La Conversa | Javier Tarazona: “El tiempo nos está dando la razón”
“El tiempo nos está dando la razón”. Con esta frase, Javier Tarazona, director de la organización de derechos humanos Fundaredes, resumió su análisis sobre los recientes operativos militares reportados en el estado Apure contra presuntos campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tarazona fue uno invitado de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI)
Los recientes operativos militares ejecutados en el estado Apure contra asentamientos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), sumados a reportes sobre apoyo de inteligencia internacional, confirman los patrones de presencia de grupos armados irregulares en las zonas fronterizas de Venezuela denunciados durante años por activistas continentales, según expuso Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, durante su participación en el espacio informativo La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), reseñado por el portal Runrun.es.
El defensor de derechos humanos, quien actualmente mantiene medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país tras haber permanecido privado de libertad durante casi cinco años, analizó los despliegues de las Fuerzas Armadas y la evolución del conflicto en el occidente venezolano junto a los periodistas Ronna Rísquez, César Batiz (director de El Pitazo) y Víctor Amaya (director de Tal Cual).
Hallazgos en la frontera y cambio de narrativa oficial
De acuerdo con el monitoreo operacional desarrollado por la red de activistas de Fundaredes en las entidades fronterizas, las acciones militares reportadas en territorio apureño representan una modificación sustancial en el discurso de los organismos del Estado. Según los registros de la organización civil citados por Runrun.es, las instancias oficiales mantuvieron durante años la negación sistemática sobre la permanencia de Grupos Armados Organizados (GAO) en suelo nacional, tildando de traición las investigaciones que alertaban sobre la expansión operacional de estas estructuras.
Tarazona señaló en La Conversa que el traslado de cuerpos sin vida hacia la morgue de San Fernando de Apure y la información divulgada por el periódico estadounidense The New York Times, donde se citan fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre el uso de drones e inteligencia técnica en respaldo a las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), validan los elementos documentados por la ONG. Estas mismas denuncias derivaron en los procesos penales seguidos contra él, su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar De Dios García, a quienes la Fiscalía imputó por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio.
Frente a la opacidad sostenida en la vocería institucional, la directiva de Fundaredes demandó el establecimiento formal de políticas públicas transparentes orientadas a la atención integral de las zonas fronterizas, subrayando que las evidencias acumuladas por el voluntariado territorial confirman el asentamiento histórico de los grupos irregulares.
Antecedentes del conflicto y vacíos de información institucional
El análisis presentado por Fundaredes vincula la situación operativa actual con los enfrentamientos armados registrados en abril de 2021 en las localidades de La Victoria y El Rápial, en el estado Apure. En aquel momento, la capacidad de fuego manifestada por las agrupaciones irregulares superó los esquemas de contención de las unidades militares venezolanas desplegadas en el sector, dejando un saldo de efectivos castrenses desaparecidos cuyos casos continúan sin aclaración oficial.
Entre los expedientes sin respuesta institucional, Tarazona citó el caso del sargento Dani Vásquez, cuya familia no ha recibido informe oficial por parte de las autoridades militares respecto a su paradero tras los combates de 2021. De acuerdo con las declaraciones recogidas en el encuentro de ARI, la falta de capacidad técnica y logística observada en contingentes de la FANB respondería al impacto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país desde el año 2015, factor que facilitó la consolidación estructural de las facciones irregulares en zonas periféricas.
La representación de Fundaredes enfatizó la necesidad de profesionalizar y despartidizar las estructuras militares venezolanas, recordando precedentes históricos de oficiales institucionalistas como Humberto Quintero Aguilar y Juan Carlos Caguaripano, quienes emprendieron acciones de combate directo contra la guerrilla en territorio nacional y posteriormente resultaron procesados y privados de libertad por el aparato gubernamental.
La crisis estructural tras las operaciones militares
Las evaluaciones de campo de Fundaredes establecen que la respuesta exclusivamente militar resulta insuficiente para desmontar las dinámicas territoriales en los estados fronterizos, debido a la ausencia prolongada de instituciones civiles y a la consolidación de circuitos económicos informales.
Para ilustrar la magnitud de la vulnerabilidad social en las zonas limítrofes, el reporte de Fundaredes expuesto en Runrun.es aportó cifras sobre el impacto del colapso de los servicios públicos:
- Al menos 90.000 niños y adolescentes venezolanos cruzan diariamente la línea fronteriza a través del estado Táchira para asistir a instituciones educativas en el departamento de Norte de Santander, Colombia.
- La red hospitalaria de la provincia fronteriza colombiana asume de forma recurrente la atención médica de ciudadanos venezolanos ante la falta de insumos y personal médico en los centros de salud del lado venezolano.
Según la organización de derechos humanos, la persistencia de economías paralelas basadas en el contrabando y la extorsión neutraliza los efectos de los operativos de la FANB si estos no van acompañados de incentivos socioeconómicos y presencia institucional permanente. De no abordarse estas causas estructurales, los despliegues militares mantendrán un carácter coyuntural que impedirá el restablecimiento pleno de la soberanía nacional.
Proyección y nuevos focos de monitoreo en el sur del país
El monitoreo de la organización abarca un radio territorial que comprende los estados Táchira, Zulia, Falcón, Apure, Bolívar y Amazonas. En relación con las regiones del sur del país, Fundaredes anunció la presentación formal de un informe documentado en Caracas dedicado a la evolución del conflicto en las entidades mineras y forestales.
Las investigaciones previas de la ONG identificaron desplazamientos poblacionales no convencionales en los estados Amazonas y Bolívar, derivados de la reorganización de las estructuras armadas no estatales que operan en las áreas de extracción de recursos. Estas dinámicas forman parte de una secuencia de violencia y control territorial que el voluntariado de la entidad viene registrando sistemáticamente desde el año 2004.
El pronunciamiento en La Conversa reafirmó que el patrón de persecución judicial impuesto contra defensores de derechos humanos y periodistas busca silenciar la documentación de los vacíos institucionales en las fronteras. Mientras persista la falta de información oficial sobre las bajas, los arrestos y los acuerdos operativos en Apure, la sociedad civil mantendrá la exigencia de rendición de cuentas sobre la actuación de los cuerpos de seguridad en el territorio nacional.
