OVP registra 18 muertes bajo custodia tras nuevo caso en Táchira

La Constitución Ignorada: Un Estado Fallido en su Obligación

La situación descrita por el OVP no solo contraviene los principios humanitarios más elementales, sino que constituye una flagrante violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). El artículo 83 de la Carta Magna establece de manera inequívoca que la salud es un derecho social fundamental, intrínseco a la vida, y una obligación ineludible del Estado garantizarlo como parte del derecho a la vida. La ausencia de atención médica oportuna y la exposición a condiciones que propician enfermedades en los centros de reclusión anulan de facto este derecho para la población penitenciaria.

Aún más específica es la violación del artículo 272 de la CRBV, que impone al Estado la responsabilidad de asegurar un sistema penitenciario basado en el respeto de los derechos humanos y que contribuya a la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Las condiciones actuales de las cárceles venezolanas distan abismalmente de este mandato constitucional. La falta de acceso a servicios básicos, la desatención médica y el hacinamiento no solo impiden cualquier posibilidad de rehabilitación, sino que atentan directamente contra la dignidad y la integridad física y psicológica de los internos, transformando la reclusión en una pena de muerte silenciosa para muchos.

El incumplimiento de estos preceptos constitucionales subraya una profunda crisis institucional y de derechos humanos. La custodia estatal implica una responsabilidad inherente sobre la vida y la salud de los individuos privados de su libertad. Cuando esta responsabilidad se evade, y las condiciones de reclusión se vuelven letales, se socavan los cimientos del Estado de derecho y se envía un mensaje desalentador sobre el valor de la vida humana en el contexto venezolano.

Silencio Institucional y Demanda de Justicia

Frente a esta escalada de muertes y el deterioro generalizado de los derechos humanos en los centros penitenciarios, la respuesta de las instituciones del Estado ha sido calificada de inexistente o, en el mejor de los casos, insuficiente. El OVP ha señalado directamente la ausencia de acciones contundentes por parte de la Defensoría del Pueblo, encabezada por Egleé González Lobato, a pesar de que esta institución tiene el mandato constitucional de velar por la garantía y promoción de los derechos humanos, especialmente los de las poblaciones más vulnerables, como los privados de libertad.

Mientras los informes del OVP detallan cómo los presos enferman, se deterioran y finalmente mueren bajo la custodia del Estado, la actuación de los órganos encargados de prevenir estas violaciones parece paralizada. Esta inacción no solo perpetúa el ciclo de vulneración, sino que también contribuye a un clima de impunidad que desincentiva cualquier mejora o reforma necesaria. La falta de rendición de cuentas por las muertes ocurridas agrava la percepción de que las vidas de los reclusos tienen un valor secundario para las autoridades.

El Observatorio Venezolano de Prisiones ha sido contundente en su llamado a la acción, exigiendo que cada una de estas muertes sea objeto de una investigación exhaustiva, transparente y orientada a la verdad. La demanda no se limita a esclarecer los hechos, sino que abarca la necesidad de justicia para las víctimas y sus familias, la reparación de los daños causados, la implementación de garantías de no repetición para evitar futuras tragedias y, crucialmente, la determinación de responsabilidades concretas para aquellos que, por acción u omisión, permitieron que estas muertes ocurrieran.

En un país donde la crisis humanitaria se ha extendido a múltiples esferas, el sistema penitenciario emerge como uno de sus capítulos más oscuros y urgentes. La persistencia de muertes bajo custodia estatal, la desatención médica generalizada y la indiferencia institucional conforman un panorama desolador que clama por una intervención inmediata y efectiva. La defensa de los derechos humanos de los privados de libertad no es solo una cuestión de justicia, sino un indicador fundamental del compromiso de un Estado con los principios más básicos de humanidad y dignidad. El clamor del OVP resuena como una advertencia y un recordatorio de que la vida de cada persona, incluso de aquellas tras las rejas, merece ser protegida y respetada.