Obstáculos Regulatorios para la Ayuda Humanitaria
Uno de los puntos de mayor preocupación expresados por los expertos de la ONU es la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. Esta normativa exige a las entidades sin fines de lucro realizar trámites de inscripción o reinscripción en un registro estatal. Sin embargo, los expertos han indicado que estos procedimientos se han convertido en un impedimento significativo para numerosas organizaciones debido al "silencio administrativo" por parte de las autoridades. Esta falta de respuesta puede comprometer la operatividad de las organizaciones y, en algunos casos, resultar en la congelación arbitraria de su personalidad jurídica, limitando su capacidad para actuar legalmente y recibir fondos.
Aunado a la Ley de Fiscalización, los expertos también mencionaron las regulaciones establecidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN). Según sus observaciones, estas normativas someten a las organizaciones no gubernamentales a un nivel de supervisión que consideran excesivo en comparación con otros actores. Estas disposiciones no solo complican la recepción de recursos, incluyendo aquellos provenientes de organizaciones internacionales, sino que también dificultan la gestión eficiente de los fondos. La complejidad y el escrutinio adicionales impuestos por SUDEBAN pueden ralentizar la llegada de ayuda vital a las poblaciones que la necesitan, especialmente en momentos de emergencia donde la celeridad es un factor crítico.
La combinación de estas barreras regulatorias crea un entorno desafiante para las organizaciones de la sociedad civil, que a menudo dependen de la flexibilidad y la rapidez para responder a las necesidades urgentes. La burocracia, la falta de transparencia en los procesos administrativos y la excesiva supervisión bancaria pueden desincentivar la participación de nuevos actores y limitar la expansión de la ayuda existente, contrariando el objetivo de una respuesta humanitaria eficaz y coordinada.
Llamado a la Facilitación y Protección de la Asistencia
En su comunicado, los expertos de la ONU hicieron un llamado específico a Venezuela para que facilite las transferencias de efectivo dirigidas a las personas damnificadas por los sismos. La provisión directa de fondos a las víctimas puede ser una forma eficaz de asistencia, permitiéndoles adquirir los bienes y servicios que consideren más urgentes y adecuados a sus necesidades específicas, lo que a menudo es más eficiente que la distribución de bienes en especie. Esta modalidad de ayuda empodera a las comunidades y contribuye a la recuperación económica local.
Adicionalmente, los expertos solicitaron que las fuerzas de seguridad del Estado protejan las iniciativas ciudadanas de ayuda y los centros de acopio. La seguridad de los voluntarios, del personal humanitario y de los bienes recolectados es fundamental para garantizar que la asistencia llegue a quienes la necesitan sin interrupciones ni riesgos. La protección de estos esfuerzos es considerada una acción habitual en cualquier situación de crisis humanitaria global, donde la colaboración entre el Estado y la sociedad civil es esencial para maximizar el impacto de la respuesta. El respaldo gubernamental a estas iniciativas no solo facilita su labor, sino que también fomenta la confianza y la participación ciudadana en la gestión de emergencias.
La solicitud de la ONU resalta la importancia de un marco operativo que permita a las organizaciones humanitarias y a la ciudadanía trabajar sin impedimentos, asegurando que la ayuda pueda fluir de manera efectiva y segura hacia las poblaciones afectadas. La eliminación de barreras burocráticas y la garantía de seguridad son pasos clave para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante futuras emergencias.
Perspectiva para el Futuro de la Asistencia Humanitaria
La intervención de los expertos de la ONU subraya la necesidad de revisar y adaptar las políticas regulatorias en Venezuela para asegurar que no obstaculicen la acción humanitaria, especialmente en momentos de crisis. El reconocimiento del papel "indispensable" de la sociedad civil en la respuesta a desastres naturales y en la asistencia continua a las comunidades afectadas por diversas situaciones, sugiere la importancia de un diálogo constructivo entre las autoridades y las organizaciones no gubernamentales. La facilitación de la labor de estas entidades, la agilización de los trámites administrativos y la protección de sus iniciativas son elementos clave para fortalecer la capacidad de respuesta del país. Una cooperación efectiva y un marco regulatorio propicio no solo beneficiarían a las poblaciones vulnerables, sino que también alinearían las prácticas nacionales con los estándares internacionales de acción humanitaria, promoviendo una respuesta más robusta y coordinada ante cualquier eventualidad futura.
