Politóloga Heysel Rodríguez: la emergencia sísmica podría desplazar la disputa por la legitimidad política
Los dos terremotos ocurridos el 24 de junio podrían transformarse en el punto de inflexión definitivo para descomprimir la crisis política acumulada en Venezuela, después de los sucesos del 3 de enero de 2026 cuando fuerzas militares de Estado Unidos detuvieron al presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con un reciente informe prospectivo elaborado por la
Los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela podrían reconfigurar de manera definitiva el escenario político nacional, desplazando la pugna por el reconocimiento institucional para dar paso a una gobernabilidad de emergencia. De acuerdo con un informe de la politóloga de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Heysel Rodríguez, obtenido y reseñado por el medio digital El Pitazo, la gravedad de los daños materiales y la urgencia de atender a la población afectada abren un espacio de cohabitación forzada entre las fuerzas políticas que se disputan el poder, especialmente tras los hechos del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares de Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro.
El análisis de Rodríguez, titulado «Del colapso al renacimiento: Informe prospectivo sobre la recomposición política, institucional y social de Venezuela tras el 24J», sostiene que la magnitud del desastre natural ha modificado las prioridades públicas. La disputa histórica por la legitimidad de origen de los poderes del Estado ha quedado en un segundo plano frente a la necesidad inmediata de reconstrucción, lo que obliga a los actores políticos a cooperar para evitar un colapso social generalizado.
El paso a la legitimidad de ejercicio
El núcleo de la investigación de la especialista de la UCV apunta a que el capital político de los diferentes sectores ya no se medirá por su discurso de confrontación, sino por su capacidad real de gestión, financiamiento y ejecución de obras públicas. Este fenómeno es definido en el informe como el tránsito hacia una "legitimidad de ejercicio", donde la eficacia en la resolución de la crisis humanitaria determinará el respaldo ciudadano.
En este contexto de cohabitación obligada, tanto el oficialismo como la oposición se ven forzados a interactuar bajo reglas mínimas de coordinación. Según el reporte de El Pitazo, el sector gubernamental busca canalizar la emergencia mediante la conformación de un gabinete de perfil tecnocrático, delegando las tareas de control de orden público y distribución en el territorio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Esta estrategia se complementa con la postergación de los debates sobre la renovación de los poderes públicos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró desde la base aérea de La Carlota que no es el momento de discutir sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o el Consejo Nacional Electoral (CNE), argumentando que la prioridad exclusiva debe ser la atención de la emergencia sísmica.
Dilemas estratégicos para la oposición y el rol local
Por su parte, la oposición liderada por María Corina Machado enfrenta la necesidad de adaptar su estrategia de presión política. El informe de Heysel Rodríguez señala que el bloque opositor tiene el reto de flexibilizar sus posturas de confrontación directa para asumir un rol de contraloría social, garante de la transparencia en el manejo de los recursos y canalizador de la asistencia humanitaria internacional.
A nivel de gestión territorial, el estudio resalta que los alcaldes y las organizaciones comunitarias adquieren un protagonismo crucial debido a su proximidad con las zonas afectadas. Estos liderazgos locales funcionan como el puente operativo indispensable para coordinar la entrega de insumos y la evaluación de daños en las comunidades.
Asimismo, el sector empresarial privado emerge como un actor técnico fundamental en el proceso de reconstrucción. Debido a su capacidad logística, posesión de maquinaria pesada y agilidad operativa, las empresas privadas son requeridas para la rehabilitación de la infraestructura vial y habitacional. No obstante, la analista advierte que para garantizar una participación sostenida del empresariado, el Estado debe ofrecer garantías de seguridad jurídica que disminuyan la discrecionalidad política en las contrataciones y expropiaciones.
Financiamiento internacional y advertencias sobre corrupción
La viabilidad financiera de la reconstrucción se apoya en mecanismos multilaterales y fondos condicionados. Recientemente, la administración de Delcy Rodríguez obtuvo acceso a un financiamiento de 346 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) destinados a atender las consecuencias de los sismos.
Para canalizar estos y otros recursos se ha propuesto el diseño de una arquitectura financiera que incluye el fideicomiso denominado «Venezuela Renace». Este fondo operará bajo licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, lo que impone condiciones estrictas de supervisión internacional. Adicionalmente, el esquema institucional contempla la creación de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, Vivienda e Infraestructura, así como mesas de coordinación paritarias integradas por diversos sectores en el parlamento.
Sin embargo, el manejo de estos fondos genera alertas dentro de los sectores de control. De acuerdo con información publicada por El Pitazo, el dirigente político Richard Paparoni advirtió que los 346 millones de dólares aprobados para la reconstrucción corren el riesgo de ser desviados mediante prácticas de corrupción si no se establecen mecanismos rigurosos de auditoría independiente y veeduría ciudadana.
El papel de los intermediarios de confianza
Ante la desconfianza mutua entre los bloques políticos, el informe de la UCV destaca el rol del "tercer sector", compuesto por la Iglesia católica, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias multilaterales como la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Estas instituciones actúan como intermediarios de confianza para validar el destino de la ayuda humanitaria y el financiamiento de las obras. Su labor no solo se limita a la supervisión técnica, sino también a la contención de las tensiones sociales mediante un discurso centrado en la dignidad de las comunidades afectadas y la asistencia directa a las familias vulnerables.
Riesgos de retroceso institucional
Heysel Rodríguez advierte en su análisis sobre tres riesgos estratégicos que podrían frustrar la estabilización del país:
- Que el Ejecutivo nacional utilice la emergencia humanitaria como un mecanismo de control social y político para evitar reformas institucionales y democráticas de fondo.
- Que las facciones más radicales de la oposición califiquen cualquier tipo de coordinación técnica u operativa con el gobierno como una claudicación o traición a la ruta política previa.
- Que el diseño de las soluciones institucionales se limite a acuerdos provisionales de corto plazo, impidiendo reformas profundas en la estructura del Estado. Cabe recordar que el proceso general de reestructuración estatal había sido encomendado previamente a la comisión presidida por Héctor Rodríguez.
La viabilidad de este proceso de cohabitación de emergencia dependerá del equilibrio de incentivos de cada sector. El informe concluye señalando que el éxito de esta fase requiere que el gobierno mantenga el orden público sin clausurar los espacios de competencia política, que la oposición ejerza contraloría sin paralizar las obras de reconstrucción, que el sector privado asuma un compromiso técnico de largo plazo y que la sociedad civil organizada asegure la transparencia en el manejo de la ayuda internacional.
