Jubilados de la Defensoría del Pueblo exigieron restitución de beneficios laborales (VIDEO)
Entre sus principales exigencias se encuentra la reactivación de la póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM)
La Asociación de Jubilados y Pensionados de la Defensoría del Pueblo formalizó una serie de reclamos dirigidos a la gestión de Eglée González Lobato, titular de dicho despacho, con el propósito de exigir la restitución inmediata de diversas compensaciones socioeconómicas y beneficios de carácter laboral. De acuerdo con las declaraciones del gremio de extrabajadores, estas medidas de protección social han sido interrumpidas de manera sistemática o ignoradas de forma continua a lo largo de los últimos meses, lo que motivó una movilización en la ciudad de Caracas para visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los afectados. La manifestación se estructuró a través de una convocatoria extraordinaria donde los voceros de la organización de jubilados expusieron las precariedades derivadas de estas suspensiones.
Paralización de pólizas de salud y subsidios alimentarios
Uno de los puntos de mayor preocupación expuestos por la representación de los jubilados se centra en la pérdida del acceso a la salud privada a través de los mecanismos institucionales. Según la información suministrada por la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Defensoría del Pueblo durante una asamblea celebrada en las inmediaciones de la Plaza Morelos, en el centro de Caracas, la póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) se encuentra actualmente suspendida. Los voceros gremiales señalaron que la interrupción de este servicio médico tiene un impacto directo y severo sobre la población de la tercera edad, la cual requiere de coberturas de salud constantes para hacer frente a consultas de emergencia, procedimientos quirúrgicos imprevistos y el control de patologías de carácter crónico que suelen manifestarse en esta etapa de la vida.
A la problemática del sector salud se añade la interrupción de los programas de asistencia alimentaria. La organización de jubilados denunció que el beneficio destinado a la adquisición de alimentos fue suspendido desde el pasado mes de noviembre. De acuerdo con los reclamos presentados por los afectados, este subsidio constituye un derecho adquirido durante sus años de servicio activo dentro de la institución pública. Los manifestantes sostienen que la eliminación de esta ayuda vulnera los ingresos reales de los pensionados, quienes dependen de estas asignaciones complementarias para cubrir sus necesidades nutricionales básicas en un contexto donde el poder adquisitivo general se encuentra limitado. La falta de respuestas por parte de las autoridades administrativas de la Defensoría del Pueblo ha incrementado la urgencia de estas demandas, según manifestaron los propios jubilados en el espacio público.
El principio de progresividad y la homologación de incentivos
La disparidad de condiciones entre el personal activo y el personal jubilado de la Defensoría del Pueblo constituye otro de los reclamos centrales de la Asociación. Los jubilados exigen ser incorporados en los esquemas de bonificaciones y estímulos económicos adicionales que actualmente perciben los trabajadores en funciones activas dentro del organismo de protección de derechos. Según los argumentos jurídicos y gremiales presentados por la representación de los extrabajadores, esta demanda se fundamenta de manera directa en una resolución interna de carácter institucional aprobada en el año 2016, la cual establece la vinculación de ciertos beneficios entre ambas categorías de trabajadores.
Asimismo, los voceros de la manifestación invocaron el principio constitucional y laboral de la progresividad de los derechos humanos y laborales. Este principio jurídico establece que los derechos y beneficios alcanzados por los trabajadores no pueden sufrir retrocesos ni disminuciones por decisiones administrativas posteriores. Al quedar excluidos de los bonos extraordinarios que recibe el personal activo, los jubilados consideran que se está produciendo una segregación que desmejora sus condiciones de retiro. La exigencia dirigida a la gestión de Eglée González Lobato apunta a que se aplique de manera estricta el marco normativo vigente para equiparar los ingresos indirectos de los pensionados con los del personal que aún labora en las oficinas de la Defensoría.
Inconsistencias en el cálculo de prestaciones y jubilaciones
La agenda de reclamos de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Defensoría del Pueblo también abarca aspectos técnicos relacionados con la liquidación de haberes para el personal de reciente egreso. Los manifestantes solicitaron formalmente una auditoría y revisión exhaustiva de las fórmulas y bases de cálculo que la institución emplea para determinar el pago de conceptos fundamentales como las utilidades de fin de año, las liquidaciones por años de servicio y los aguinaldos correspondientes a los nuevos jubilados.
Según las denuncias recibidas por la directiva de la asociación, se han detectado marcadas inconsistencias y reducciones en los montos transferidos a los trabajadores que acaban de pasar a la condición de retiro. Los afectados sostienen que estas variaciones técnicas disminuyen el patrimonio acumulado tras décadas de trayectoria laboral en la administración pública. Por ello, exigen que se corrijan las metodologías de cálculo aplicadas por la dirección de recursos humanos del organismo para garantizar que los pagos se correspondan con los salarios históricos y las normativas legales aplicables al sector público venezolano.
El rol institucional y la exigencia de un trato digno
La protesta realizada en la Plaza Morelos sirvió también como un espacio de reflexión sobre la naturaleza y misión de la institución para la cual prestaron servicios durante su vida laboral. La Asociación de Jubilados y Pensionados recordó que la Defensoría del Pueblo tiene el mandato constitucional de actuar como el principal garante, promotor y defensor de los derechos humanos en el territorio nacional. En este sentido, los manifestantes señalaron que la institución debe predicar con el ejemplo interno, garantizando condiciones de vida dignas para su propio personal jubilado antes de presentarse como un referente de protección hacia la ciudadanía general.
La falta de canales de comunicación efectivos y de respuestas oportunas por parte de la directiva de la Defensoría ha sido catalogada por los jubilados como una contradicción con los valores fundamentales de la institución. Los manifestantes insistieron en que el trato hacia las personas de la tercera edad que dedicaron su esfuerzo profesional al fortalecimiento de la Defensoría debe basarse en
