Grupos armados ocupan una escuela de Fe y Alegría en comunidad indígena de Bolívar
El coordinador general de la organización Cecodap, Carlos Trapani, rechazó la presencia de grupos armados en una escuela vinculada a Fe y Alegría en la comunidad indígena eñepa La Batea del municipio Cedeño, al sur del estado Bolívar. La situación ha obligado a docentes y familias a abandonar el sector por razones de seguridad. A
La ocupación de un plantel educativo vinculado a la red Fe y Alegría por parte de hombres armados en la comunidad indígena eñepa de La Batea, ubicada en el municipio Cedeño al sur del estado Bolívar, provocó el desplazamiento forzado de docentes y familias enteras que abandonaron el sector por razones de seguridad. La denuncia, formulada por el coordinador general de la organización Cecodap, Carlos Trapani, pone en evidencia el avance de estructuras irregulares sobre espacios comunitarios de protección infantil en la región de Los Pijiguaos.
Según los datos divulgados por la organización defensora de los derechos de la niñez y la adolescencia, la presencia de elementos armados en la infraestructura escolar no solo paralizó las actividades académicas cotidianas, sino que desmanteló el principal entorno de resguardo institucional para los niños y adolescentes eñepa en la zona.
La intrusión irregular en el entorno escolar
La red educativa Fe y Alegría ha mantenido durante años una estructura de enseñanza y acompañamiento social en los asentamientos indígenas de la cuenca de Los Pijiguaos. La Batea opera como un núcleo central para el acceso a la educación formal en este territorio. De acuerdo con lo reportado por Cecodap, la irrupción de sujetos armados dentro de la instalación escolar alteró de forma directa las dinámicas comunitarias, derivando en la salida preventiva del personal docente ante las presiones y riesgos existentes.
La salida de los educadores y la interrupción de las clases conllevan repercusiones que trascienden el ámbito pedagógico. Trapani advirtió que la inestabilidad generada por los grupos irregulares altera la rutina comunitaria, incrementa los niveles de zozobra y quebranta el vínculo entre los estudiantes y sus instructores. La pérdida de este espacio de contención expone a la población infantil a vulneraciones asociadas a la presencia delictiva en sus territorios originarios.
Entre los factores de vulnerabilidad identificados por la organización civil figuran la exposición directa a hechos violentos, el riesgo de captación y reclutamiento forzado, la utilización de menores de edad en labores de vigilancia o soporte logístico, la trata de personas, el secuestro y la explotación laboral o sexual. A estos elementos se suman el desplazamiento territorial, la fractura familiar y la interrupción indefinida de la escolaridad.
El impacto estructural en las comunidades originarias
El desplazamiento forzado en territorios de los pueblos indígenas añade una dimensión de pérdida cultural y territorial. De acuerdo con el análisis de Cecodap, la separación de un niño indígena de su comunidad de origen implica la ruptura abrupta de sus lazos con el territorio ancestral, la cultura propia, la familia extendida, los educadores y las autoridades tradicionales de la etnia eñepa.
La presencia de grupos armados en asentamientos como La Batea y Punta Brava ha generado mecanismos de control social sobre los habitantes locales. Reportes de la organización señalan que en estos sectores se registran amedrentamientos, retenciones temporales y restricciones a la movilidad, lo cual motivó el progresivo abandono de hogares por parte de varios núcleos familiares.
La incursión en recintos educativos representa un cambio en el patrón de actuación de los grupos irregulares en la zona, al trasladar sus actividades operativas desde áreas perimetrales o mineras hacia los centros urbanos y comunitarios destinados a la formación escolar.
Un historial documentado de control territorial
La crisis de seguridad reportada en La Batea no constituye un hecho aislado dentro de la geografía del municipio Cedeño. Según registros de Cecodap y antecedentes oficiales, la consolidación de grupos al margen de la ley en Los Pijiguaos cuenta con precedentes documentados desde hace más de un año.
En octubre de 2025, el propio Estado venezolano reconoció públicamente la operatividad en la zona de Los Pijiguaos de facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A lo largo de 2026, diversas organizaciones no gubernamentales y autoridades tradicionales indígenas mantuvieron alertas constantes sobre la expansión del control territorial y las actividades de minería ilegal desarrolladas por estos grupos.
El deterioro del orden público en la zona registró escaladas violentas durante el año 2026. El 2 de agosto de ese año, hombres armados secuestraron de su comunidad al capitán indígena Julio Rodríguez. El cuerpo sin vida de la autoridad tradicional fue localizado días después, hecho que se produjo tras reiteradas solicitudes de protección que las autoridades indígenas habían presentado ante organismos del Estado frente a las incursiones armadas en sus predios.
Durante los meses de agosto y septiembre de 2026, la comunidad denunció de forma continua episodios de secuestro, intimidación directa y reclutamiento forzoso. En respuesta a esta coyuntura, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó incursiones militares y sobrevuelos en la región. El 5 de octubre de 2026, la institución militar informó sobre la inhabilitación de una pista de aterrizaje clandestina y la destrucción de un campamento logístico vinculado a la minería ilegal en el sector de Los Pijiguaos.
Demandas de protección e institucionalidad
A pesar de las intervenciones militares puntuales reportadas por el Estado, la penetración de los grupos armados en las instalaciones escolares demuestra la persistencia del riesgo para las poblaciones locales. Desde Cecodap se argumenta que el abordaje gubernamental no puede limitarse a despliegues de fuerza esporádicos o al desalojo coyuntural de los planteles educativos.
La organización sostiene que una respuesta integral exige establecer mecanismos permanentes de protección para las familias y el cuerpo docente, la identificación temprana de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad extrema, la garantía de continuidad del año escolar y la aplicación de protocolos preventivos contra el reclutamiento y la explotación.
Asimismo, la representación de derechos humanos enfatizó la necesidad de realizar investigaciones judiciales transparentes sobre los hechos violentos acumulados en la zona y brindar atención a las personas en situación de desplazamiento. Dado que las autoridades estatales tenían conocimiento de la presencia irregular en Los Pijiguaos desde finales de 2025, defensores de derechos fundamentales señalan que las acciones de resguardo debieron anticiparse a la ocupación de los espacios educativos para garantizar que la niñez indígena permanezca en su entorno ancestral con garantías plenas para su desarrollo integral.
