Las “ruinas” de Alex Saab en Venezuela
El desplome del imperio del mercader colombiano, tras la captura de Nicolás Maduro y su posterior entrega a la justicia estadounidense, dejó en Venezuela un reguero de activos bajo custodia oficial o en el abandono. Empresas intervenidas, propiedades en zonas exclusivas de Caracas y negocios en Margarita forman parte de un particular memorial, la Pompeya del poder y la corrupción, que al quedar atrás por ahora puede ser visitado por cualquiera.
La justicia de Estados Unidos fijó para el 20 de enero de 2027 la audiencia de sentencia contra el contratista colombiano Alex Nain Saab Morán, quien admitió su culpabilidad en el delito de conspiración para lavar dinero a través del programa estatal de alimentación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Este proceso judicial coincide con la intervención y el abandono de un conglomerado de bienes, empresas y propiedades de lujo que Saab acumuló en Venezuela durante más de una década de operaciones financieras amparadas por el poder estatal.
El desmantelamiento de un emporio financiero
La caída en desgracia de Alex Saab, ocurrida tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas especiales estadounidenses, dejó un rastro de activos abandonados o bajo control de los organismos de seguridad del Estado en territorio venezolano. De acuerdo con una investigación publicada por el portal periodístico Armando.Info, múltiples propiedades vinculadas al operador financiero se encuentran actualmente bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Entre los bienes identificados en este inventario de activos se encuentran dos residencias de lujo ubicadas en zonas exclusivas del este de Caracas, tres aeronaves privadas y diversos locales comerciales en el estado Nueva Esparta. En la isla de Margarita, Saab poseía una tienda de artículos de lujo y un club de playa, ambos operativos bajo la denominación comercial de Calle Dos Ojos, los cuales forman parte de los bienes que han quedado desatendidos tras su detención y posterior traslado a territorio estadounidense.
Este escenario contrasta con la situación del contratista a finales de 2023, cuando retornó a Venezuela tras ser liberado por el gobierno de Estados Unidos sin haber enfrentado juicio por una acusación previa de lavado de dinero datada en 2019, la cual estaba relacionada con la firma Fondo Global de Construcción. Aquel primer proceso penal había motivado su arresto en Cabo Verde en junio de 2020 y su posterior extradición a Florida en octubre de 2021.
La intervención de Corporación Inlaca
El desmontaje de la red de Saab en Venezuela quedó registrado en los instrumentos oficiales del Estado. El pasado 26 de agosto, según consta en la Gaceta Oficial número 43.445, las autoridades venezolanas ordenaron la ocupación temporal por un período de 180 días de la Corporación Inlaca C.A., una de las principales industrias lácteas del país, propietaria de marcas tradicionales como Carabobo y Mi Vaca.
De acuerdo con los registros comerciales analizados por Armando.Info, Alex Saab adquirió el control de Inlaca en marzo de 2019 utilizando como intermediaria a la firma Mirona Food FZE, una sociedad instrumental registrada en los Emiratos Árabes Unidos. El primer representante asignado por el empresario colombiano en la junta directiva de la lechera fue Jorge Arraut. Este directivo ya había trabajado para Saab y su socio principal, Álvaro Pulido Vargas, en la estructura de Trenaco, una firma petrolera que en el año 2015 recibió un contrato por un valor de 4.500 millones de dólares por parte de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Posteriormente, la gestión de Inlaca quedó bajo la responsabilidad de Carlos Rolando Lizcano Manrique, un ciudadano colombiano identificado como uno de los principales operadores de confianza de Saab. El 7 de junio de 2024, mientras Saab ejercía funciones públicas en Caracas como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), Lizcano formalizó el traspaso de las acciones de Inlaca a Moxem Food LLC, otra entidad de maletín constituida también en los Emiratos Árabes Unidos y vinculada al mismo grupo financiero.
Conexiones y ramificaciones internacionales
El control operativo de la empresa láctea tras su último traspaso quedó en manos de Rafael Andrés More Jaramillo, de nacionalidad colombiana, quien asumió el cargo de gerente general. More Jaramillo es esposo de Andrea Alejandra Peñarredonda Gómez, una colaboradora directa en Caracas de Camilla Fabri, cónyuge de Alex Saab.
La estructura familiar de Peñarredonda conecta directamente con los círculos de poder político en Colombia. Es hermana del abogado Daniel Peñarredonda Gómez, quien fuera socio en la firma De La Espriella Lawyers, fundada por Abelardo De La Espriella, actual presidente de Colombia y quien durante años ejerció como el principal representante legal de Alex Saab en el país vecino.
Según una publicación de la revista colombiana Cambio, Andrea Peñarredonda realizó visitas recientes al Palacio de San Carlos en Bogotá, edificación histórica que perteneció a la cancillería y que fue seleccionada por el mandatario De La Espriella como su sede de despacho presidencial en la capital. Estas conexiones ya habían sido objeto de debate político en Colombia. En noviembre de 2025, la entonces precandidata presidencial Vicky Dávila señaló a Peñarredonda como la mano derecha de Camilla Fabri (quien también recibió nombramientos públicos en Venezuela) y exigió explicaciones públicas sobre los vínculos entre el entorno de Saab y el actual mandatario colombiano.
El giro judicial en Estados Unidos
La trayectoria de Alex Saab en la administración pública venezolana concluyó de manera abrupta en 2026. La vicepresidenta Delcy Rodríguez lo removió de su cargo al frente del Ministerio de Industrias y ordenó su detención bajo estrictas condiciones de confidencialidad en febrero de ese año. En mayo de 2026, el gobierno venezolano procedió a su deportación a Estados Unidos, argumentando la existencia de requerimientos judiciales pendientes en ese país y la detección de anomalías en sus documentos de identidad venezolanos.
Tras ser recluido en una prisión federal en Miami, Saab enfrentó nuevos cargos por lavado de activos vinculados a las sobrefacturaciones en el programa de alimentación CLAP. Al verse privado del respaldo diplomático y político que el gobierno venezolano le brindó en el pasado, el procesado optó por declararse culpable el 15 de septiembre de 2026.
Como parte del acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense para reducir la pena máxima de 20 años de prisión que correspondía a sus cargos, Saab se comprometió a entregar información detallada sobre el funcionamiento de sus redes financieras y la identidad de sus colaboradores. Asimismo, el pacto judicial incluyó el decomiso de 195 millones de dólares en activos que el contratista acordó transferir a las autoridades norteamericanas, sellando así el desmantelamiento definitivo de la estructura económica que operó entre Caracas, Bogotá y diversos paraísos fiscales.
