SNTP rechaza declaraciones de Diosdado Cabello: «Descalifican y estigmatizan a periodistas»
Caracas.- El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó este 16 de julio las declaraciones hechas un día antes por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, al considerar que «descalifican y estigmatizan a periodistas». Esta reacción se produce luego de que, durante su programa Con el mazo dando, Cabello emitió duras
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un comunicado el 16 de julio para expresar su rechazo a las declaraciones formuladas el día anterior por Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz. El SNTP consideró que los señalamientos de Cabello "descalifican y estigmatizan a periodistas" que cubrieron la emergencia sísmica ocurrida en Venezuela el 24 de junio.
Las afirmaciones de Cabello se realizaron durante su programa televisivo Con el mazo dando, donde criticó la cobertura periodística de los eventos posteriores a los sismos. El SNTP, a través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter), manifestó que informar sobre una emergencia, documentar sus consecuencias y dar voz a las personas afectadas constituye una parte inherente del trabajo periodístico. Además, el sindicato subrayó que esta labor está amparada por el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y oportuna.
Declaraciones de Diosdado Cabello y su contexto
Durante su intervención, Diosdado Cabello denunció la existencia de lo que calificó como una "guerra mediática" tras la tragedia sísmica. Afirmó que "lo peor del palangrismo mundial quiso hacer una hoguera, quisieron hacer una fiesta de sangre, de muerte" mediante la difusión de "noticias falsas", con el objetivo de "alebrestar a los venezolanos". Según su percepción, Venezuela sería el primer país en el mundo en enfrentar un desastre natural de tal magnitud mientras simultáneamente combate una campaña de desinformación. Cabello describió la situación como "un país que sufra una tragedia de naturaleza, que tenga que luchar contra las consecuencias de esa tragedia y luchar contra una terrible guerra mediática, miserable, una guerra mediática desnaturalizada, enfermiza. Una cosa terrible".
Estos comentarios se enmarcan en una línea discursiva previamente establecida por otros altos funcionarios del gobierno. El 2 de julio, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, ofreció una rueda de prensa a medios internacionales donde responsabilizó a lo que denominó "laboratorios mediáticos" de intentar generar caos en el acceso por carretera al estado La Guaira, una de las zonas declaradas en estado de desastre tras los terremotos. Rodríguez se refirió específicamente a la situación vivida en los primeros días después de los sismos, cuando miles de personas, utilizando motos y camiones, se dirigieron a las carreteras para ofrecer ayuda a los residentes que necesitaban rescatar a sus familiares de entre los escombros.
La vicepresidenta atribuyó este flujo espontáneo de ciudadanos a una "matriz mediática elaborada en laboratorios" que, según ella, instigaba a "que bajen todos a La Guaira" con la finalidad de "causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate", en lugar de reconocer la iniciativa ciudadana. En respuesta a estas declaraciones, el SNTP reiteró su exigencia de respeto a la labor de la prensa y solicitó el cese de la estigmatización contra periodistas y medios de comunicación.
La libertad de prensa en Venezuela: Un panorama histórico y actual
La reacción del SNTP a las declaraciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón histórico de tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación en Venezuela. Desde hace décadas, la libertad de prensa ha sido un tema recurrente en el debate público y político del país. Durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y, posteriormente, bajo la administración de Nicolás Maduro, diversas organizaciones nacionales e internacionales han documentado restricciones, agresiones y limitaciones al ejercicio periodístico.
En Venezuela, la polarización política ha permeado profundamente el ámbito mediático. Los medios de comunicación han sido frecuentemente objeto de acusaciones por parte del gobierno, que los señala de participar en campañas de desprestigio o de ser parte de una "guerra económica" o "mediática". A su vez, los gremios periodísticos y las organizaciones de defensa de la libertad de expresión han denunciado el cierre de medios, la restricción del acceso a la información pública, la censura, la autocensura forzada por presiones económicas o políticas, y la criminalización de la labor periodística.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida como Ley RESORTE) y sus posteriores reformas, así como otras normativas y acciones gubernamentales, han sido criticadas por imponer limitaciones al contenido y la difusión de información. La concentración de medios en manos del Estado o de grupos afines al gobierno, junto con la disminución de la pluralidad de voces, ha sido una preocupación constante para quienes defienden un ecosistema mediático diverso e independiente.
