María Corina Machado regresará a Venezuela junto con Edmundo González
La líder de las fuerzas democráticas y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, junto al presidente electo Edmundo González Urrutia, difundieron
La líder opositora María Corina Machado y el dirigente Edmundo González Urrutia ratificaron la vigencia de los mandatos políticos surgidos de las elecciones primarias de octubre de 2023 y de los comicios presidenciales de julio de 2024 a través de un documento conjunto difundido el domingo 26 de julio. En la declaración, ambos voceros fijaron una postura pública sobre las recientes iniciativas de negociación promovidas por parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en 2015 y delegados del oficialismo. Asimismo, los firmantes urgieron la conformación de una gestión pública con capacidad técnica y solvencia ética para hacer frente a la situación interna del país, la cual señalaron que se ha complejizado tras eventos naturales que afectaron diversas regiones del territorio nacional.
Vigencia de los mandatos ciudadanos y crisis interna
De acuerdo con el documento suscrito por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, las expresiones de voluntad popular registradas tanto en la elección primaria del 22 de octubre de 2023 como en la jornada electoral presidencial del 28 de julio de 2024 constituyen mandatos vigentes que deben guiar cualquier salida política en el país. Los dirigentes sostienen que estos hitos electorales representan la base de la legitimidad democrática y la ruta aprobada por la ciudadanía para lograr un cambio en la conducción del Estado.
El texto conjunto expone que la situación del país se encuentra en un estado de vulnerabilidad estructural, la cual se vio agravada por los sismos registrados el pasado 24 de junio. Según señalan Machado y González Urrutia en su declaración, estos movimientos telúricos provocaron afectaciones severas en múltiples comunidades y pusieron de manifiesto las severas limitaciones logísticas e institucionales para canalizar y distribuir la ayuda humanitaria de manera oportuna entre la población afectada.
Ante este escenario, los firmantes argumentan que la superación de las dificultades actuales y la reconstrucción nacional no son viables bajo el esquema de gestión vigente. Por el contrario, el manifiesto subraya que el país requiere de manera perentoria el establecimiento de un nuevo gobierno que cuente con la autoridad moral necesaria y las capacidades gerenciales indispensables para atender las demandas de la población, asegurar el ejercicio pleno de las libertades civiles y restablecer la estructura institucional de la república.
Propuestas para un Gran Acuerdo Nacional
En el desarrollo de su pronunciamiento, Machado y González Urrutia hicieron especial referencia a los planteamientos políticos y sociales que previamente fueron incorporados en el denominado "Manifiesto de Panamá". Este documento estratégico contempla una serie de directrices orientadas a restablecer la normalidad democrática y el Estado de derecho en el territorio venezolano a través de un proceso de concertación amplio.
Entre las prioridades enumeradas en dicha propuesta se encuentra la liberación inmediata y plena de la totalidad de las personas detenidas por motivos políticos en el país. Asimismo, los líderes opositores insisten en la necesidad de establecer garantías reales para el retorno sin condiciones de los ciudadanos que se encuentran en el exilio, con el fin de reintegrar el capital humano y profesional indispensable para el desarrollo de la nación.
El esquema propuesto por los dirigentes apunta hacia la consolidación de un entorno de paz pública y libertad ciudadana, elementos que consideran fundamentales para iniciar la edificación de un "Gran Acuerdo Nacional". Según detalla el comunicado, este acuerdo para la reconstrucción de la república debe contar con la participación activa y representativa de todos los sectores de la sociedad civil organizada, los gremios profesionales, la academia y las fuerzas políticas del país, sin exclusiones que limiten el alcance de las reformas estructurales requeridas.
Postura frente al mecanismo de diálogo parlamentario
Un punto central del documento emitido por los dirigentes opositores es la fijación de posición respecto al mecanismo de diálogo que se ha anunciado públicamente entre diputados pertenecientes a la Asamblea Nacional electa en el año 2015 y voceros de la administración de Nicolás Maduro. Este proceso de acercamiento, según se detalla en el texto de la declaración, cuenta con el auspicio de la administración de Estados Unidos bajo la fase 3 de la gestión del presidente Donald Trump, diseñada para facilitar una transición política en Venezuela.
Al respecto, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia aclararon de forma explícita que no formaron parte del diseño de este mecanismo ni han participado en las fases de desarrollo del mismo. Debido a esta desvinculación operativa, ambos dirigentes expresaron que corresponde exclusivamente a los promotores y actores involucrados en dicha iniciativa la tarea de explicar de manera transparente ante la opinión pública nacional cuáles son los objetivos estratégicos perseguidos, la metodología de trabajo adoptada y el cronograma establecido para los encuentros.
A pesar de marcar distancia sobre la concepción de estas conversaciones, los portavoces aseguraron que no adoptarán una posición de obstrucción frente a ninguna iniciativa que tenga el potencial de generar avances concretos y verificables para la resolución de la crisis venezolana. No obstante, advirtieron que la valoración de cualquier espacio de negociación se realizará estrictamente sobre la base de resultados tangibles y medibles en áreas críticas para el retorno a la democracia.
Criterios de evaluación y proyección política
Para que cualquier proceso de negociación o diálogo sea considerado legítimo y efectivo por las fuerzas representadas por Machado y González Urrutia, el documento conjunto establece una serie de condiciones mínimas verificables. Estas exigencias están orientadas a resguardar la soberanía popular y asegurar que las conversaciones no se traduzcan en concesiones que prolonguen la crisis institucional.
Los criterios definidos por los líderes opositores para evaluar los avances de cualquier mesa de resolución de conflictos incluyen:
- La recuperación efectiva y el funcionamiento independiente de las instituciones democráticas del Estado.
- La liberación total y verificable de todos los presos políticos que se encuentran en los centros de reclusión del país.
- El establecimiento de garantías plenas de seguridad y participación para todos los actores políticos y sociales de la oposición.
- La definición de un cronograma electoral claro y transparente para la realización de nuevos comicios presidenciales que cuenten con observación internacional calificada.
- El respeto irrestricto a la soberanía popular manifestada por los ciudadanos en las urnas electorales.
El pronunciamiento, que lleva la firma de ambos dirigentes y tiene como fecha de suscripción el 26 de julio de 2026, concluye con un llamado a mantener la confianza en la capacidad de organización de la sociedad civil venezolana. Los voceros enfatizaron que la ciudadanía ya ha dado muestras de su capacidad para articular respuestas solidarias ante las dificultades y que el desafío pendiente radica en constituir una gestión gubernamental que responda de manera proporcional al compromiso democrático demostrado por la población en los últimos procesos de consulta.
