Familiares de 47 personas privadas de libertad por su presunta vinculación con organizaciones catalogadas por el Estado venezolano como grupos terroristas exigieron que los procesados puedan continuar sus juicios en libertad, tras acumular entre cuatro y cinco años sin recibir una sentencia definitiva. La solicitud forma parte de una serie de reclamos formulados por el Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol, organización que agrupa a allegados de los detenidos en zonas fronterizas.
De acuerdo con un reporte del medio digital El Pitazo, fundamentado en una nota de prensa de la organización no gubernamental Surgentes, las exigencias fueron presentadas el jueves 29 de octubre ante representantes de distintas instituciones públicas. Además del caso de los 47 procesados sin condena, la organización requirió la revisión formal de los juicios dictados contra otras 23 personas que ya recibieron sentencias condenatorias bajo las mismas premisas judiciales.
Encuentros institucionales y denuncias de violaciones a derechos humanos
Durante la jornada del jueves 29 de octubre, los voceros de las familias sostuvieron dos reuniones con autoridades estatales en la ciudad de Caracas. La primera de ellas se llevó a cabo en horas de la mañana con el viceministro de Seguridad Ciudadana, general Félix Osorio. En este encuentro también participaron representantes del Programa de Paz y Convivencia Democrática.
En esa mesa de trabajo, las familias expusieron la situación jurídica y de salud de los detenidos, al tiempo que formalizaron denuncias sobre presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos atribuidas a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Según lo documentado por la organización Surgentes y reseñado por El Pitazo, entre las irregularidades expuestas ante el viceministro figuran tratos crueles e inhumanos, episodios de incomunicación prolongada, desapariciones temporales de personas, siembra de evidencias falsas y la presentación de los aprehendidos ante los tribunales de control fuera de los lapsos establecidos por la legislación nacional.
Los familiares manifestaron que las actuaciones de los cuerpos de seguridad reflejan un patrón de criminalización que afecta prioritariamente a poblaciones vulnerables. La mayoría de los 70 procesados que integran los registros del comité corresponden a trabajadores del campo, pescadores, obreros y pequeños comerciantes residenciados en comunidades rurales de los estados fronterizos de Venezuela.
En horas de la tarde del mismo jueves, la delegación de familiares acudió a la sede de la Defensoría del Pueblo, donde se reunió con la titular de dicho despacho, Egleé González Lobato. Durante la audiencia, los solicitantes pidieron un pronunciamiento institucional sobre el respeto a las garantías procesales e instaron al organismo a vigilar la aplicación de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).