Ministra para la Mujer desconoce denuncias de violaciones a los derechos de presas políticas
El Comité para la Liberación de los Presos Políticos y la Alianza de Mujeres Políticas se reunieron con Yelitze Santaella, ministra para la Mujer, y le entregaron un documento en el cual exigen que se investiguen los casos de abuso a las privadas de libertad. Caracas. Cuestionados. Así se sintieron los familiares de los presas […]
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Crónica Uno
5 jun. 2026
La Indiferencia Oficial Ante el Grito de las Mujeres Presas: Familias Denuncian Negación de Violaciones Sistemáticas
Caracas, Venezuela – Un manto de incredulidad y profunda frustración cubrió a los familiares de mujeres detenidas por razones políticas y a activistas de derechos humanos tras una reciente reunión con Yelitze Santaella, la Ministra para la Mujer. Los parientes salieron del encuentro con la amarga sensación de que sus clamores, documentados y denunciados incansablemente durante más de dos años, fueron recibidos con una desconcertante falta de reconocimiento por parte de la alta funcionaria.
La mañana de este viernes, la sede del Ministerio para la Mujer en Caracas fue el epicentro de una protesta silenciosa pero cargada de dolor. Integrantes del Comité para la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) y de la Alianza de Mujeres Políticas se congregaron para entregar un documento crucial. En él, no solo exigían la liberación de las mujeres privadas de libertad, sino que también instaban a la Ministra a utilizar su influencia para promover una investigación independiente y exhaustiva sobre las graves violaciones de derechos humanos que, según sus testimonios, se cometen de manera recurrente en los centros de detención del país.
Sin embargo, la expectativa de ser escuchados chocó con una realidad desoladora. Evelyn Pinto, coordinadora de la Alianza de Mujeres Políticas, compartió el sentimiento generalizado tras la reunión. "No puedo decir que fue el encuentro más agradable; hubo un fuerte cuestionamiento por parte de los familiares. El cinismo fue palpable cuando nos respondieron: 'no sabemos de qué casos nos están hablando', a pesar de que hemos presentado innumerables denuncias ante instituciones públicas", relató Pinto, reflejando la indignación de un colectivo que se siente invisibilizado.
Una de las familiares, al salir de la reunión, expresó su consternación ante la actitud de la Ministra. "Nos sorprende que la Ministra hable de estos casos como si fueran asuntos triviales y afirme que ni hombres ni mujeres son presos políticos. Nos aseguró que llevaría nuestras denuncias al Ministerio para el Servicio Penitenciario, pero la sensación es de una profunda desconexión con la realidad que enfrentan nuestras mujeres", manifestó, con la voz cargada de impotencia.
El Calvario de la Detención: Testimonios de Tortura y Trato Cruel
Los relatos de los familiares de las mujeres detenidas pintan un panorama sombrío y desgarrador de la privación de libertad en Venezuela. Las denuncias abarcan desde prácticas vejatorias durante las requisas hasta condiciones de reclusión que atentan contra la dignidad humana y, en algunos casos, la propia vida.
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Madres y esposas han compartido testimonios escalofriantes sobre las requisas antes de las visitas, donde las custodias presuntamente obligan a las mujeres a desnudarse, las someten a tocamientos indebidos, las fuerzan a agacharse y pujar, e incluso utilizan linternas para inspeccionar sus partes íntimas. Estas prácticas, lejos de ser aisladas, se reportan como sistemáticas, convirtiendo cada visita en un acto de humillación para las familiares.
En el centro de detención Rodeo I, las mujeres que visitaban a sus seres queridos eran encapuchadas, una práctica denunciada públicamente por los parientes, que se suma a la larga lista de tratos inhumanos durante las visitas. Estos actos no solo violan los derechos de las detenidas, sino que también traumatizan a sus familias, quienes se convierten en víctimas indirectas de un sistema que parece buscar la deshumanización.
La violencia sexual emerge como una de las aristas más crueles de estas violaciones. Zoraida González, suegra de Yanin Pernía, relató recientemente el horror vivido por la joven en 2018, cuando fue detenida en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. González denunció que los funcionarios le pasaron su arma de reglamento por sus partes íntimas, un acto de barbarie que deja cicatrices imborrables.
