Elección del TSJ, del CNE y presidencial
El objetivo de todos debe ser presionar para que se realice cuanto antes la elección presidencial. Ya la sociedad civil logró ganar, con el liderazgo de María Corina y la candidatura de un ciudadano honorable como Edmundo González La mesa de negociación para la transición política acordó que la agenda fuese: 1) atención a las
La ruta hacia un cambio político en Venezuela exige concentrar los esfuerzos en la realización de una elección presidencial con condiciones verificables, superando las discusiones secundarias sobre la renovación de los poderes públicos que el sector oficialista intenta instrumentalizar. De acuerdo con un análisis publicado por el portal Runrun.es, la experiencia reciente bajo el liderazgo de María Corina Machado y la candidatura de Edmundo González demostró que la organización ciudadana puede superar los obstáculos del sistema, siempre que se mantenga el foco en la obtención de las actas y en la vigilancia del proceso de escrutinio. El debate actual debe centrarse en reactivar la presión interna e internacional para forzar un cronograma electoral real, en lugar de aceptar reformas institucionales diseñadas para mantener el control del Estado.
Las reformas del comité de postulaciones y el control institucional
La designación de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra bajo cuestionamiento debido a las modificaciones legales realizadas en los espacios de diálogo. Runrun.es señala que el artículo 295 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece con claridad que el comité de postulaciones debe estar conformado por voceros de los diversos sectores de la sociedad civil, de acuerdo con los parámetros que fije la ley. Sin embargo, las reformas aplicadas de manera bilateral han alterado este equilibrio constitucional.
En la práctica, la modificación efectuada al artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ determinó que este comité de postulaciones quede integrado por once diputados de la Asamblea Nacional y doce ciudadanos elegidos de otros sectores sociales. El problema estructural de este diseño radica en el método de selección, dado que los doce representantes de la sociedad civil son preseleccionados directamente por los once parlamentarios oficialistas. Posteriormente, la ratificación de los candidatos seleccionados requiere la aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.
Esta configuración genera serias dudas sobre la imparcialidad de los futuros magistrados y rectores electorales. Según el reporte del medio de comunicación mencionado, no existen garantías de que este esquema permita la incorporación de perfiles independientes o técnicamente calificados. El análisis advierte que la influencia de figuras clave del oficialismo, como los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, está orientada a conservar el control de estas instituciones clave para evitar cualquier escenario que ponga en riesgo su permanencia en el poder.
La agenda de negociación y el destino de los recursos
Las negociaciones políticas desarrolladas en los últimos años han estado marcadas por una agenda de tres puntos principales: la atención social a los ciudadanos afectados por desastres naturales, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el establecimiento de derechos y garantías políticas. De acuerdo con la información analizada por Runrun.es, la distribución y el cumplimiento de estos temas ha sido sumamente desigual y ha respondido a los intereses estratégicos de la administración de Nicolás Maduro.
El primer punto, referido a la asistencia humanitaria y de infraestructura, es formalmente una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. No obstante, el oficialismo impulsó su inclusión en la mesa de diálogo con el objetivo financiero de intentar acceder a los recursos y al oro venezolano custodiado en el Banco de Inglaterra en Londres, utilizando la crisis social como argumento de negociación. Mientras tanto, el segundo punto, enfocado en el fortalecimiento democrático, fue reducido de manera unilateral por el gobierno a la simple renovación del TSJ y del CNE, dejando por fuera la discusión medular de las elecciones presidenciales.
El tercer aspecto de la agenda, que contempla las garantías políticas para la oposición y la ciudadanía en general, no ha sido abordado en las sesiones de trabajo. Runrun.es enfatiza que el desempeño de los magistrados del TSJ y de los rectores del CNE en los últimos períodos confirma que estas oficinas no han cumplido con sus mandatos constitucionales de imparcialidad y justicia, lo que proyecta un escenario similar para las designaciones que se realicen bajo los mecanismos actuales de postulación.
Lecciones electorales y la estructura de la observación internacional
A pesar del ventajismo institucional, los resultados de los procesos políticos recientes ofrecen una hoja de ruta clara para las fuerzas democráticas. La movilización ciudadana en torno a la candidatura de Edmundo González evidenció que la vulnerabilidad del sistema no se encuentra en la tecnología de las máquinas de votación ni en el funcionamiento de las mesas electorales, sino en la fase de totalización y en las decisiones políticas de la directiva del CNE, encabezada por Elvis Amoroso.
Para neutralizar estas irregularidades en futuros escenarios, el análisis de Runrun.es propone dos condiciones indispensables:
- Presencia total de testigos: Mantener delegados debidamente acreditados en cada una de las mesas de votación de todo el territorio nacional, con la tarea prioritaria de recolectar y resguardar las actas físicas que certifican el escrutinio real de los sufragios.
- Observación internacional calificada: Requerir misiones de observación técnica extranjera que no se limiten a labores de acompañamiento pasivo, sino que posean plenas facultades para auditar todas las fases del proceso, especialmente el ingreso de datos en la sala de totalización centralizada.
Con estas medidas de fiscalización técnica, la Sala Electoral del TSJ y el directorio del CNE tendrían un margen de maniobra sumamente reducido para convalidar resultados que no coincidan con las actas físicas recolectadas por las comunidades organizadas en los centros electorales.
El rol de la comunidad internacional y el equilibrio de poderes
El análisis histórico de la crisis venezolana revela que las estrategias exteriores también han cometido errores de cálculo que prolongaron la permanencia del oficialismo. Runrun.es expone que, durante la gestión del expresidente estadounidense Donald Trump, la diplomacia de ese país priorizó los acuerdos comerciales y los intereses corporativos por encima de una estrategia efectiva para la restitución del hilo democrático en Venezuela, lo que facilitó que figuras como Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez conservaran su influencia en la estructura del Estado.
Ante este panorama, resulta fundamental reorientar la presión exterior. El informe señala la importancia de gestionar apoyos clave en el Congreso de los Estados Unidos, mencionando específicamente al senador Marco Rubio, para que se exija de manera prioritaria la realización de comicios presidenciales con estándares competitivos. Asimismo, se plantea la necesidad de demostrar al gobierno estadounidense que la existencia de un ejecutivo legítimo en Venezuela es el único camino viable para garantizar la estabilidad regional y asegurar sus propios intereses estratégicos a largo plazo.
Finalmente, la viabilidad de un cambio político no depende de la sumisión a las actuales autoridades judiciales. En caso de concretarse una transición en el Poder Ejecutivo, el peso de una nueva administración respaldada por el voto popular limitaría de forma drástica la capacidad de los magistrados del TSJ para emitir sentencias contrarias al orden constitucional. Una ciudadanía movilizada y una nueva Asamblea Nacional tendrían las herramientas legales e institucionales para revisar el desempeño de los jueces, reducir sus períodos de ejercicio o proceder a su destitución inmediata por incumplimiento de sus deberes constitucionales.
