Los negocios del Arco Minero no son todos ni de oro ni preciosos
Un robo de casi 40 kilos de oro cerca de Upata, audaz en su planificación pero extrañamente incruento en su ejecución, dio inicio hace dos años a unas investigaciones policiales de resultado desconocido que, sin embargo, expusieron el nombre de la empresa propietaria de los lingotes. Esta resultó apenas un nodo de una red de compañías, vinculada a una terna de venezolanos, de rastro disperso en jurisdicciones de todo el mundo y con exportaciones de metales que de oro fueron pero hasta de plata, estaño y aluminio llegaron a ser.
Un cargamento de 37,5 kilogramos de oro, valorado en aproximadamente 3,24 millones de dólares y perteneciente a una firma privada aliada con el Estado, fue objeto de un asalto armado en la Troncal 10 del estado Bolívar a principios de abril de 2024. El suceso expuso la operatividad de Inversiones Peca 19, C.A., una empresa vinculada a una compleja red de exportación de minerales con conexiones internacionales. Este incidente, registrado poco antes del restablecimiento de las sanciones estadounidenses al sector aurífero, desveló las dinámicas de seguridad y los actores corporativos que operan en el Arco Minero del Orinoco.
La interceptación en la Troncal 10
El martes 2 de abril de 2024, una comisión del Comando Nacional Antisecuestros (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana transitaba por la Troncal 10, la principal vía que conecta el norte de Venezuela con la frontera brasileña en el estado Bolívar. La patrulla, integrada por cuatro suboficiales equipados con fusiles de asalto AK-103 y pistolas, custodiaba un cargamento de 37,5 kilogramos de oro en barras. La mercancía, consignada por una alianza minera de carácter privado, tenía como destino final la ciudad de Caracas. De acuerdo con las cotizaciones del mercado internacional para esa fecha, el valor estimado del mineral ascendía a 3,24 millones de dólares.
Al salir de la población de Upata, en el municipio Piar, específicamente en el sector Los Rosos, el vehículo militar se topó con un punto de control improvisado con conos de color naranja. En ese lugar, según los reportes publicados por la prensa local, un grupo de hombres con chalecos alusivos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo la marcha de la unidad de la Guardia Nacional Bolivariana.
Los asaltantes sometieron a los uniformados de manera rápida y sin que se produjera un enfrentamiento armado, a pesar de la capacidad de fuego y el entrenamiento de los funcionarios de seguridad. Registros audiovisuales difundidos en redes sociales, aunque no validados de forma independiente, mostraron que el traspaso de los bultos entre los vehículos se realizó de forma pacífica, tras lo cual los agentes del Conas fueron dejados atados y despojados de casi todo su armamento de reglamento, conservando únicamente un fusil de asalto.
Las pesquisas policiales y los arrestos en Miranda
La magnitud del robo y el uso de uniformes policiales falsos generaron atención en la opinión pública nacional. Uno de los aspectos que llamó la atención de los analistas de seguridad fue la decisión de emplear a funcionarios militares en lugar de un servicio privado de transporte de valores para trasladar una carga de tal valor comercial a través de una de las carreteras más complejas del sur del país.
Seis días después del incidente, el diario caraqueño Últimas Noticias informó que los cuerpos de seguridad localizaron parte del armamento robado, el cual se encontraba oculto bajo la maleza en una zona boscosa cercana al sitio del asalto.
Posteriormente, el 27 de agosto de 2024, el mismo medio de comunicación reportó que un operativo policial realizado en el sector La Raiza de Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda, permitió recuperar una de las seis armas sustraídas y una porción de 6,64 kilogramos de oro. En dicho procedimiento fueron detenidos cinco ciudadanos, identificados por las autoridades como José Enrique Correa Rodríguez, apodado El Sabino; José de Jesús Bacca, conocido como Baca; Andrés René Pacheco Fayola, alias René; Karelis del Valle Correa Rodríguez, apodada Karen; y Osmary Gabriela Torres Tabaré. De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos formaban parte de una organización delictiva liderada por un sujeto conocido bajo el alias de El Comandante.
El entramado corporativo de Inversiones Peca 19
A pesar de que las investigaciones judiciales sobre el destino del resto del oro robado y la totalidad de los implicados siguen sin ofrecer resultados definitivos, los datos oficiales permitieron identificar a la empresa propietaria del cargamento: Inversiones Peca 19, C.A., una compañía con sede registrada en Caracas que operaba en el Arco Minero del Orinoco bajo una figura de alianza comercial con la estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM).
A partir de este suceso, la firma inició un proceso de reestructuración que incluyó un aparente cambio de denominación comercial a Elite Gold y la reactivación de operaciones de exportación de minerales. Según una investigación de la serie Dorada Opacidad II, coordinada por la plataforma periodística Convoca.pe, esta empresa constituye un punto de conexión dentro de una red de aproximadamente treinta compañías vinculadas a tres comerciantes de origen venezolano.
El principal accionista y propietario único de Inversiones Peca 19, C.A., desde noviembre de 2021, es Gian Piero D’Andrea Acosta, un ciudadano ítalo-venezolano de 38 años de edad. De acuerdo con el registro histórico de sus actividades, D’Andrea Acosta ha constituido una veintena de empresas durante los últimos ocho años tanto en territorio venezolano como en diversas jurisdicciones internacionales. Esta red de empresas no se limita exclusivamente a la explotación y comercialización de oro, sino que abarca transacciones de otros metales como plata, estaño y aluminio con destinos de exportación hacia Suiza, China y Panamá.
Sanciones internacionales y rutas de tránsito
El asalto en la Troncal 10 ocurrió en un contexto político y económico particular. El robo se ejecutó dieciséis días antes de que el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, decidiera restablecer las sanciones económicas contra el sector del oro en Venezuela. Estas medidas restrictivas habían sido suspendidas temporalmente el 18 de octubre de 2023 por un periodo de seis meses.
Durante este lapso de flexibilización de las sanciones, las dinámicas de comercialización de minerales en la región sufrieron modificaciones. De acuerdo con los datos recopilados en la investigación de Convoca.pe, diversos grupos dedicados al contrabando de oro desde Brasil utilizaron la apertura temporal para modificar sus rutas de salida habituales. Esto permitió que cargamentos de mineral provenientes de territorio brasileño fueran desviados hacia Venezuela para ser exportados formalmente desde los terminales aéreos que prestan servicio a la ciudad de Caracas.
Proyección de las operaciones mineras
El caso del robo de los 37,5 kilogramos de oro evidencia los desafíos de seguridad, supervisión y transparencia que rodean la explotación de recursos minerales en el sur de Venezuela. La participación de efectivos militares en tareas de custodia privada para empresas aliadas de la Corporación Venezolana de Minería resalta la superposición de funciones entre el sector público y las corporaciones privadas en el Arco Minero del Orinoco.
Mientras las investigaciones fiscales y policiales continúan sin esclarecer la totalidad del suceso, las operaciones de exportación de la red empresarial asociada a Inversiones Peca 19, C.A. y sus filiales internacionales muestran la continuidad del flujo de minerales venezolanos hacia los mercados de Europa y Asia, adaptándose a las variaciones del esquema de sanciones internacionales.
