¿Luz a largo plazo? Los alcances del acuerdo entre Gobierno y General Electric
El gobierno de Delcy Rodríguez, tutelado por Estados Unidos, y General Electric (GE) Vernova firmaron un memorando de entendimiento para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El acuerdo prevé la recuperación de más de 5000 megavatios en 48 meses y la formación de personal técnico local tras un diagnóstico previo de seis semanas. La instrucción
El gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez y con una notoria influencia estadounidense, ha suscrito un memorándum de entendimiento con General Electric (GE) Vernova, un paso que promete la recuperación de más de 5000 megavatios (MW) del deteriorado Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en un plazo de cuatro años. Este acuerdo, que surge tras un diagnóstico preliminar de seis semanas, incluye la formación de personal técnico local y la instrucción para su pronta conversión en un contrato definitivo, marcando un hito en la búsqueda de estabilización de un servicio vital colapsado.
La Promesa de Recuperación y los Actores Clave
El memorándum de entendimiento, firmado por figuras prominentes como Roger Martella y Eric Gray de GE Vernova, junto a John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, y por la parte gubernamental venezolana, Delcy Rodríguez y el ministro de Energía Eléctrica Rolando Alcalá, establece un ambicioso cronograma. Se proyecta la incorporación de 1000 MW en los primeros 24 meses y una cifra superior a los 5000 MW al cabo de 48 meses. El compromiso de GE Vernova se enfoca en la electrificación y la capacitación de la fuerza laboral local, buscando un fortalecimiento perceptible de la infraestructura del SEN en el corto plazo, específicamente en los próximos doce meses, mediante la agilización de procesos industriales.
Este acercamiento no es fortuito; se aceleró a finales de marzo de 2026 tras un encuentro entre Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, evidenciando una diplomacia energética en curso. La comitiva oficial que respaldó la firma incluía a altos funcionarios como Calixto Ortega, vicepresidente de Economía y Finanzas, y José Luis Betancourt, presidente de Corpoelec, lo que subraya la relevancia estratégica que el Ejecutivo otorga a este pacto. La rehabilitación de plantas, la mejora de la eficiencia y la incorporación de nueva capacidad son los pilares de este proyecto, con una parte significativa de la energía generada destinada a estabilizar las operaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sostener la producción de crudo nacional, un objetivo económico crucial para el país.
Un Giro Paradigmático: La Apertura del Monopolio Eléctrico
Este acuerdo con GE Vernova no solo representa una inyección de capital y experticia técnica, sino que se enmarca en un cambio estructural profundo en la política energética venezolana. Coincide directamente con la aprobación en primera discusión, el 2 de junio de 2026, de una reforma parcial a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Esta modificación legislativa es trascendental, pues contempla la creación de empresas mixtas en el sector eléctrico, revirtiendo así más de dos décadas de monopolio estatal absoluto que caracterizó la gestión chavista.
La apertura a la inversión privada y la participación de empresas internacionales, como GE Vernova y la firma alemana Siemens (que también participó en las evaluaciones previas), marca un alejamiento significativo de la doctrina de control estatal que ha regido el sector desde hace más de veinte años. Este paso se suma a otro acuerdo "histórico" reciente con la empresa energética argentina IMPSA para reactivar y completar el proyecto hidroeléctrico Tocoma, en el estado Bolívar, con la expectativa de añadir otros 2400 MW. La convergencia de estos movimientos sugiere una estrategia gubernamental que busca desesperadamente soluciones externas a una crisis interna que ha probado ser intratable bajo el modelo anterior. La voluntad de ceder una parte del control a actores privados y extranjeros, especialmente en un sector tan sensible como el energético, habla de la magnitud de la emergencia y de la presión por resultados tangibles.
La Crisis Crónica del SEN: Una Deuda Histórica
La necesidad de este tipo de acuerdos subraya la gravedad de la crisis que atraviesa el Sistema Eléctrico Nacional. Datos e informes técnicos de principios de 2026 estiman que la estabilización y recuperación total del SEN requiere una inversión estructural urgente que oscila entre los 15.000 y los 40.000 millones de dólares, una cifra que pone en perspectiva la escala del desafío. La producción nacional de electricidad ha sufrido una caída superior al 30% en los últimos años, consecuencia directa de un severo rezago en el mantenimiento técnico, una desinversión crónica y una alarmante falta de transparencia en la gestión operativa.
Mientras la capital, Caracas, experimenta interrupciones menos prolongadas, el interior del país padece cortes eléctricos programados e imprevistos que superan con facilidad las cinco horas diarias, e incluso más en estados occidentales y andinos. La situación llegó a un punto crítico en mayo de 2026, cuando el Ejecutivo prohibió la minería digital en todo el país, admitiendo que la demanda había alcanzado su pico más alto en nueve años y había saturado la ya frágil red nacional. Esta medida, aunque necesaria, fue un reconocimiento tácito del colapso funcional del sistema. La dependencia de la Central Hidroeléctrica de Guri, que aporta el 60% del suministro total, expone la vulnerabilidad del sistema ante bajas operacionales o sequías prolongadas, haciendo indispensable la renovación de las centrales termoeléctricas para respaldar la red.
Desafíos y Escepticismo ante un Largo Camino
A pesar del optimismo expresado por Delcy Rodríguez, quien calificó el acuerdo como "buenas noticias para Venezuela" y una optimización necesaria "para la vida nacional", el camino hacia una solución duradera está sembrado de desafíos y de un justificado escepticismo. Desde el decreto de emergencia eléctrica en 2010, el gobierno ha anunciado múltiples planes, incluyendo la militarización de subestaciones y desembolsos masivos de recursos que, paradójicamente, no lograron detener el colapso sistémico. Los apagones nacionales de 2019 y la situación que se arrastra siete años después son un recordatorio de promesas incumplidas y de una gestión ineficaz.
La paralización por más de una década de la Central Hidroeléctrica Tocoma, a pesar de su potencial para generar miles de megavatios, es un ejemplo contundente de la desidia y la mala administración que han caracterizado al sector. La implementación de este nuevo memorándum requerirá no solo la conversión a un contrato definitivo, sino una transparencia y una eficiencia en la ejecución que han brillado por su ausencia en el pasado. La capacidad para atraer y retener la inversión necesaria, superar las trabas burocráticas y políticas, y garantizar una gestión libre de corrupción serán factores determinantes para que este acuerdo con GE Vernova no se convierta en otra promesa fallida en la larga lista de planes para un SEN en ruinas.
El acuerdo con GE Vernova, impulsado por una urgente necesidad y una reorientación política, representa una oportunidad crucial para Venezuela. Sin embargo, su éxito dependerá no solo de la voluntad técnica y financiera de los socios internacionales, sino fundamentalmente de la capacidad del gobierno venezolano para superar décadas de ineficiencia, desinversión y opacidad que han sumido al país en una de las crisis eléctricas más prolongadas y devastadoras de su historia.
