El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha instado al Estado venezolano a garantizar condiciones de reclusión dignas para las personas privadas de libertad, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Nelson Mandela cada 18 de julio. La organización no gubernamental enfatizó la importancia de esta fecha para recordar que ninguna condena implica la pérdida de la dignidad humana ni de los derechos fundamentales, y que toda persona bajo custodia estatal debe ser tratada con humanidad y respeto, en concordancia con los estándares internacionales.
El Legado de Nelson Mandela y las Reglas Mínimas de la ONU
La conmemoración del Día Internacional de Nelson Mandela fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 64/13, en reconocimiento a la trayectoria del expresidente sudafricano, quien pasó 27 años en prisión antes de convertirse en un referente mundial de dignidad, igualdad y justicia. Este reconocimiento busca honrar su compromiso con estos principios, que se mantienen relevantes en el contexto de los sistemas penitenciarios globales.
En 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó una revisión de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales fueron renombradas oficialmente como "Reglas Nelson Mandela". Este conjunto de normas constituye el principal estándar internacional para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. La resolución que las adoptó también amplió el alcance de la conmemoración del 18 de julio, buscando promover condiciones de reclusión que respeten la dignidad humana, reafirmar que las personas privadas de libertad siguen siendo parte de la sociedad y reconocer la labor del personal penitenciario.
Desde el OVP, se sostiene que esta fecha debe ser reconocida también como el Día de las Personas Privadas de Libertad, para subrayar que la privación de la libertad no anula la dignidad ni los derechos inherentes a todo ser humano. La organización subraya que las Reglas Mandela no son meras recomendaciones, sino un marco que establece las condiciones mínimas que cada Estado tiene la obligación de garantizar para proteger la vida, la salud, la integridad física y la dignidad de quienes están bajo su custodia.
