Huelga de hambre en Bolívar: se deteriora la salud de los manifestantes  

Puerto Ordaz.- Este lunes, 2 de noviembre, dos jubilados de las industrias básicas alcanzaron nueve días en huelga de hambre frente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Puerto Ordaz, estado Bolívar, y el deterioro de su salud ya se nota: los médicos que los chequean a diario confirmaron que han perdido casi 5

Redacción Libertad VZLA
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Equipo editorial2 nov. 2026

Dos jubilados de las industrias básicas del estado Bolívar alcanzaron este lunes nueve días en huelga de hambre frente a la sede principal de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), ubicada en Puerto Ordaz. De acuerdo con datos publicados por el medio digital El Pitazo, las evaluaciones médicas practicadas diariamente en el sitio confirman que cada uno de los manifestantes ha registrado una pérdida de peso de casi cinco kilogramos desde que iniciaron la medida de protesta.

El ayuno prolongado, en el que únicamente ingieren agua, ha comenzado a generar complicaciones físicas directas. Hugo Medina, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar y uno de los voceros del movimiento, requiere actualmente el uso constante de tapabocas debido a una afección respiratoria manifestada con tos persistente durante las últimas 72 horas. Según las declaraciones recogidas por el mencionado portal informativo, el personal médico que asiste voluntariamente a los huelguistas atribuyó los síntomas de Medina a las condiciones ambientales asociadas a pernoctar a la intemperie, expuestos de forma continua a la contaminación y a los gases de combustión del tráfico vehicular de la zona.

Junto a Medina permanece en la manifestación el extrabajador Tomás Romero. El grupo inicial de huelguistas ha sufrido bajas durante el transcurso de las jornadas por razones de salud crítica. Según precisó El Pitazo, el manifestante Alejandro Lozada debió abandonar la huelga tras presentar cuadros de sangrado digestivo y un marcado decaimiento anímico. Previo al retiro de Lozada, un cuarto integrante también suspendió la medida con el fin de evitar daños irreversibles a su integridad física.

Exigencias laborales y estado de las negociaciones

La exigencia central del comité de protesta es el pago único de un bono de utilidades equivalente a 1.200 dólares. Esta demanda abarca a un estimado de 80.000 personas, cifra que incluye a trabajadores activos, personal no requerido y jubilados de los sectores del hierro, el aluminio y el acero concentrados en el parque industrial de la región Guayana.

Las conversaciones directas con la administración estatal no han derivado en un acuerdo final. Dirigentes sindicales sostuvieron una reunión en la que participaron el presidente de la CVG, Héctor Silva, y la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García. En dicho encuentro, los representantes gubernamentales plantearon el levantamiento inmediato de la huelga de hambre bajo el compromiso de entregar una respuesta formal respecto a los pagos exigidos.

Los manifestantes rechazaron la propuesta de despejar el lugar y decidieron mantener la protesta de forma ininterrumpida. La vocería de los jubilados ratificó al medio de origen que no aceptarán un monto inferior a la cifra estipulada y precisaron que esperarán la respuesta oficial del Ministerio de Industrias y Producción Nacional. De no obtener una resolución favorable sobre la cancelación del bono, las organizaciones de trabajadores prevén ejecutar medidas de protesta de mayor escala en la entidad.

La huelga de hambre se desarrolla en paralelo con una vigilia permanente que sostienen obreros e integrantes del sector industrial frente a la sede de la corporación. Esta acción de protesta continua acumula 20 días de desarrollo en la vía pública, impulsada por la falta de capacidad adquisitiva de los ingresos actuales para cubrir el costo de los alimentos de la canasta básica y atender las necesidades familiares durante el periodo final del año.

El declive del tejido industrial y el régimen de pensiones en Guayana

Las protestas en la sede de la CVG reflejan la situación estructural que atraviesan los complejos siderúrgicos y de aluminio en el sur de Venezuela. Históricamente, las empresas estatales del estado Bolívar, como Sidor, Venalum, Alcasa y Ferrominera Orinoco, constituían el motor industrial no petrolero más importante del país, ofreciendo convenciones colectivas con amplias coberturas de salud, jubilaciones dignas y bonificaciones de fin de año ajustadas al costo de vida.

Sin embargo, en los últimos años, la contracción de la capacidad productiva de estas plantas, sumada a la depreciación del signo monetario nacional y a la reconversión de las escalas salariales, ha reducido significativamente el valor real de los ingresos recibidos por la nómina pasiva. Los jubilados y pensionados del sector público en la entidad han denunciado de forma reiterada que las asignaciones mensuales resultan insuficientes para adquirir insumos médicos de primera necesidad y cumplir con una dieta básica.

La pérdida de los beneficios tabulados en los contratos colectivos históricos ha llevado a que los expersonales de las industrias de la madera, el aluminio y el acero recurran a la vía del conflicto laboral en la calle. Para los adultos mayores de esta región, la interrupción en los servicios de atención médica contratada previa y el desfasaje del cálculo salarial frente a la tasa inflacionaria representan los factores determinantes detrás de las manifestaciones de calle.

Implicaciones económicas y vulnerabilidad de la tercera edad

El reclamo de un pago compensatorio de 1.200 dólares pone de manifiesto la brecha entre el ingreso oficial y el costo de la canasta alimentaria en Venezuela. De acuerdo con mediciones independientes de organismos económicos y gremiales, la canasta básica familiar supera ampliamente los montos fijados en las tablas de remuneración mínima estatal.

Para la población de la tercera edad, la falta de cobertura en tratamientos para patologías crónicas agrava el impacto de la crisis económica. La decisión de someterse a medidas extremas como la privación voluntaria de alimentos evidencia la falta de canales institucionales expeditos para la resolución de pasivos laborales acumulados y de deudas contractuales.

Las organizaciones sindicales locales han registrado protestas continuadas en Puerto Ordaz y San Félix durante todo el año, concentradas principalmente en la devolución de beneficios alcanzados en negociaciones pasadas y en la exigencia de salarios de emergencia adaptados a las dinámicas del mercado actual.

La continuidad del ayuno prolongado en las puertas de la CVG se mantiene supeditada al pronunciamiento de las autoridades gubernamentales. Mientras el plazo fijado para las respuestas institucionales se agota, las organizaciones médicas que monitorean a los manifestantes reiteran el riesgo de secuelas físicas permanentes para los jubilados que permanecen expuestos a las inclemencias del clima y a la privación total de nutrientes.

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