Jovanny González: años de persecusión, prisión, exilio y una batalla contra el cáncer
Los Llanos.- Familiares, amigos y allegados de Jovanny González, expreso político barinés que murió el 26 de agosto, a los 36 años, tras padecer cáncer metastásico, le dieron el último adiós este viernes 28 de agosto en el Cementerio Virgen del Real, en Barinas, donde fueron sepultados sus restos. González dejó un hijo de 12
El fallecimiento de Jovanny González, ex preso político de 36 años, ocurrido el pasado 26 de agosto en el estado Barinas, expone nuevamente las consecuencias del uso de medidas restrictivas y procesos judiciales contra personas con diagnósticos de salud graves en Venezuela. González, quien padecía un cáncer metastásico en estado avanzado, murió tras transcurrir sus últimos meses bajo régimen de presentación judicial y en medio de reiteradas solicitudes de amnistía que nunca fueron atendidas por los tribunales locales. De acuerdo con una reconstrucción detallada publicada por el medio digital El Pitazo, el ciudadano fue sepultado el viernes 28 de agosto en el Cementerio Virgen del Real, en la capital llanera, dejando a un hijo de 12 años en la orfandad.
La inhumación de sus restos estuvo precedida por una manifestación de protesta encabezada por sus familiares y por el dirigente político Wilmer Azuaje, primo de González y exdiputado de la Asamblea Legislativa de Barinas. Antes de dirigirse al camposanto, la comitiva fúnebre se trasladó hasta la sede del Circuito Judicial Penal de Barinas. Frente a las puertas de la institución, Azuaje colocó el féretro como un acto de denuncia contra los administradores de justicia que mantuvieron las medidas cautelares sobre González, a pesar del evidente deterioro de su salud física.
De acuerdo con las declaraciones recogidas por El Pitazo durante la protesta, los familiares señalaron directamente a la jueza del Tribunal Tercero de Juicio de Barinas y a los fiscales asignados al caso por haber ignorado los informes médicos que certificaban la imposibilidad de González para movilizarse o comparecer en audiencias. Los allegados explicaron que el joven falleció esperando una respuesta a su solicitud de amnistía, la cual fue gestionada formalmente mientras su condición médica empeoraba de forma acelerada.
Un historial de detenciones y denuncias de malos tratos
La vinculación de Jovanny González con el activismo político comenzó a temprana edad. A los 16 años empezó a trabajar como asistente de Wilmer Azuaje, una relación laboral y familiar que lo convirtió en blanco de la persecución estatal. Según los registros de su defensa y testimonios de su familia, González fue privado de libertad en tres oportunidades por motivos políticos. La primera detención ocurrió en el año 2014, cuando permaneció tres días bajo custodia. La segunda se registró en 2016 en el estado Barinas, prolongándose por 22 días.
El episodio más severo tuvo lugar el 2 de mayo de 2017, durante las protestas antigubernamentales de ese año. González fue arrestado junto al entonces diputado Azuaje, en un procedimiento que la defensa denunció como violatorio de la inmunidad parlamentaria del legislador. Ambos ciudadanos fueron trasladados inicialmente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Azuaje denunció públicamente que durante el traslado y los días posteriores a la captura, ambos recibieron severos castigos físicos por parte de los funcionarios de seguridad, siendo González el más afectado por las agresiones.
La presentación formal ante un tribunal de control de Barinas se realizó el 22 de agosto de 2017, tras casi cuatro meses de reclusión sin control judicial. En esa audiencia, la jueza Dubraska Linares imputó a González seis cargos penales: posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento, resistencia a la autoridad y porte ilícito de arma de fuego. Posteriormente, se ordenó su reclusión en el Centro de Procesados 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico. Allí permaneció un año y un mes, hasta que el 2 de junio de 2018 fue excarcelado bajo medidas cautelares que incluían la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal.
