Los CPT fueron creados para sustituir los sindicatos y acosar la propiedad privada
Un acuerdo inaceptable en el Foro de Diálogo Social En un reportaje del sitio web Infobae publicado el 22 de mayo de 2026 se informa que «Gobierno, sindicatos y empresarios negocian regular los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT)», y se destaca «la disposición mostrada por el Ejecutivo y las centrales oficialistas en el marco del […]
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Fuente Original
Runrun.es
27 may. 2026
Los CPT: ¿Herramienta Productiva o Estrategia para Minar Sindicatos y la Propiedad Privada en Venezuela?
Caracas, Venezuela. La reciente revelación sobre las negociaciones para regular los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) en el marco del Foro de Diálogo Social ha encendido nuevamente las alarmas en el ya convulso panorama sociopolítico venezolano. Lo que a primera vista podría parecer un esfuerzo por institucionalizar la participación obrera, para muchos sectores independientes de la sociedad civil, empresarial y sindical, representa la legitimación de una estructura creada con un doble propósito: sustituir la autonomía sindical y acosar la propiedad privada, consolidando el control estatal sobre la producción.
La información, citada por el portal Infobae en mayo de 2026, sobre la "disposición mostrada por el Ejecutivo y las centrales oficialistas" para regular estos consejos, subraya la profunda brecha entre la narrativa gubernamental y la percepción de amplios segmentos de la población sobre la verdadera naturaleza y función de los CPT. En un país donde la independencia de las instituciones ha sido sistemáticamente erosionada, la regulación de estas figuras no es vista como un avance hacia la democracia laboral, sino como un paso más en la consolidación de un modelo que ahoga la libre empresa y la genuina representación de los trabajadores.
El Origen y la Naturaleza Controversial de los CPT
Los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) fueron establecidos por el gobierno venezolano a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de los Consejos Productivos de Trabajadores, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.011 del 18 de octubre de 2016. Su creación se justificó bajo la premisa de combatir la "guerra económica", el "sabotaje" y la "especulación", buscando impulsar la producción y la eficiencia en empresas públicas y privadas mediante la participación directa de los trabajadores. Según la ley, los CPT estarían integrados por representantes de los trabajadores y la gerencia, con el objetivo de supervisar, controlar y evaluar los procesos productivos, la distribución y la comercialización de bienes y servicios.
Sin embargo, desde su génesis, los CPT fueron percibidos por gremios empresariales independientes y sindicatos autónomos como un instrumento político más del Ejecutivo. Lejos de ser un mecanismo de empoderamiento genuino de los trabajadores, se les ha señalado como una vía para la injerencia política directa en las operaciones de las empresas, tanto estatales como privadas. La composición de estos consejos, a menudo dominada por figuras alineadas con el partido de gobierno, y sus amplias facultades de "control" y "supervisión", han generado un clima de incertidumbre y temor en el sector productivo.
El contexto histórico de su creación es crucial. En 2016, Venezuela ya se encontraba inmersa en una profunda crisis económica, caracterizada por la escasez, la hiperinflación y una drástica caída de la producción. En lugar de adoptar políticas que fomentaran la inversión y la confianza, el gobierno optó por profundizar el control estatal y la intervención en la economía. Los CPT encajaron perfectamente en esta estrategia, presentándose como una solución "revolucionaria" para los problemas productivos, pero en la práctica, sirviendo como un brazo ejecutor de la política gubernamental dentro de las fábricas y empresas.
El Socavamiento de la Autonomía Sindical
Uno de los señalamientos más contundentes contra los CPT es su presunta función de sustituir o neutralizar la acción de los sindicatos independientes. Tradicionalmente, los sindicatos son las organizaciones encargadas de defender los derechos laborales, negociar convenios colectivos y representar los intereses de los trabajadores frente a la patronal. Para ello, es fundamental su autonomía frente al Estado y los empleadores.
En Venezuela, la autonomía sindical ha sido objeto de ataques sistemáticos durante más de dos décadas. Se ha observado una política de fragmentación y cooptación de las organizaciones laborales, con la promoción de sindicatos afines al gobierno ("sindicatos bolivarianos") y la persecución de dirigentes independientes. En este escenario, los CPT emergen como una estructura paralela que, al ostentar la "representación" de los trabajadores en la supervisión productiva, diluye la voz de los sindicatos tradicionales y desvía la atención de las reivindicaciones laborales genuinas hacia objetivos de producción definidos por el Estado.
Los CPT, al operar bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y otras instancias gubernamentales, se convierten en correas de transmisión de la política oficialista dentro de las empresas. Esto no solo debilita la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos independientes, sino que también expone a los trabajadores a represalias si sus demandas no se alinean con la agenda gubernamental. La libertad de asociación, piedra angular de los derechos laborales reconocidos internacionalmente, se ve comprometida cuando la estructura de representación de los trabajadores está inherentemente ligada al poder político.
