por la Mesa de Diálogo Nacional, la prioridad operativa e inmediata se concentra en la culminación del proceso de reforma del Tribunal Supremo de Justicia, paso considerado como el cimiento previo para abordar la reorganización del sistema electoral.
Proyección de la hoja de ruta institucional
El marco de acción delimitado por las declaraciones de Marco Aurelio Quiñónes ordena de manera jerárquica las prioridades de la representación parlamentaria en la Mesa de Diálogo Nacional. La estrategia contempla como hito inicial la sustitución de la totalidad de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia antes de finalizar el mes de diciembre, respaldada por el funcionamiento del consejo de revisión de credenciales.
Posteriormente, la hoja de ruta contempla la anulación de las normativas legales utilizadas para la sanción de la disidencia, encabezadas por la Ley contra el Odio, a la par de la puesta en marcha del Comité de Garantías Políticas. Una vez consolidadas las reformas en el ámbito judicial y de derechos políticos, la agenda prevé abordar el lapso aproximado de tres meses requerido para la renovación del Consejo Nacional Electoral.
La efectividad de esta secuencia de medidas dependerá de la evolución de las negociaciones entre los sectores representados en la mesa de diálogo y del cumplimiento de los plazos establecidos para la reestructuración de las instituciones del Estado.