El uso de la figura del "enemigo mediático" o la "guerra mediática" para descalificar la información que no se alinea con la narrativa oficial es una estrategia recurrente. Esta retórica busca desacreditar a los periodistas y a los medios, generando desconfianza en la ciudadanía y, en ocasiones, justificando medidas restrictivas. En contextos de emergencia, como el suscitado por los terremotos del 24 de junio, la información precisa y verificada es crucial para la seguridad y el bienestar de la población. La estigmatización de quienes informan en estas circunstancias puede obstaculizar la difusión de datos vitales y la articulación de la ayuda humanitaria, además de silenciar las voces de las víctimas.
Implicaciones para la sociedad venezolana
Las implicaciones de este tipo de declaraciones trascienden el ámbito periodístico y afectan directamente a la sociedad venezolana en su conjunto. En primer lugar, la descalificación y estigmatización de periodistas y medios de comunicación erosionan el derecho fundamental de la ciudadanía a la información. Un periodismo libre e independiente es un pilar esencial de cualquier sociedad democrática, ya que actúa como contrapoder, fiscaliza al gobierno y proporciona a los ciudadanos las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas.
Cuando se deslegitima la labor periodística, se abre la puerta a la desinformación y a la manipulación. En una situación de emergencia como un terremoto, la difusión de información errónea o sesgada puede tener consecuencias graves, desde impedir la llegada de ayuda a quienes la necesitan hasta generar pánico o confusión. La capacidad de los ciudadanos para organizarse y responder eficazmente a una crisis depende en gran medida de tener acceso a datos fiables sobre la magnitud de la tragedia, las zonas afectadas, las necesidades prioritarias y los canales de apoyo disponibles.
Las declaraciones de Cabello y Rodríguez, al sugerir que la cobertura de la emergencia es parte de una "guerra mediática" o de una "matriz" para generar caos, buscan invalidar las experiencias y los testimonios de las personas afectadas y de quienes intentaron prestar ayuda de manera espontánea. Esto puede generar un clima de desconfianza hacia los medios y, paradójicamente, hacia la propia ciudadanía que se organiza para brindar apoyo.
Además, la constante presión sobre los medios y los periodistas puede inducir a la autocensura. Ante el temor a represalias, acusaciones o procesos legales, muchos profesionales de la comunicación pueden optar por omitir información sensible o por adoptar una postura menos crítica, lo que disminuye la calidad y la profundidad del debate público. Esta situación es particularmente delicada en un país con una prolongada crisis económica y social, donde la información independiente es vital para comprender la complejidad de los problemas y buscar soluciones.
El SNTP, al exigir respeto a la labor de la prensa y el cese de la estigmatización, no solo defiende los derechos de sus agremiados, sino que también reivindica el derecho de todos los venezolanos a estar informados. La defensa de la libertad de expresión y de prensa es un indicador clave de la salud democrática de una nación y un elemento indispensable para la reconstrucción social y económica.
Conclusión
El rechazo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a las declaraciones de Diosdado Cabello sobre la cobertura de los terremotos de junio de 2026 subraya la persistente tensión entre el gobierno venezolano y los medios de comunicación independientes. Las acusaciones de "guerra mediática" y la estigmatización de los periodistas, que buscan desacreditar la información crítica o que diverge de la narrativa oficial, constituyen una amenaza directa al derecho a la información y a la libertad de prensa en Venezuela.
En un contexto de emergencia, la labor periodística es fundamental para informar, documentar y dar voz a las víctimas, así como para movilizar la ayuda necesaria. La descalificación de esta labor no solo vulnera los principios democráticos, sino que también puede obstaculizar la respuesta efectiva a las crisis y silenciar las necesidades de la población. La exigencia del SNTP de respeto a la prensa y el cese de la estigmatización es un llamado a salvaguardar un pilar esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y el bienestar de la sociedad venezolana.
