Más de 10 ONG solicitaron inspección independiente en cárceles que sufrieron daños por los terremotos
Al menos 11 ONG y familiares de presos políticos, pidieron este miércoles 22 de julio, permitir una inspección independiente y transparente de la infraestructura
Un grupo de 11 organizaciones no gubernamentales y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela solicitaron formalmente una inspección independiente y transparente de las infraestructuras carcelarias del país. Esta petición surge cuatro semanas después de registrarse un doble terremoto que causó la muerte de 5.346 personas, de acuerdo con los datos suministrados por las autoridades gubernamentales. La solicitud busca determinar el estado físico de los centros de reclusión y garantizar la integridad de las personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.
Petición de evaluación técnica e ingreso internacional
Las organizaciones firmantes del documento conjunto son Provea, Defiende Venezuela, Cofavic, Justicia, Encuentro y Perdón, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria, Foro Penal, Civilis, Acceso a la Justicia y Cepaz. Estas instituciones exigen que el Estado venezolano permita una evaluación técnica de carácter independiente sobre las estructuras de los penales que pudieron haber sufrido daños debido a los movimientos telúricos.
La solicitud de las organizaciones civiles contempla la necesidad de que las autoridades faciliten el ingreso inmediato a los centros de reclusión de agencias internacionales especializadas en derechos humanos y asistencia humanitaria. Entre los organismos mencionados en el pliego de peticiones se encuentran el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. La presencia de estos actores internacionales tiene como objetivo verificar de manera directa las condiciones de habitabilidad y seguridad dentro de las prisiones tras los sismos.
Demandas de acceso y atención médica
Además de la revisión estructural de las edificaciones, el comunicado conjunto de las organizaciones enfatiza la urgencia de restablecer y regularizar el acceso de los familiares y los abogados defensores a los centros de detención. Esta demanda se produce tras las denuncias sobre la suspensión de las visitas en diversos recintos carcelarios del país. Las organizaciones insisten en que el contacto regular con el exterior es un derecho fundamental que debe ser garantizado.
La atención médica oportuna para la población penal es otro de los puntos centrales del reclamo. Las organizaciones firmantes señalan la necesidad de que el Estado proporcione información pública y transparente sobre el estado de salud física de los internos. Martha Tineo, directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, fue la encargada de leer el documento durante una rueda de prensa orientada a exigir la liberación de los presos políticos. Tineo subrayó que la situación de emergencia humanitaria que atraviesa el territorio venezolano no debe ser utilizada como un argumento para postergar la agenda de derechos humanos en el país. Según la vocera, la protección de la vida de los ciudadanos encarcelados depende directamente del restablecimiento de las garantías constitucionales, del correcto funcionamiento de las instituciones públicas y del respeto a los derechos fundamentales.
Denuncias de desatención y falta de balances oficiales
Por su parte, familiares de los presos políticos declararon a la agencia de noticias EFE que las autoridades estatales han mantenido una actitud de desatención hacia la población reclusa tras la ocurrencia de los sismos. De acuerdo con estos testimonios, la falta de respuesta gubernamental se manifiesta en un deterioro de la alimentación suministrada a los internos, así como en la ausencia de reparaciones o evaluaciones en las áreas físicas que resultaron afectadas por el desastre natural.
Hasta la fecha de emisión del pronunciamiento de las organizaciones de derechos humanos, la administración estatal no ha publicado un balance oficial detallado sobre las condiciones específicas de los detenidos ni sobre el estado físico de la red de cárceles del país tras los temblores. Esta falta de datos oficiales contrasta con las denuncias públicas realizadas por allegados de los detenidos en centros de reclusión como Ramo Verde y El Rodeo I, quienes reportaron condiciones críticas y una falta de medidas oportunas de protección civil dirigidas a resguardar la vida de los privados de libertad frente a las réplicas o nuevos movimientos sísmicos.
Impacto general del evento sísmico
El doble terremoto que motivó la solicitud de las organizaciones no gubernamentales se registró el pasado 24 de junio, alcanzando magnitudes de 7,2 y 7,5. Los efectos del sismo se extendieron más allá de la infraestructura carcelaria, afectando a amplios sectores de la población civil en el territorio nacional. Según el balance oficial más reciente presentado por Jorge Rodríguez, correspondiente al martes 21 de julio, el desastre natural ha dejado un saldo de 16.740 personas heridas y un total de 17.265 personas que perdieron sus viviendas.
A estas cifras se suman las 5.346 muertes registradas oficialmente por las autoridades gubernamentales. Ante la magnitud de la emergencia general, las organizaciones de derechos humanos insisten en que la población carcelaria se encuentra en una situación de vulnerabilidad, debido a las condiciones previas de los penales venezolanos. La ausencia de un reporte oficial que determine el impacto específico de los sismos en los centros de detención incrementa la incertidumbre de los familiares sobre la seguridad de los internos.
Perspectivas del reclamo civil
La petición de inspección técnica formulada por las 11 organizaciones no gubernamentales busca establecer un canal de verificación que permita conocer la realidad de las prisiones venezolanas tras los eventos sísmicos del 24 de junio. La respuesta que ofrezcan las instituciones del Estado a esta solicitud de ingreso para organismos internacionales y expertos independientes definirá el nivel de transparencia con el que se manejará la situación de los derechos humanos y la seguridad de los privados de libertad en el contexto de la actual emergencia.
