Falso abogado es detenido en Lara: ejerció por más de 15 años
Por Andrea Barrios Barquisimeto.- Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del Estado Lara (SIPEL) detuvieron en flagrancia a un falso abogado en Barquisimeto. El sospechoso, un hombre de 78 años identificado como Vicente Manuel Felipe Perera González, utilizaba de forma fraudulenta el número de Inpreabogado 33.369, el cual pertenece a un profesional
La detención de un ciudadano de 78 años en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Barquisimeto, en el estado Lara, expone las debilidades en los controles de verificación del sistema judicial venezolano. El procedimiento, ejecutado por funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del Estado Lara (SIPEL), identificó al aprehendido como Vicente Manuel Felipe Perera González. De acuerdo con los reportes policiales y gremiales obtenidos por el medio digital El Pitazo, el ciudadano ejercía funciones de defensa legal de manera irregular utilizando una credencial correspondiente al Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el número 33.369, registro que pertenece originalmente a un profesional inscrito en el Distrito Capital. El arresto ocurrió en la entrada de la sede judicial ubicada en la carrera 24 de la capital larense, confirmando las sospechas que el gremio de abogados local venía documentando.
Dos décadas de evasión de controles institucionales
De acuerdo con las estimaciones presentadas por los representantes del Colegio de Abogados del estado Lara, Perera González logró simular el ejercicio de la abogacía durante un período estimado de entre 15 y 20 años. Durante este lapso, el sospechoso transitó por las diferentes dependencias del Circuito Judicial de la entidad, actuando en audiencias, redactando documentos y representando a ciudadanos en causas penales y civiles sin poseer la formación académica ni la debida acreditación legal.
Este caso cuenta con precedentes directos en los archivos policiales de la región. Profesionales del derecho que ejercen en el Palacio de Justicia de Barquisimeto recordaron, en declaraciones recogidas por El Pitazo, que el ahora detenido ya había enfrentado un proceso de arresto en el año 2013 bajo acusaciones similares. En aquella oportunidad, se difundió el argumento de que el ciudadano había cursado estudios de derecho en el exterior y se encontraba gestionando la revalidación de su título universitario en Venezuela.
Tras obtener una medida de libertad en ese entonces, el implicado retornó a las actividades en los tribunales larenses. El manejo fluido de herramientas procesales avanzadas, tales como la interposición de recursos de amparo constitucional y solicitudes de recusación, llevó a sus colegas de ejercicio a asumir de forma errónea que había regularizado su estatus profesional ante las autoridades universitarias y gremiales correspondientes.
Consecuencias procesales y la nulidad de las actuaciones
La actuación de una persona sin credenciales válidas en representación de terceros genera un impacto directo sobre la validez de los procesos judiciales en los que participó. En una entrevista concedida al medio Noticias Barquisimeto, el jurista Gibrán Rodríguez analizó el escenario técnico que enfrentan los expedientes donde intervino Perera González. El especialista de la región larense puntualizó que todas las actuaciones procesales dirigidas por el falso abogado están viciadas de nulidad absoluta, debido a la transgresión directa del derecho constitucional a la defensa técnica, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La jurisprudencia venezolana establece que la asistencia jurídica debe ser real, efectiva y proporcionada por un profesional debidamente certificado por los órganos estatales y gremiales. Al determinarse que la representación judicial recayó en un ciudadano usurpador de funciones, se vulnera la garantía del debido proceso. Esto obliga a los tribunales de la causa a revisar los expedientes y, eventualmente, a reponer las causas al estado en que se encontraban antes de la intervención del falso profesional. Esta situación representa un perjuicio sustancial para los ciudadanos que contrataron sus servicios de buena fe, quienes ahora enfrentan retrasos procesales, pérdida de recursos económicos y la necesidad de reiniciar sus defensas legales con abogados debidamente acreditados.
Propuestas de modernización y vacíos de seguridad en el sistema
La persistencia de casos de usurpación de funciones en sedes judiciales evidencia la obsolescencia de los métodos de control físico de credenciales en el país. Para mitigar esta problemática, especialistas como Gibrán Rodríguez proponen el desarrollo e implementación de un sistema público interconectado de verificación en tiempo real. La propuesta contempla la incorporación de códigos QR en las credenciales físicas de los abogados, enlazados directamente a una base de datos dinámica administrada por el Inpreabogado y el Tribunal Supremo de Justicia. Mediante este mecanismo, el personal de seguridad de las sedes tribunalicias y los jueces de control podrían validar la identidad y el estatus activo del profesional antes de permitir su participación en cualquier acto judicial.
La falta de digitalización y de cruce de información entre las delegaciones regionales del Colegio de Abogados y las distintas salas del Poder Judicial facilita que personas sin títulos validados utilicen números de registro pertenecientes a profesionales de otras jurisdicciones geográficas, como ocurrió en este caso con el código del Distrito Capital. La descentralización de las bases de datos y la ausencia de auditorías periódicas sobre las firmas autorizadas en los libros de presentación de los tribunales constituyen factores de vulnerabilidad que debilitan la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de administrar justicia.
Exhorto gremial y medidas para los ciudadanos afectados
Ante la gravedad del hallazgo, el presidente del Colegio de Abogados del estado Lara, Dionisio Yépez, emitió un pronunciamiento dirigido a las autoridades nacionales del sector justicia. El representante gremial instó formalmente al Consejo Superior de la Confederación de Colegios de Abogados de Venezuela, al Instituto de Previsión Social del Abogado y a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a coordinar esfuerzos para robustecer las auditorías de certificación de identidad profesional en todo el territorio nacional.
Yépez enfatizó la necesidad de establecer canales de comunicación directa y expedita entre los órganos jurisdiccionales y las juntas directivas de los colegios profesionales de cada estado. Asimismo, las autoridades del estado Lara hicieron un llamado público a todas aquellas personas que hayan recibido asesorías, asistencia técnica o representación legal por parte de Vicente Manuel Felipe Perera González a comparecer ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público en la entidad. La presentación de denuncias formales por parte de las víctimas es un paso indispensable para determinar la dimensión del daño patrimonial y procesal causado, así como para sustentar la acusación penal por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público y estafa, contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.
