OVP: Terremotos en Venezuela dejaron en evidencia falta de protocolos para proteger a privados de libertad
Las personas privadas de libertad constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a cualquier desastre natural. A diferencia del resto de la población,
Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio en Venezuela evidenciaron la ausencia de protocolos estatales claros para resguardar a la población reclusa ante desastres naturales. De acuerdo con un reporte del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las personas privadas de libertad en los estados La Guaira, Miranda, Falcón, Aragua y el Distrito Capital enfrentaron la emergencia bajo condiciones de total dependencia de sus custodios, sin acceso a rutas de evacuación oportunas ni información pública sobre el estado de las infraestructuras tras el evento y sus más de 1.388 réplicas. Esta situación de vulnerabilidad se ve agravada por el deterioro histórico de los centros de detención en el país, los cuales no cuentan con planes de contingencia conocidos para afrontar eventos telúricos.
Desatención y demoras en Rodeo I y La Guaira
El Observatorio Venezolano de Prisiones documentó fallas graves en la respuesta de los custodios y las autoridades durante los movimientos telúricos del 24 de junio. Uno de los casos reportados por la organización ocurrió en la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (D.I.E.P.) de la Policía del estado La Guaira, ubicada en la parroquia Caraballeda. En este recinto policial se realizó un desalojo temporal durante el sismo, pero posteriormente un grupo de 25 mujeres fue reingresado a las celdas. Según el OVP, hasta el momento se desconoce la cifra exacta de hombres que se encontraban en el lugar y bajo qué condiciones quedaron tras el procedimiento de evacuación. Asimismo, los familiares de este grupo de reclusos han denunciado dificultades para entregar alimentos e insumos básicos, debido a las restricciones de acceso al centro de detención tras el sismo.
Por otra parte, la situación en el Internado Judicial Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, expuso retrasos críticos en la evacuación de los internos. Familiares de los privados de libertad informaron al OVP que los reclusos permanecieron encerrados en sus celdas mientras ocurría el terremoto. Los testimonios indican que los internos comenzaron a gritar debido al desprendimiento de fragmentos de bloques dentro de las celdas, pero los custodios tardaron aproximadamente 45 minutos en acudir para abrir los candados y permitir la salida al patio. Los reclusos permanecieron a la intemperie en las áreas comunes del penal hasta altas horas de la madrugada, entre las 2:00 a. m. y las 3:00 a. m., antes de ser ingresados nuevamente a los pabellones.
Los parientes de los internos de Rodeo I también denunciaron la aparición de daños visibles en la infraestructura del penal, específicamente en las columnas y en las estructuras de las hileras B y C. De acuerdo con la información recibida por el OVP, un ingeniero adscrito al Ministerio para el Servicio Penitenciario, identificado como Miguel Aponte, se presentó en las instalaciones para realizar una inspección de la estructura física. Sin embargo, las autoridades no han publicado ningún informe técnico ni han compartido con los familiares los resultados de dicha evaluación, lo que mantiene la incertidumbre sobre la seguridad de las celdas habitadas.
Vulnerabilidad estructural y falta de inspecciones técnicas
La falta de información sobre las condiciones de las cárceles tras los sismos contraviene las normas técnicas de seguridad estructural. Según los estándares internacionales de ingeniería civil, la ocurrencia de un sismo de gran magnitud exige una revisión exhaustiva de elementos de soporte como columnas, vigas, losas, cimentaciones y muros portantes, además de la verificación de los sistemas eléctricos e hidráulicos para descartar fugas o cortocircuitos que pongan en peligro a los ocupantes.
El OVP advierte que estas evaluaciones son urgentes en el contexto venezolano debido al estado de abandono que presentan los centros penitenciarios y calabozos policiales. El uso prolongado de edificaciones que no fueron diseñadas para albergar grandes poblaciones penales, sumado a problemas crónicos de filtraciones, grietas, fallas generalizadas de mantenimiento y hacinamiento extremo, incrementa el riesgo de colapso ante movimientos sísmicos repetitivos o réplicas de gran magnitud. A diferencia de los ciudadanos en libertad, la población penal no tiene la capacidad de decidir salir de una estructura que considere inestable o peligrosa, por lo que su supervivencia depende por completo de las decisiones de la administración carcelaria.
Hasta la fecha, ninguna institución oficial del Estado venezolano ha emitido un balance detallado sobre las condiciones de habitabilidad de los centros de reclusión ubicados en las zonas más afectadas por los sismos del 24 de junio, lo que impide conocer con certeza si las estructuras siguen siendo aptas para albergar personas de forma segura.
Modelos regionales frente a la previsión venezolana
El contraste entre la situación de Venezuela y la de otros países de América Latina con alta actividad sísmica evidencia la carencia de políticas públicas de prevención en el sistema penitenciario local. De acuerdo con el análisis comparativo del OVP, naciones como Chile, México y Colombia han desarrollado marcos legales específicos y entrenamientos continuos para proteger a la población reclusa y al personal civil y de custodia durante desastres naturales.
En el caso de Chile, la Gendarmería nacional cuenta con planes de contingencia adaptados a la realidad geográfica de cada centro penitenciario, estableciendo protocolos de evacuación claros y zonas de seguridad internas y externas. En México, la legislación obliga a cada establecimiento de reclusión a diseñar e implementar un Programa Interno de Protección Civil, el cual debe estructurarse según las características físicas de la infraestructura, los riesgos de la zona y la cantidad de población penal que alberga.
Por su parte, Colombia cuenta con una política de gestión de emergencias coordinada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Este modelo exige que cada centro penitenciario constituya comités operativos de emergencia, organice brigadas de auxilio integradas por el propio personal de la institución y realice de forma obligatoria al menos dos simulacros de evacuación al año para mantener al personal y a los reclusos capacitados ante contingencias.
La existencia de estas normativas y entrenamientos sistemáticos en la región demuestra que es posible coordinar la seguridad de los recintos con el derecho a la vida de los reclusos. En Venezuela, la falta de una estructura institucional equivalente o de planes de emergencia de conocimiento público deja a los privados de libertad en una situación de indefensión ante futuros eventos sísmicos.
Exigencias de transparencia y seguridad
Ante la falta de respuestas oficiales a casi un mes de ocurridos los movimientos telúricos, el Observatorio Venezolano de Prisiones instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a publicar un informe detallado sobre la situación física de todas las cárceles y calabozos policiales ubicados en las regiones afectadas por los sismos. La organización enfatiza que es indispensable contar con un diagnóstico técnico avalado por especialistas que certifique que las estructuras no representan un peligro para la vida de los internos.
La seguridad de las personas bajo custodia del Estado es una obligación constitucional e internacional que no puede ser ignorada durante situaciones de emergencia natural. La ausencia de protocolos de evacuación eficientes y la falta de transparencia sobre los daños estructurales en centros como Rodeo I y la D.I.E.P. de La Guaira exigen una reestructuración de las políticas de gestión de riesgos dentro del sistema penitenciario venezolano, garantizando que la preservación de la vida sea la prioridad ante cualquier desastre futuro.