El exilio en República Dominicana y el diagnóstico oncológico
Tras obtener su libertad condicional, González se trasladó de forma clandestina a la República Dominicana, país donde permaneció exiliado durante aproximadamente siete años y medio. Durante su estancia en el exterior, mantuvo una vida activa hasta que a principios de 2024 comenzó a presentar fuertes dolores renales. Aunque inicialmente los médicos sospecharon de cálculos renales, los estudios ecográficos y biopsias posteriores confirmaron la presencia de un tumor maligno y el diagnóstico de cáncer con metástasis.
Para costear la intervención quirúrgica de emergencia realizada en 2025, la familia recurrió a campañas de recaudación de fondos en plataformas digitales y a la venta de sus bienes personales, incluyendo su vehículo. Tras la remoción del tumor, los médicos indicaron un esquema de inmunoterapia de alto costo, estimado en 9.800 dólares por cada ciclo, con una duración proyectada de tres años. Debido a la falta de recursos, y a pesar del apoyo económico puntual brindado por instituciones de salud del gobierno dominicano, González solo pudo completar ocho de las sesiones requeridas.
Ante la imposibilidad financiera de sostener el tratamiento oncológico en el extranjero, tomó la decisión de retornar a Venezuela en junio de 2026 para intentar ingresar al sistema público de salud, a pesar de que el 27 de marzo de ese mismo año los tribunales venezolanos habían emitido una nueva orden de aprehensión en su contra.
Retorno a Venezuela y desatención médica
González arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía el 5 de junio de 2026 en silla de ruedas, debido al avance de la enfermedad. Al ingresar al área de migración, las autoridades aeroportuarias lo retuvieron por aproximadamente dos horas debido a la orden de captura vigente. No obstante, ante la gravedad de su condición médica, los funcionarios optaron por permitir su ingreso al territorio nacional sin ejecutar la privación de libertad inmediata.
Una vez instalado en Barinas, su madre procedió a inscribirlo en el programa de pacientes oncológicos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con el fin de gestionar los fármacos de alto costo. Según reportó la familia a El Pitazo, el paciente recibió el tratamiento completo correspondiente al mes de junio de manera regular. Sin embargo, durante el mes de julio, el suministro estatal de medicamentos se interrumpió por completo. Esta ausencia de fármacos aceleró el deterioro físico de González, quien quedó postrado en cama, con un cuadro de desnutrición crónica, pérdida de la capacidad de hablar y una inmovilidad casi total que solo le permitía realizar leves movimientos con las manos.
Citaciones judiciales a un paciente terminal
A pesar de que la defensa técnica documentó el estado de postración del procesado, el Tribunal Tercero de Juicio de Barinas emitió tres citaciones consecutivas exigiendo la comparecencia física de González en la sede judicial. Ante la imposibilidad física de asistir, el propio González grabó un video el pasado 8 de agosto, difundido en redes sociales, en el cual solicitaba públicamente a los magistrados una resolución humanitaria para su caso. En el material audiovisual, el joven explicaba que su estado físico le impedía caminar y reiteraba el llamado para que se aprobara la amnistía solicitada.
La defensa de González notificó formalmente a la jueza de la causa que, dado el rápido avance de la enfermedad y la falta de tratamiento médico oportuno, era altamente probable que el procesado no sobreviviera para la fecha de la siguiente audiencia, pautada para el 14 de septiembre. González falleció veinte días antes de la comparecencia fijada por el tribunal.
La organización no gubernamental Fundehullan, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en la región de los Llanos, se pronunció sobre el caso señalando la responsabilidad del Estado venezolano al no aplicar medidas humanitarias ni suspender las obligaciones procesales de un ciudadano en fase terminal. De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos aplicados por diversas ONG, la insistencia en someter a procesos judiciales activos a personas con enfermedades graves e irreversibles constituye una forma de trato cruel y degradante que vulnera el derecho a la dignidad y a la salud.
