Un Calvario de Visitas y Denuncias Ignoradas
La queja central de los manifestantes se dirigía a la figura del fiscal general, Larry Devoe, y a la institución que representa, a quienes acusan de una pasividad cómplia frente a las graves denuncias de violaciones de derechos fundamentales. Andreína Baduel, miembro activo del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), compartió con los medios la frustración que embarga a la organización. Aunque Clippve logró ser atendida por un subdirector de la Dirección de Derechos Fundamentales, la única "respuesta" concreta obtenida fue el anuncio del inicio de jornadas médicas especializadas para los reclusos en Fuerte Guaicaipuro y Rodeo I. Una medida que, si bien es necesaria, dista mucho de las exigencias de justicia y libertad.
El testimonio de Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, ilustra la magnitud del calvario que enfrentan estas familias. Ávila reveló haber acudido al Ministerio Público en al menos quince ocasiones durante los últimos dos años, documentando torturas, tratos crueles, sistemáticas violaciones al debido proceso e incluso la muerte de reclusos y sus parientes. "En nuestra última visita hubo acuerdos que fueron incumplidos por este organismo del Estado. Quedamos en que nos iban a recibir una serie de documentos y aún no tenemos respuesta, quedaron en mejorar la situación carcelaria de nuestros familiares y esto no ha mejorado", declaró Ávila, reflejando el patrón de promesas vacías que caracteriza la relación entre el Estado y las víctimas.
La Espera Agonizante y las Condiciones Infrahumanas
La señora Ruth Molero, otra de las voces de esta protesta, puso de manifiesto la insostenible situación que viven los familiares a las afueras de recintos como El Rodeo I. Allí, muchos han permanecido más de 137 días en una espera agónica, aferrándose a cada anuncio de excarcelación que, en la práctica, se materializa en un número ínfimo de liberaciones. "Si hay tantos, ¿por qué hemos visto unos pocos cada cierto tiempo?", se preguntó Molero, cuya angustia es doble, pues sus sobrinos, Aranza y Henry Castillo, y su hijo, Arialdo Camargo, se encuentran entre los reclusos que claman por su libertad. La desesperación de estos detenidos, según su tía, es palpable y creciente.
Las denuncias no se limitan a la falta de excarcelaciones. Los familiares exigen al Ministerio Público que se pronuncie y actúe sobre las investigaciones pendientes de motines carcelarios que han cobrado vidas, así como la muerte de presos políticos como Víctor Quero Navas. Asimismo, reclaman mejoras significativas en las condiciones carcelarias, que han sido descritas reiteradamente como infrahumanas, y el cese inmediato de las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Diego Casanova, vocero de Clippve, resumió el escepticismo generalizado: "dicen que hay disposición a investigar, pero todo se queda en un titular". Esta frase encapsula la percepción de que las promesas de investigación son meros gestos para apaciguar, sin una verdadera voluntad de justicia.
La Insuficiencia de Gestos y la Realidad de "Horror"
La reunión con Pablo Fernández Blanco, subdirector de Derechos Fundamentales, y el anuncio de jornadas de atención médica primaria en El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, fue interpretado por los familiares como una respuesta claramente insuficiente. Para ellos, estas medidas son apenas un paliativo que no aborda la raíz del problema ni las "condiciones de horror" que persisten en los centros penitenciarios. Voceras como Andreína Baduel y Hiowanka Ávila han insistido en el reiterado incumplimiento de las promesas institucionales para dignificar la situación carcelaria y la ausencia total de respuestas ante los expedientes y documentos consignados que detallan las atrocidades.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización con una extensa trayectoria en la documentación de la realidad carcelaria en Venezuela, ha recalcado que el hermetismo del Estado se mantiene inquebrantable frente a las violaciones más graves a los derechos humanos. El OVP ha denunciado de forma consistente cómo el gobierno ignora las acusaciones de tortura y las muertes bajo custodia, citando que solo el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha registrado al menos 27 fallecimientos en estas circunstancias. Esta cifra, que debería encender todas las alarmas en cualquier sistema judicial mínimamente funcional, es respondida con silencio y desidia.
Un Patrón de Violaciones Sistemáticas y Discriminación
Las organizaciones de derechos humanos y los familiares han denunciado un "trato discriminatorio" por parte de las autoridades, que sistemáticamente desestiman sus denuncias a pesar de contar con "suficiente sustento y moral" para evidenciar las violaciones recurrentes. La falta de reconocimiento y el desprecio hacia la información que presentan, a menudo recopilada con gran riesgo personal, refuerzan la percepción de un sistema diseñado no para proteger, sino para silenciar y castigar.
La protesta de este jueves no es un hecho aislado, sino una manifestación más de la lucha constante de la sociedad civil venezolana por la dignidad y la justicia. Representa un grito desesperado ante un Estado que, a través de sus instituciones, parece haber normalizado la violación de los derechos humanos y la impunidad. La exigencia de "no más promesas, no más mentiras, queremos libertad", coreada por los manifestantes, resuena como un clamor por el fin de un ciclo de engaños y por el restablecimiento del estado de derecho en Venezuela. Mientras el Ministerio Público continúe haciendo oídos sordos y el gobierno mantenga sus promesas en el limbo, la crisis humanitaria y política seguirá profundizándose, con un costo humano incalculable.
