Los negocios del Arco Minero no son todos ni de oro ni preciosos
Un robo de casi 40 kilos de oro cerca de Upata, audaz en su planificación pero extrañamente incruento en su ejecución, dio inicio hace dos años a unas investigaciones policiales de resultado desconocido que, sin embargo, expusieron el nombre de la empresa propietaria de los lingotes. Esta resultó apenas un nodo de una red de compañías, vinculada a una terna de venezolanos, de rastro disperso en jurisdicciones de todo el mundo y con exportaciones de metales que de oro fueron pero hasta de plata, estaño y aluminio llegaron a ser.
Un inusual robo de 37,5 kilogramos de oro, valorado en aproximadamente 3,24 millones de dólares, expuso las operaciones de una red corporativa privada que opera en el Arco Minero del Orinoco bajo amparo estatal. El incidente, ocurrido el 2 de abril de 2024 en la Troncal 10 del estado Bolívar, involucró a un convoy militar que transportaba el mineral para una firma privada, lo que reveló las complejas relaciones entre las fuerzas de seguridad del Estado, las alianzas mineras y las rutas de exportación internacional. Este suceso, de acuerdo con una investigación coordinada por la plataforma periodística Convoca.pe, destapó un entramado de empresas que se extiende por múltiples jurisdicciones y que abarca el comercio de diversos metales.
El asalto en la Troncal 10: un trasbordo sin resistencia
El asalto se ejecutó en el sector Los Rosos, una zona rural ubicada a la salida de la población de Upata, en el municipio Piar del estado Bolívar. Por esta carretera, conocida como la Troncal 10 y que conecta el norte de la entidad con la frontera brasileña, transitaba una comisión del Comando Nacional Antisecuestros (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El grupo de uniformados, integrado por cuatro suboficiales equipados con pistolas y fusiles de asalto AK-103, realizaba el traslado del cargamento de barras de oro con destino a Caracas. La carga pertenecía a una alianza privada que operaba en la región.
De acuerdo con los reportes de la prensa local que registraron el suceso, los militares fueron interceptados en una alcabala simulada mediante la colocación de conos plásticos sobre el asfalto. Los asaltantes portaban chalecos con las siglas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los falsos funcionarios desarmaron a los efectivos militares y confiscaron tanto el mineral como el armamento reglamentario de la comisión, dejando únicamente un fusil de asalto en el sitio.
El desarrollo del robo llamó la atención de los analistas de seguridad debido a la ausencia de enfrentamientos. A pesar de contar con armamento de guerra y entrenamiento táctico, los efectivos del Conas no opusieron resistencia. Registros audiovisuales difundidos en redes sociales, cuya autenticidad física no pudo ser validada de forma independiente, mostraron que el traspaso de los bultos de oro entre los vehículos se realizó de manera pacífica y rápida, aunque posteriormente los uniformados de la GNB fueron hallados atados en el lugar del suceso. Asimismo, el traslado de un cargamento de alto valor mediante una comisión de seguridad pública, en lugar de utilizar servicios de transporte de valores blindados privados, evidenció las dinámicas de custodia estatal que benefician a ciertos operadores mineros en la región.
Las investigaciones policiales y las capturas en Miranda
El curso de las investigaciones policiales avanzó de manera fragmentada en los meses posteriores al robo. Según reportó el diario de circulación nacional Últimas Noticias, seis días después del asalto las autoridades lograron localizar una parte del armamento robado a la comisión del Conas, el cual había sido enterrado en zonas boscosas cercanas al lugar del incidente en el estado Bolívar.
Posteriormente, el 27 de agosto de 2024, el mismo medio de comunicación informó sobre un procedimiento realizado por los cuerpos de seguridad en el sector La Raiza de Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda. Durante este operativo, la policía recuperó una de las seis armas de fuego sustraídas y una porción del cargamento de oro equivalente a 6,64 kilogramos.
En este procedimiento resultaron arrestadas cinco personas, identificadas por las autoridades como José Enrique Correa Rodríguez, alias "El Sabino"; José de Jesús Bacca, conocido como "Baca"; Andrés René Pacheco Fayola, alias "René"; Karelis del Valle Correa Rodríguez, apodada "Karen"; y Osmary Gabriela Torres Tabaré. Los reportes oficiales señalaron a los detenidos como presuntos miembros de una organización delictiva liderada por un sujeto conocido bajo el alias de "El Comandante". A pesar de estas detenciones y de la recuperación parcial del botín, los detalles sobre el destino del resto del mineral y el resultado definitivo del proceso judicial contra los implicados permanecen bajo reserva oficial.
El entramado corporativo de Inversiones Peca 19
Las averiguaciones sobre la propiedad del oro robado permitieron identificar a la empresa consignataria del cargamento: Inversiones Peca 19, C.A., una compañía con domicilio fiscal en Caracas. Esta firma operaba en los yacimientos del Arco Minero del Orinoco mediante contratos de alianza suscritos con la estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM). De acuerdo con la investigación de Convoca.pe, tras el incidente del robo en la Troncal 10, la empresa inició un proceso de reestructuración que incluyó el cambio de su denominación comercial a Elite Gold.
El registro mercantil de Inversiones Peca 19, C.A. señala que, desde noviembre de 2021, el propietario único de la totalidad de las acciones es Gian Piero D’Andrea Acosta, un ciudadano de nacionalidad ítalo-venezolana de 38 años de edad. A pesar de no contar con una trayectoria pública previa en el sector de la minería a gran escala, D’Andrea Acosta figura como el principal conector de una red que abarca aproximadamente veinte empresas constituidas durante los últimos ocho años.
Estas unidades de negocio no se limitan al territorio venezolano, sino que han sido registradas en diversas jurisdicciones internacionales. Las operaciones comerciales de este grupo empresarial no solo se han centrado en la exportación de oro, sino que se han extendido al comercio de otros recursos como plata, estaño y aluminio, con envíos dirigidos a mercados de Suiza, China y Panamá, según los hallazgos de la investigación periodística.
El contexto geopolítico y las rutas de tránsito
El robo de las barras de oro en el estado Bolívar ocurrió en un momento de coyuntura política y económica para el comercio de minerales en Venezuela. El suceso tuvo lugar exactamente dieciséis días antes de que el gobierno de Estados Unidos, presidido por Joe Biden, decidiera restablecer las sanciones económicas dirigidas al sector aurífero venezolano, las cuales habían sido suspendidas temporalmente el 18 de octubre de 2023.
Durante el lapso de seis meses en el que las sanciones permanecieron suspendidas, las dinámicas del comercio de oro en la región experimentaron variaciones significativas. De acuerdo con los datos recopilados en la investigación de Convoca.pe, redes dedicadas al contrabando de oro desde territorio brasileño modificaron sus rutas habituales para canalizar los cargamentos a través de Venezuela, utilizando los terminales aéreos de la capital, Caracas, para realizar las exportaciones hacia destinos internacionales.
Cierre
El asalto ocurrido en la Troncal 10 expone los mecanismos internos del comercio de minerales en el sur de Venezuela, donde las fronteras entre las operaciones de seguridad del Estado y los negocios de corporaciones privadas aparecen desdibujadas. La falta de transparencia en los resultados de las investigaciones judiciales, sumada a la rápida evolución de las firmas comerciales como Inversiones Peca 19 hacia nuevas identidades corporativas e internacionales, evidencia la opacidad estructural que caracteriza la explotación y exportación de recursos en el Arco Minero del Orinoco.