No es un incidente aislado. Desde 2020, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha documentado múltiples casos de violencia sexual contra mujeres detenidas por motivos políticos, incluyendo situaciones donde funcionarios habrían perpetrado actos sexuales a cambio de privilegios, perpetuando un ciclo de abuso y corrupción.
El caso de Emirlendris Benítez, condenada a 30 años de prisión bajo acusaciones de vinculación con un atentado en 2018, es un ejemplo contundente de la brutalidad. Amnistía Internacional ha documentado que Emirlendris sufrió un aborto inducido durante su detención y que las torturas a las que fue sometida le han dejado graves secuelas de salud, un testimonio vivo del desprecio por la vida y la integridad física.
Un Grito por la Dignidad: Condiciones Inhumanas y Abandono Médico
Más allá de la violencia explícita, las condiciones de reclusión en Venezuela representan un desafío constante a la dignidad humana. Testimonios de familiares recabados por medios independientes revelan que en cárceles como el Instituto de Orientación Femenina (INOF) y La Crisálida, ambas ubicadas en Los Teques, estado Miranda, las privadas de libertad reciben apenas un tobo de agua para su aseo personal y para lavar su ropa. Esta escasez de agua tiene consecuencias devastadoras: las mujeres no tienen acceso a productos de higiene menstrual adecuados y, en muchos casos, son separadas de sus hijos en período de lactancia, contraviniendo las Reglas de Bangkok, que establecen la necesidad de espacios de atención ginecológica y para lactar.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha sido una voz constante en la denuncia de estas realidades. En su informe anual, la organización detalló las condiciones precarias de detención que enfrentan las mujeres, destacando graves deficiencias en la atención médica especializada, la alimentación, el acceso al agua potable y la falta de espacios adecuados para madres y sus hijos. La situación es tan crítica que, según el OVP, al menos cinco mujeres privadas de libertad por delitos comunes fallecieron en 2023 por falta de atención médica oportuna.
Las mujeres detenidas por motivos políticos no escapan a esta realidad. Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, sufrió una fractura de hombro durante su primer año de detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y no recibió atención médica especializada adecuada hasta su excarcelación en enero de este año. De igual forma, Merys Torres de Sequea, de 72 años y madre del capitán Antonio Sequea, estuvo privada de libertad en el INOF hasta mayo de este año, a pesar de sus graves problemas de salud, denunciados incansablemente por su hija Fátima.
El OVP también documentó el caso de Maylekis Borges, detenida en 2023 mientras estaba embarazada por ser la pareja de un teniente en el exilio. La joven dio a luz en prisión y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, una situación que subraya el impacto de la persecución política en las familias y en los más vulnerables.
La búsqueda de justicia y la lucha por la verdad también tienen sus víctimas. El caso de Carmen Navas, quien buscaba a su hijo Víctor Hugo Quero Navas, desaparecido forzadamente, es un doloroso recordatorio. Tras más de un año sin noticias, le informaron que su hijo había fallecido en julio de 2023. Diez días después, Carmen, consumida por el dolor y la incertidumbre, también falleció.
Un Sistema Penitenciario Desequilibrado y la Realidad de Cifras Incompletas
Hasta este 5 de junio, el Foro Penal documenta la existencia de 35 mujeres y 369 hombres que permanecen detenidos por motivos políticos en Venezuela. Estas cifras, aunque alarmantes, apenas arañan la superficie de un sistema penitenciario que, según el OVP, está profundamente desequilibrado. En Venezuela, existe solo una cárcel exclusiva para mujeres, mientras que los hombres disponen de 35 centros penitenciarios. A esto se suman 11 anexos femeninos y un internado judicial masculino que alberga mujeres, lo que evidencia la falta de infraestructura adecuada y especializada para la población femenina privada de libertad.
La negativa o el "desconocimiento" de la Ministra para la Mujer ante las denuncias de violaciones de derechos humanos no solo profundiza el dolor de las familias, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la voluntad política de abordar una crisis humanitaria que se agrava día a día. Las voces de Evelyn Pinto, Zoraida González, y las de tantas otras madres y esposas resuenan como un clamor por la justicia, la verdad y, sobre todo, por la dignidad de las mujeres venezolanas que hoy se encuentran tras las rejas. Su lucha es un recordatorio constante de que, en la búsqueda de la libertad, el respeto por los derechos humanos no puede ser un asunto de "desconocimiento" sino de acción urgente y decidida.
