Sntp denuncia que policías en Monagas grabaron y fotografiaron a periodistas que cubrían protesta
Las prácticas intimidatorias contra el libre ejercicio del periodismo son recurrentes en el estado Monagas, donde las autoridades pertenecen al Psuv
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que funcionarios de la Policía del estado Monagas registraron mediante fotografías y videos a siete periodistas que realizaban la cobertura de una protesta ciudadana en Maturín. De acuerdo con el reporte de la organización gremial, difundido originalmente por el portal de noticias El Pitazo, el hecho ocurrió en las inmediaciones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) durante una manifestación vecinal.
Registro policial durante cobertura de servicios públicos
El incidente reportado por el SNTP tuvo lugar en la calle La Planta de la capital monaguense, donde un grupo de ciudadanos se concentró para manifestar ante la sede de Corpoelec. Los siete trabajadores de la prensa que acudieron a dar cobertura informativa a la protesta fueron objeto de grabaciones y fotografías por parte de los efectivos de Polimonagas que se encontraban en el sitio.
A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, el sindicato de prensa señaló que este tipo de acciones de vigilancia y seguimiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado representan una forma de amedrentamiento directo. La organización gremial argumentó que estas medidas de control buscan generar un efecto inhibitorio en los reporteros, limitando el libre ejercicio de la profesión y el derecho de la ciudadanía a recibir información de carácter público.
Este suceso se inscribe dentro de un contexto de persistentes limitaciones al trabajo periodístico en la entidad federal del oriente venezolano, la cual se encuentra bajo la gestión del gobernador Ernesto Luna, perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Las organizaciones de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión han señalado que las presiones contra los comunicadores sociales en la región no representan hechos aislados, sino que responden a una conducta recurrente por parte de las autoridades locales.
Antecedentes de vigilancia civil y policial
Las denuncias sobre seguimiento a periodistas en Monagas se han presentado de forma reiterada durante el transcurso del año. De acuerdo con los registros del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Monagas-Delta Amacuro, el pasado mes de abril se documentó un evento de características similares en el sur de Maturín.
En esa oportunidad, un grupo de reporteros que realizaba la cobertura periodística de una protesta protagonizada por estudiantes del Pedagógico de Maturín fue grabado por personas vestidas de civil. Tras las investigaciones y el monitoreo de la situación, la representación seccional del CNP identificó a los sujetos como presuntos funcionarios pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
La utilización de agentes policiales uniformados y de funcionarios de inteligencia sin identificación visible para registrar la actividad de los comunicadores sociales ha sido calificada por los gremios de prensa como un mecanismo de presión. Estas acciones, según explican los portavoces del CNP, buscan limitar la difusión de las demandas de los sectores sociales que protestan por fallas en los servicios, mejoras laborales o condiciones estudiantiles.
Bloqueo de fuentes y limitaciones informativas
El control sobre el flujo de información en el estado Monagas también abarca restricciones directas sobre las fuentes institucionales y comunitarias. El pasado 17 de julio, tanto el SNTP como la seccional local del CNP denunciaron públicamente las directrices emanadas desde la gobernación del estado destinadas a condicionar el trabajo de los reporteros en las zonas afectadas por desastres naturales.
La denuncia gremial apuntó contra el gobernador Ernesto Luna, a quien señalaron de intentar impedir que los periodistas entrevistaran a los ciudadanos damnificados por los sismos registrados el pasado 24 de junio. Muchas de estas familias afectadas se habían trasladado a residencias de parientes en distintas zonas de Monagas tras perder sus hogares. Las organizaciones de prensa condenaron estas instrucciones del Ejecutivo regional, señalándolas como un intento de imponer la censura sobre una situación de vulnerabilidad social que requería atención pública.
Asimismo, las restricciones de acceso se extienden a la infraestructura de salud de la región. Los trabajadores de la prensa tienen prohibido el ingreso a las instalaciones del Hospital Universitario "Dr. Manuel Núñez Tovar", el principal centro asistencial de Maturín. El resguardo y control de los accesos a este hospital está a cargo de funcionarios policiales y de miembros de la Milicia Bolivariana, quienes impiden el paso de los periodistas que intentan constatar el estado de los servicios de salud o entrevistar a pacientes y familiares.
El marco legal y las declaraciones