El Acoso a la Propiedad Privada y la Inversión
La acusación de que los CPT fueron creados para "acosar la propiedad privada" no es menor y se sustenta en la trayectoria de políticas de intervención y expropiación que han caracterizado la gestión económica en Venezuela. Desde la llegada del socialismo del siglo XXI, cientos de empresas privadas han sido expropiadas, intervenidas o forzadas a cerrar, bajo la justificación de "incumplimiento de la función social", "especulación" o "sabotaje".
Los CPT, con sus facultades de "supervisión, control y evaluación", otorgan a sus miembros, a menudo militantes oficialistas, una plataforma para escudriñar las operaciones internas de las empresas. Esto abre la puerta a la formulación de denuncias arbitrarias sobre supuestas irregularidades, ineficiencia o desvío de producción, que pueden ser utilizadas como pretexto para intervenciones estatales, sanciones o incluso expropiaciones. El temor a ser acusado por un CPT de "sabotaje económico" es un factor real que inhibe la inversión y la toma de decisiones empresariales.
Este mecanismo crea una inseguridad jurídica permanente para los propietarios y gerentes de empresas. La discrecionalidad en la aplicación de la ley y la ausencia de un debido proceso transparente convierten a los CPT en una herramienta de presión política. ¿Quién querría invertir capital y esfuerzo en un entorno donde su propiedad y sus decisiones empresariales están constantemente bajo el escrutinio de un comité con motivaciones políticas, con el riesgo latente de perder su activo? La respuesta es clara: este sistema ahuyenta la inversión privada, tanto nacional como extranjera, contribuyendo al colapso del aparato productivo.
Implicaciones del Diálogo Social y la Regulación de los CPT
La negociación en el Foro de Diálogo Social para regular los CPT, tal como lo reporta Infobae, es un punto de inflexión. Si bien el diálogo entre gobierno, empleadores y trabajadores es fundamental en cualquier democracia funcional, el contexto venezolano le otorga una connotación particular. La participación de "centrales oficialistas" y la "disposición" del Ejecutivo para regular una figura tan cuestionada, sugiere un intento de legitimar una estructura que, para muchos, es intrínsecamente antidemocrática y anticonstitucional en su aplicación.
Una regulación que no aborde las preocupaciones fundamentales sobre la autonomía sindical, la seguridad jurídica de la propiedad privada y la verdadera participación de los trabajadores, sería percibida como un mero formalismo para "blanquear" una herramienta de control. Un acuerdo que legitime la existencia y operación de los CPT sin una revisión profunda de sus facultades y su alineación con los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de libertad sindical y negociación colectiva, sería inaceptable para los sectores que defienden la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Las implicaciones económicas de esta situación son devastadoras. La falta de confianza, la inseguridad jurídica y el control político sobre la producción han contribuido a la desindustrialización del país. Regular los CPT sin revertir su naturaleza coercitiva solo perpetuará estas condiciones, impidiendo la recuperación económica y la generación de empleo digno.
Desde una perspectiva social, la imposición de los CPT divide a los trabajadores y los somete a un sistema de vigilancia y control. La genuina participación obrera se basa en la libertad de organización y expresión, no en la obediencia a directrices políticas. La erosión de la autonomía sindical debilita la capacidad de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida y trabajo, en un país donde los salarios son ínfimos y las prestaciones sociales son precarias.
Conclusión: Hacia una Genuina Libertad Productiva y Laboral
La discusión sobre los Consejos Productivos de Trabajadores trasciende la mera gestión empresarial; es una encrucijada que define el modelo de país que se busca construir. Para "Libertad VZLA", la defensa de la libertad de expresión, la propiedad privada y la autonomía de las organizaciones civiles, incluyendo los sindicatos, es innegociable. Los CPT, tal como han operado, representan un obstáculo para estos principios fundamentales.
Un verdadero diálogo social en Venezuela debe comenzar por el respeto irrestricto a la Constitución, a los convenios de la OIT y a los derechos humanos. Esto implica permitir que los sindicatos operen con plena autonomía, sin injerencia estatal, y garantizar la seguridad jurídica para la inversión y la propiedad privada, elementos esenciales para la recuperación económica y la generación de prosperidad.
La regulación de los CPT no puede ser un pretexto para institucionalizar el control político sobre la producción y la fuerza laboral. Debe ser una oportunidad para desmantelar un mecanismo que ha sido utilizado para socavar la libertad y la dignidad de los trabajadores y empresarios venezolanos. Solo así se podrá sentar las bases para un futuro donde la producción florezca, los derechos laborales sean respetados y la libertad sea la verdadera divisa de la nación. La sociedad venezolana, y en particular sus trabajadores y emprendedores, merecen un sistema que fomente la productividad a través de la libertad y no de la coacción.
