Provea rechazó la salida de Venezuela de la CPI y recordó que seguirán las investigaciones
"Se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro", señaló la organización.
La decisión de la administración venezolana de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) no detendrá los procesos de investigación en curso ni eximirá al Estado de sus obligaciones internacionales durante el próximo año. Así lo aclaró la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), al precisar que el Estatuto de Roma contempla un período de transición que mantiene la jurisdicción del tribunal sobre las denuncias presentadas. La aclaratoria surge luego de que las autoridades de la Cancillería y la Vicepresidencia de la República anunciaran la denuncia del tratado fundacional del tribunal de La Haya.
Implicaciones jurídicas de la retirada
De acuerdo con un pronunciamiento difundido por Provea a través de la red social X, la desvinculación de Venezuela del Estatuto de Roma no posee un carácter de ejecución inmediata. La organización defensora de derechos humanos explicó que la salida formal del tratado solo adquiere vigencia plena transcurrido un año desde la fecha en que se presente la notificación oficial. En consecuencia, todas las presuntas vulneraciones a los derechos humanos tipificadas como crímenes de lesa humanidad que se registren durante este lapso de doce meses, así como aquellas ocurridas con anterioridad, permanecen bajo la potestad investigativa de la Fiscalía de la CPI.
La ONG fundamentó su posición en las normativas explícitas del propio Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la corte penal. Este texto legal determina que la renuncia de un Estado parte no interrumpe la cooperación debida con el tribunal en lo referente a las investigaciones y los procedimientos penales iniciados antes de que la retirada surta efecto. Provea enfatizó que las obligaciones de cooperación del Estado venezolano siguen plenamente vigentes, lo cual abarca el acatamiento de eventuales órdenes de aprehensión que la Fiscalía de la CPI decida emitir y hacer públicas en el futuro.
Posiciones gubernamentales y respuesta desde La Haya
La controversia se originó tras las declaraciones emitidas por el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, quien comunicó la determinación del Ejecutivo nacional de abandonar el Estatuto de Roma. El funcionario argumentó que la institución judicial internacional opera bajo un supuesto sesgo que concentra sus acciones de manera desproporcionada en naciones de los continentes africano y latinoamericano, respondiendo a intereses ajenos a la administración de justicia global. Posteriormente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez secundó esta postura al señalar que el tribunal de La Haya acumula expedientes con el propósito de ejercer presión contra los países del sur global, ratificando la voluntad del Gobierno de concretar la salida definitiva del organismo.
Por su parte, la Corte Penal Internacional emitió un pronunciamiento desde su sede en los Países Bajos para fijar posición ante el anuncio estatal. Según reportó la agencia EFE, el tribunal lamentó la postura adoptada por las autoridades venezolanas y recordó que el procedimiento de separación exige el cumplimiento del plazo de un año, intervalo en el que se mantienen inalterables los deberes de colaboración con los expedientes abiertos. La institución judicial aclaró a los medios de comunicación que, hasta el momento de su declaración, la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas no había recibido la notificación formal del retiro por parte de la representación de Venezuela. No obstante, la CPI reconoció que la adhesión o denuncia de un tratado internacional constituye una facultad soberana de cada Estado.
Antecedentes y estado de la investigación formal
El expediente sobre la situación de Venezuela ante la justicia penal internacional comenzó a estructurarse en el año 2018, cuando la Fiscalía de la CPI inició una fase de examen preliminar para evaluar la existencia de indicios sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en el territorio nacional. Este proceso inicial derivó en la apertura de una investigación formal en el año 2021, enfocada en determinar las responsabilidades penales correspondientes.
En abril de 2022, la representación jurídica del Estado venezolano presentó una solicitud formal ante la CPI con el propósito de suspender temporalmente las actuaciones del fiscal de La Haya, argumentando que las instituciones judiciales de carácter doméstico ya se encontraban realizando las investigaciones pertinentes bajo el principio de complementariedad. No obstante, en junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte autorizó formalmente a la Fiscalía a reanudar las pesquisas independientes. Los magistrados determinaron en esa oportunidad que los procesos judiciales internos de Venezuela no abarcaban de forma suficiente el alcance y la gravedad de los hechos investigados por el órgano internacional.
Aunque en diciembre del año pasado la Fiscalía de la CPI procedió al cierre de su oficina de asistencia técnica ubicada en la ciudad de Caracas debido a lo que consideró una falta de progreso real en la implementación de reformas judiciales internas, la entidad internacional ratificó que las labores de investigación continúan en desarrollo directo por parte del personal destacado en la sede principal de La Haya.
