La tragedia de Daniel, un ciudadano venezolano deportado de Estados Unidos que encontró la muerte en los sismos que sacudieron la región centro-norte de Venezuela el 24 de junio, ha puesto en el centro del debate público la dignidad y los protocolos de repatriación para migrantes. Su madre, Oswadeliz Núñez, ha alzado su voz para denunciar lo que considera un trato deshumanizado por parte de las autoridades venezolanas, enfatizando que los deportados "no son sacos de papas" sino seres humanos con derechos que merecen protección y un proceso de retorno seguro.
Daniel, de 28 años, acababa de ser repatriado en el vuelo 164, un vuelo semanal que formaba parte de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Este vuelo transportaba a 120 hombres, 19 mujeres, 5 niños y 2 niñas, todos con la expectativa de reiniciar sus vidas en su país de origen. Sin embargo, el destino de Daniel y otros deportados se truncó cuando el hotel El Santuario de La Llanada, en La Guaira, donde se encontraban retenidos por las autoridades venezolanas, colapsó debido a los dos fuertes terremotos que impactaron la zona.
La Sra. Núñez, en declaraciones a CNN en Español, relató la angustia de la espera. Desde El Tigre, estado Anzoátegui, a casi siete horas de distancia de La Guaira, recibió la última llamada de su hijo. Daniel le comunicó, usando el teléfono de un funcionario del Servicio de Inteligencia y Seguridad de Venezuela (Sebin), que había aterrizado y que al día siguiente sería trasladado a casa. Aproximadamente 30 minutos después de esa conversación, la tierra tembló, y el edificio donde Daniel estaba retenido se derrumbó.
La búsqueda de Daniel y el reconocimiento de su cuerpo, desfigurado por la catástrofe, fue un proceso doloroso para su madre. Un tatuaje, que en su momento fue motivo de discusión entre ellos, se convirtió en la señal inequívoca que le permitió identificar a su hijo. Este hecho subraya la profunda crisis humana que se desata tras eventos de esta magnitud, donde la identidad se reduce a detalles físicos ante la pérdida de la fisonomía conocida.
Desde entonces, Oswadeliz Núñez ha transformado su duelo en una lucha por la justicia y la dignidad de los repatriados. Su demanda no es económica, sino moral: exige una reparación por el trato recibido y una mejora urgente en los protocolos del Estado venezolano para los ciudadanos que regresan. Critica que los deportados, especialmente aquellos sin antecedentes penales como Daniel, no puedan ser liberados de inmediato al llegar al país, quedando sujetos a trámites burocráticos que los mantienen en una situación de vulnerabilidad y, como en este caso, expuestos a riesgos innecesarios.
El Contexto de la Migración y la Repatriación en Venezuela
La historia de Daniel y Oswadeliz Núñez se inscribe en un contexto más amplio de profunda crisis migratoria venezolana. En los últimos años, millones de venezolanos han abandonado el país, buscando mejores condiciones de vida, oportunidades laborales o protección. Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), se estima que más de 7.7 millones de venezolanos han salido del país hasta finales de 2023. Este éxodo ha generado complejas dinámicas de migración irregular, lo que a su vez ha llevado a un aumento significativo de las deportaciones desde diversos países, incluyendo Estados Unidos.
Históricamente, la relación entre Venezuela y sus migrantes ha fluctuado. En décadas pasadas, Venezuela fue un país receptor de migrantes, principalmente de Europa y otros países de América Latina, lo que forjó una tradición de acogida. Sin embargo, la crisis económica, social y política de los últimos años ha revertido esta tendencia, convirtiendo a Venezuela en un país de origen masivo de migrantes. La repatriación, aunque necesaria para algunos, se ha visto empañada por la falta de recursos y protocolos claros que garanticen un retorno digno y seguro.
Los vuelos de deportación desde Estados Unidos, como el que trajo a Daniel, comenzaron a intensificarse bajo la administración de Donald Trump y han continuado, con algunas interrupciones, bajo la administración de Joe Biden. Estos vuelos forman parte de acuerdos migratorios bilaterales que, si bien buscan regular los flujos migratorios, a menudo son criticados por organizaciones de derechos humanos debido a la rapidez con la que se procesan las deportaciones y la falta de consideración por las circunstancias individuales de los deportados, incluyendo posibles solicitudes de asilo o situaciones de vulnerabilidad.
La crítica de Oswadeliz Núñez sobre la retención de los deportados al llegar a Venezuela no es un hecho aislado. Diversas organizaciones no gubernamentales han documentado casos de ciudadanos venezolanos que, al ser repatriados, son sometidos a procesos de revisión prolongados, en ocasiones sin justificación clara, y retenidos en instalaciones que no siempre cumplen con los estándares adecuados. Esta situación genera incertidumbre, estrés y, como se demostró trágicamente en el caso de Daniel, puede exponer a los individuos a riesgos adicionales que podrían evitarse con protocolos más eficientes y humanitarios.
