“Le quitaron todo”: desocupan apartamento de expreso político uruguayo invadido
A la medianoche de este miércoles 27 de mayo, y como resultado de la presión ciudadana y la denuncia de los medios de comunicación, el apartamento del uruguayo-venezolano y expreso político José Breijo, de 73 años de edad, fue finalmente desocupado. Aún así, defensores de derechos humanos alertaron que el inmueble, ubicado en el edificio […]
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Fuente Original
Runrun.es
27 may. 2026
La supuesta “recuperación” del apartamento de José Breijo, un expreso político uruguayo-venezolano de 73 años, en el edificio Pascuarelli de Bello Monte, lejos de significar el fin de su calvario, ha expuesto una vez más la brutalidad y el desamparo institucional que enfrentan quienes han sido víctimas de la persecución estatal en Venezuela. Pese a la desocupación forzada del inmueble por parte de un funcionario, el hogar fue entregado completamente desvalijado, despojando al septuagenario de todas sus pertenencias y dejándolo en una situación de vulnerabilidad extrema bajo arresto domiciliario.
Una "Victoria Ciudadana" Agria y Opaca
La desocupación del apartamento, ocurrida en la medianoche del miércoles 27 de mayo, fue el resultado de una intensa presión ciudadana y la denuncia constante de medios de comunicación y activistas de derechos humanos. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo este desalojo distó mucho de ser un acto de justicia transparente. Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, describió el evento como una "victoria ciudadana", impulsada por la solidaridad vecinal. No obstante, la intervención de presuntos funcionarios policiales en la madrugada, sin documentación legal que respaldara la ocupación previa ni el desalojo, y su posterior huida abrupta, subraya la opacidad y la falta de garantías que caracterizan estos procesos. Los agentes, quienes argumentaron que el apartamento había sido "entregado" al policía invasor por la Presidencia de la República, se negaron a presentar cualquier justificativo, evidenciando la arbitrariedad de la acción estatal.
El Invasor: Una Extensión del Aparato Represivo
La identidad del funcionario que mantenía ilegalmente ocupado el apartamento de Breijo añade una capa de siniestra ironía a su caso: pertenecía al Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el mismo cuerpo de seguridad que, en diciembre de 2023, ejecutó la captura arbitraria de José Breijo. Este hecho no solo revela la impunidad con la que operan ciertos elementos del Estado venezolano, sino que también sugiere una conexión directa entre la detención del ciudadano y el posterior despojo de sus bienes. La confiscación de propiedades de presos políticos por parte de funcionarios de los mismos cuerpos represivos se erige como un patrón de abuso sistemático, donde la detención se convierte en una oportunidad para el enriquecimiento ilícito y el despojo.
Dos Años de Injusticia y el Origen de la Persecución
La odisea de José Breijo comenzó en diciembre de 2023, cuando fue detenido bajo acusaciones de terrorismo y pasó dos años encarcelado injustamente en el centro penitenciario de Tocuyito. Su "crimen" fue una iniciativa personal, motivada por el estallido del conflicto en Medio Oriente. Breijo, sin comprender el idioma árabe, tomó una fotografía de una bandera con inscripciones en un establecimiento en Caracas, con la ingenua intención de reportar su hallazgo a miembros de la comunidad judía local. Su intento de "echar una mano" se transformó en una delación y posterior captura por el GOES. Este incidente, que Breijo ha explicado con total transparencia, ilustra la peligrosa atmósfera de sospecha y la facilidad con la que un acto inocente puede ser distorsionado y utilizado para justificar una detención arbitraria, exacerbada por la xenofobia y la falta de garantías procesales.
La Cárcel por Casa: Un Nuevo Infierno
Durante sus dos años en Tocuyito, Breijo desarrolló severas dolencias pulmonares, que hoy se encuentran agravadas. Al ser excarcelado bajo la condición de "cárcel por casa", las autoridades lo dejaron desatendido en la entrada de su residencia, solo para encontrarse con un candado que le impedía el acceso a su propio hogar. Este cruel recibimiento marcó el inicio de una nueva etapa de su calvario: dormir en el pasillo de su edificio, mientras su vivienda permanecía ocupada ilegalmente. La "cárcel por casa" se ha convertido, para Breijo, en una condena a la indigencia y la desprotección dentro de su propio espacio, despojado de su nevera, cocina, cama y todas sus pertenencias personales. Es una forma de castigo que trasciende los muros de la prisión, extendiéndose al ámbito más íntimo de la vida de la víctima.
Un Patrón Sistemático de Abusos y Despojo
El Frente Norte de Caracas ha denunciado que el caso de José Breijo no es un incidente aislado, sino una cruda manifestación de un patrón sistemático de abusos por parte del Estado. Esta organización advierte sobre la desprotección y los atropellos contra los detenidos por motivos políticos y la población de la tercera edad en Venezuela. Funcionarios y colectivos armados, amparados en la impunidad, se dedican a confiscar cuentas bancarias, desvalijar viviendas y apoderarse de locales, aprovechando la vulnerabilidad de los ciudadanos encarcelados. La historia de Breijo es, por tanto, un espejo de la realidad que enfrentan muchos otros, donde la detención política no solo implica la privación de libertad, sino también la destrucción del patrimonio y la dignidad personal.
Un Llamado Urgente a la Solidaridad y la Justicia Internacional
Actualmente, José Breijo se encuentra bajo arresto domiciliario en una vivienda desmantelada, sin recursos económicos y con una patología pulmonar que requiere atención médica urgente. Su situación es un clamor por la justicia y el respeto a los derechos humanos. Defensores de derechos humanos han hecho un llamado desesperado para que se intervenga en su caso, brindándole apoyo institucional y la asistencia médica necesaria.
En este contexto de desamparo, la activista uruguaya Giuliana Brandi ha informado sobre el contacto constante del cónsul uruguayo en Caracas con Breijo, quien ha colaborado con "insumos necesarios" para su situación actual. La Cancillería de Uruguay también mantiene comunicación permanente sobre el caso, siendo hasta el momento la única autoridad gubernamental que ha brindado apoyo directo al ciudadano. Esta asistencia internacional, aunque vital, contrasta dolorosamente con la inacción y la complicidad de las instituciones venezolanas en el despojo y la vulneración de los derechos de Breijo.
El caso de José Breijo es un recordatorio sombrío de las profundas fallas del sistema judicial y de la preocupante realidad de la represión política en Venezuela. Su historia es un testimonio viviente de cómo la arbitrariedad estatal puede despojar a un individuo no solo de su libertad, sino también de su hogar, sus pertenencias y su dignidad, incluso después de una excarcelación. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben mantener la atención sobre este y otros casos similares, exigiendo rendición de cuentas y garantías plenas para las víctimas de la persecución política en el país. La justicia para José Breijo es un imperativo moral y un termómetro de la precaria situación del Estado de derecho en Venezuela.
