El Precedente de Carlos Andrés Pérez: Un Juicio Bajo Sospecha
Pero el uso del chivo expiatorio no es exclusivo del chavismo. La historia democrática venezolana también ofrece ejemplos significativos. El caso de Carlos Andrés Pérez (CAP) a principios de los años 90 es particularmente revelador. El 18 de mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia aprobó un antejuicio de mérito en su contra, lo que llevó al allanamiento de su inmunidad parlamentaria por parte del Congreso y su posterior expulsión de Acción Democrática, su propio partido.
Este proceso, aunque legalmente enmarcado, tuvo fuertes connotaciones de juicio político. Ocurrió en un momento de profunda crisis institucional, social y económica, agravada por los intentos de golpe de Estado de 1992. La defenestración de CAP, aunque no exenta de posibles responsabilidades personales, pudo haber servido como una válvula de escape para la presión social y política, un intento de "sanear" el sistema sacrificando a su figura más visible para evitar un colapso mayor o un nuevo alzamiento militar. Es decir, CAP se convirtió en un chivo expiatorio de las fallas estructurales de un modelo político que ya mostraba signos de agotamiento y corrupción generalizada.
Paradójicamente, su acatamiento del juicio y la sentencia le valieron una reivindicación póstuma como demócrata. Sin embargo, en un esfuerzo por deslindarse de las responsabilidades colectivas por el desprestigio del sistema de partidos, muchos optaron por atribuir la caída de CAP a una supuesta conspiración de un grupo conocido como "Los Notables".
Los Notables: Visionarios Ignorados o Chivos Expiatorios Injustos
El grupo de "Los Notables" estaba compuesto por figuras de gran prestigio en la sociedad venezolana, incluyendo intelectuales, científicos y profesionales de diversas áreas como Arturo Uslar Pietri, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Alfredo Boulton, Arnoldo Gabaldón, Carlos Rangel, Jacinto Convit, Pedro Palma, Tulio Chiossone, Marcel Granier, Miguel Ángel Burelli y Domingo Maza Zavala, con la excepción de José Vicente Rangel, cuya trayectoria posterior lo diferenciaría. Estos ciudadanos, lejos de conspirar contra la democracia, levantaron su voz para advertir sobre la grave situación del país y proponer reformas urgentes.
En su carta de presentación, publicada el 10 de agosto de 1990, alertaron sobre una "difícil y peligrosa situación política, económica y social" y propusieron medidas como la reforma del sistema electoral (con elección uninominal), la democratización interna de los partidos, la independencia del Poder Judicial y nuevas leyes contra la corrupción administrativa. Ideas que, en retrospectiva, eran fundamentales para fortalecer la democracia. Sin embargo, su crítica constructiva fue percibida por algunos como una amenaza o un intento de desestabilización, y fueron injustamente "satanizados" para evitar que los partidos políticos tradicionales asumieran la necesidad de una autocrítica profunda y de reformas estructurales que hubiesen podido prevenir el posterior colapso del sistema.
La Frustración Actual y la Proliferación de Culpables
En la Venezuela contemporánea, la incapacidad de la oposición para lograr un cambio de régimen ha intensificado la búsqueda de chivos expiatorios dentro de sus propias filas. Las frustraciones acumuladas han llevado a una proliferación de acusaciones internas, muchas veces infundadas, que desvían la atención de la necesidad de una autoevaluación honesta y de la construcción de una estrategia unificada. Pocos líderes o facciones están dispuestos a asumir la cuota de responsabilidad por los errores cometidos, prefiriendo endosar la culpa a otros actores o a circunstancias externas.
Un factor crítico en este entramado es la financiación de la política. En democracias funcionales, los partidos reciben aportes estatales y privados transparentes. En Venezuela, el Estado no solo no contribuye, sino que el gobierno persigue a cualquier particular que intente apoyar financieramente a la oposición. Esta realidad fuerza a que los aportes se realicen "por debajo de la mesa", generando un caldo de cultivo para la opacidad y las acusaciones de corrupción, incluso si estas carecen de fundamento. La falta de un marco legal y operativo transparente para la financiación política se convierte así en un arma de doble filo: por un lado, dificulta la operatividad de la oposición; por otro, abre la puerta a señalamientos que, a su vez, se utilizan para deslegitimar y buscar nuevos chivos expiatorios.
A esto se suma la proliferación de "francotiradores" tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre individualidades, quienes, desde sus trincheras, atacan a quienes disienten o proponen caminos diferentes, minando aún más la unidad y la confianza. Esta fragmentación interna, alimentada por la misma lógica de buscar culpables en lugar de soluciones, solo beneficia al statu quo.
Hacia una Verdadera Asunción de Responsabilidad
Es imperativo que, en medio de este "nefasto interregno", se abandone la práctica de la designación de chivos expiatorios. La supervivencia de Venezuela como nación democrática exige una profunda reflexión y una asunción colectiva de responsabilidades por parte de todos los actores políticos y sociales. La construcción de una alternativa viable no puede basarse en la culpa ajena, sino en la autocrítica, la transparencia y la unidad de propósito.
La historia ha demostrado que culpar a otros es una estrategia de corto aliento que impide el progreso y perpetúa los ciclos de crisis. Solo asumiendo los errores, identificando las causas reales de los problemas y trabajando de manera coordinada, se podrá edificar una Venezuela mejor. La Plataforma Unitaria y las ONG tienen la oportunidad histórica de dar un paso adelante, articular un programa mínimo de gobierno basado en consensos y demostrar que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocer las fallas y unirse en torno a objetivos comunes. La iniciativa de un liderazgo que convoque a esta unidad, lejos de la fragmentación y la búsqueda de culpables, será fundamental para trazar un camino hacia la recuperación del país.
