Las elecciones y el salario digno tienen igual prioridad
Superar la crisis institucional de un país mediante el voto es la definición ideal que promueve el concierto de Naciones Unidas en todo el planeta. Esta se complementa con el desarrollo de economías sustentables que permitan el desarrollo nacional y condiciones de vida decentes para sus habitantes en materia de salud, educación, seguridad, servicios públicos
Las centrales sindicales UNETE, CODESA, CGT y CUTV, junto con organizaciones gremiales del magisterio, la educación universitaria y el sector salud, convocaron a una jornada de paralización nacional de 12 horas para el lunes 16 de noviembre de 2026. La medida de protesta busca denunciar la pérdida del poder adquisitivo, la paralización de las convenciones colectivas y la sustitución progresiva del salario legal por bonificaciones sin impacto prestacional. Según un análisis publicado por el portal digital Runrun.es, este reclamo laboral coincide con el monitoreo que mantiene la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las políticas laborales del Ejecutivo venezolano.
Desvalorización del ingreso y la política de bonificaciones
El diagnóstico presentado por las organizaciones sindicales y recogido por Runrun.es señala que los trabajadores y jubilados del sector público en Venezuela enfrentan una situación de indefensión económica. La pérdida del valor real del salario mínimo y de las pensiones se incrementó con la reducción de los pagos por concepto de aguinaldos de fin de año, los cuales se ubicaron entre los 12 y los 20 dólares para el personal del sector público en el último periodo.
Adicionalmente, el salario mínimo fijado en el país equivale a menos de un dólar mensual, según los datos referidos en el informe. Ante esta desvalorización de la moneda local, el esquema gubernamental ha priorizado la entrega de asignaciones económicas a través del Sistema Patria, una plataforma centralizada de distribución de subsidios. Las centrales sindicales advierten que esta modalidad desconoce las escalas profesionales, elimina la retroactividad del pago de prestaciones y excluye formalmente a los pensionados y jubilados de un retiro con garantías económicas.
En el marco de las discusiones entre representación gubernamental, gremios empresariales y sectores sindicales para el otorgamiento de un bono de fin de año, existen diferencias sustanciales en las propuestas monetarias. Según reportó Runrun.es, mientras el Gobierno planteó la entrega de un bono único de 150 dólares, las organizaciones sindicales exigen un monto de 480 dólares. Por su parte, otros voceros vinculados a las mesas de diálogo social han propuesto montos alternativos que oscilan entre los 300 y los 500 dólares.
La articulación de las centrales sindicales y el paro de 12 horas
Frente al congelamiento de la contratación colectiva y la falta de respuesta oficial sobre las bonificaciones decembrinas, las centrales UNETE, CODESA, CGT y CUTV emitieron un manifiesto unitario. El documento convoca a federaciones, sindicatos de base, comités de empresa y trabajadores activos o jubilados de organismos centralizados y descentralizados a respaldar la paralización del 16 de noviembre de 2026.
La convocatoria sindical argumenta que las condiciones impuestas al trabajo en el país impiden cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y servicios públicos. El movimiento gremial sostiene que el reclamo por un salario digno no se contrapone a las exigencias institucionales del país, sino que constituye una necesidad inmediata para garantizar el sustento de la población trabajadora.
El texto difundido por Runrun.es indica que la paralización de las negociaciones colectivas afecta de manera directa a los empleados dependientes del Estado, quienes han experimentado una depreciación sostenida de sus ingresos reales en los últimos años debido al contexto inflacionario y al esquema de bonos sin carácter salarial.
La supervisión del Consejo de Administración de la OIT
La crisis en el sector laboral venezolano se desarrolla de manera paralela a las actuaciones del Consejo de Administración de la OIT, el cual celebró su 358.ª reunión en Ginebra del 9 al 19 de noviembre de 2026. De acuerdo con los documentos oficiales del organismo multilateral citados por el medio de comunicación, la Comisión de Encuesta aplicada a Venezuela y sus resoluciones derivadas continúan vigentes desde el año 2019.
En el proyecto de decisión adoptado en Ginebra, la OIT instó al Gobierno venezolano a coordinar las acciones necesarias para permitir la asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo en el territorio nacional. Esta medida busca facilitar la convocatoria de la sexta sesión del Foro de Diálogo Social, un espacio tripartito diseñado para evaluar el cumplimiento del plan de acción actualizado en materia de libertad sindical, fijación de salarios mínimos y consulta tripartita.
Asimismo, el Consejo de Administración de la OIT solicitó formalmente a las autoridades gubernamentales aceptar una misión tripartita de alto nivel. Dicha comisión tendrá la responsabilidad de evaluar sobre el terreno, junto con el Gobierno y las organizaciones de empleadores y trabajadores, las metas alcanzadas en la ejecución de los acuerdos de diálogo. Las conclusiones de esta misión deberán ser presentadas en un informe formal ante la 359.ª reunión del Consejo de Administración, programada para el mes de marzo de 2027.
Dimensión institucional y demandas económicas
El reporte publicado por Runrun.es vincula la precarización de las condiciones de trabajo con la necesidad de restablecer las garantías institucionales y electorales en el país. En este contexto, el análisis menciona que las aspiraciones democráticas de la ciudadanía se mantienen activas tras los procesos electorales de julio de 2024 y los acontecimientos políticos registrados a inicios de enero de 2026.
El análisis de la fuente señala que la resolución de la crisis venezolana requiere la aplicación simultánea de mecanismos institucionales que garanticen la participación ciudadana y el diseño de políticas públicas enfocadas en la recuperación del aparato productivo. La restitución de las garantías laborales, el respeto a la libre contratación colectiva y el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos ante la OIT representan, de acuerdo con el informe sindical, los ejes fundamentales para superar la indefensión social que afecta a la fuerza de trabajo en Venezuela.
