Expedientes de urgencia: presos políticos sin libertad ni atención médica
En la noche del 26 de mayo de 2026, el general Ramón Antonio Lozada Saavedra salió en libertad luego de 9 años de una detención arbitraria. En 2017 podía caminar, pero ahora sale en silla de ruedas y con señales evidentes de una movilidad reducida. Según sus familiares, no tuvo la atención médica oportuna hasta […]
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Runrun.es
29 may. 2026
La profunda crisis humanitaria en Venezuela se manifiesta con especial crudeza en el destino de sus presos políticos, un colectivo que enfrenta no solo la privación de libertad por motivos arbitrarios, sino también un sistemático abandono en materia de salud que, en muchos casos, se traduce en un deterioro físico y mental irreversible. La reciente liberación del general Ramón Antonio Lozada Saavedra, el 26 de mayo de 2026, tras nueve años de detención, encapsula esta tragedia: un hombre que ingresó caminando en 2017 y que ahora emerge en silla de ruedas, con su movilidad drásticamente reducida y la evidencia de haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares en reclusión, sin la atención médica oportuna hasta casi el final de su confinamiento.
El Calvario Silencioso: Casos que Claman por Atención
El caso del general Lozada Saavedra no es una anomalía, sino un reflejo de una política de desidia que pone en riesgo la vida de cientos de personas. Horas antes de su excarcelación, en las inmediaciones de la temida sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el Helicoide, Jean Carlos Cariel alzaba su voz desesperada. Su hermano, Ricardo Cariel, un preso político detenido desde 2022, padece desde hace más de una semana intensos dolores de cabeza, mareos y pérdida de equilibrio. La preocupación de Jean Carlos es mayúscula, pues Ricardo sufrió una fractura craneal en 2009, un antecedente que exige una atención especializada que las autoridades penitenciarias se niegan a proporcionar. "Ha tenido una atención médica primaria y general, pero no especializada. Este caso necesita atención médica especializada", sentenció Jean Carlos, evidenciando la insuficiencia de los cuidados básicos ofrecidos.
La opacidad se convierte en un instrumento de tortura adicional para los familiares. Gloria Morales, madre de Rosmel Méndez, ilustra esta angustia. En su última visita a su hijo, en febrero de 2026, percibió que la piel de Rosmel mostraba una tonalidad amarillenta, pero la falta de información oficial le impide conocer el diagnóstico exacto o si ha recibido algún tipo de tratamiento médico. Esta incertidumbre constante es una carga psicológica devastadora para quienes buscan desesperadamente la salud de sus seres queridos.
La magnitud de la crisis es escalofriante. Según datos de las organizaciones no gubernamentales Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), para el 27 de mayo de 2026, Venezuela mantenía a más de 401 presos políticos. De esta cifra, al menos 39 personas, lo que representa casi el 10% del total, se encuentran en un estado de salud crítico, una situación confirmada tanto por sus familiares como por las organizaciones de la sociedad civil que monitorean estos casos.
Diago Casanova, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), denuncia la falta de transparencia gubernamental: "Es a través de la información que nos suministran las madres y los familiares de los presos políticos que podemos conocer estos casos, porque el Estado, evidentemente, no tiene información pública. No tiene cifras, no tiene nada". Esta ausencia de datos oficiales no solo impide una evaluación precisa de la situación, sino que también obstaculiza la exigencia de responsabilidades y la provisión de ayuda humanitaria. Los expedientes, tanto jurídicos como médicos, permanecen sellados bajo un manto de silencio, contribuyendo a la vulnerabilidad extrema de los detenidos.
Condiciones Infrahumanas y Negligencia Deliberada
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela ha documentado reiteradamente las condiciones de insalubridad imperantes en los centros de reclusión del país, exponiendo a presos políticos y comunes por igual a un sinfín de enfermedades sin diagnóstico ni tratamiento. Un ejemplo de esta realidad es Rodolfo José Berrio Rojas, detenido arbitrariamente desde octubre de 2025, quien ha padecido diversas infecciones dermatológicas en la cárcel de Tocorón. Su familia, según una denuncia emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 18 de mayo de 2026, ha entregado medicamentos para tratar las afecciones visibles, pero carece de certeza sobre si estos fármacos son realmente administrados a Rodolfo por las autoridades penitenciarias.
Casanova, de Clippve, subraya que las condiciones de reclusión no han mejorado, a pesar de algunas liberaciones recientes. La falta de acceso a servicios básicos como el agua es una constante. Peor aún, la actitud del personal penitenciario es a menudo de negación y maltrato. "Incluso, cuando los presos políticos se enferman, el personal del recinto penitenciario les dice que están mintiendo, que montan un show", relata Casanova. La crueldad puede escalar a niveles inimaginables: "Hay centros de reclusión, como [la cárcel de San Francisco de] Yare, en donde los funcionarios directivos del penal golpean a los presos cuando les duele una parte del cuerpo con un bate o una tabla cuyo rotulado dice “acetaminofén” u otros analgésicos y fármacos", una burla macabra que agrava el sufrimiento y humilla a los detenidos. A esta lista de padecimientos se suman los traumas físicos y psicológicos que, en muchos casos, ni los propios familiares ni la sociedad civil logran detectar debido al aislamiento forzado.
La Batalla Continúa Fuera de la Cárcel: Un Ciclo de Revictimización
La liberación no siempre significa el fin del sufrimiento. Martha Tineo, abogada y directora de JEP, advierte que la falta de atención médica para los presos políticos persiste incluso después de su excarcelación. El sistema de salud venezolano, ya de por sí precario y prácticamente inexistente para la mayoría de los ciudadanos, ofrece nulas garantías a quienes han pasado años en reclusión.
El caso de Javier Tarazona es paradigmático. Tras cuatro años y siete meses de detención arbitraria, tuvo que costearse sus propios exámenes médicos para diagnosticar una fibrosis pulmonar que desarrolló durante su encierro. "Después de que estas personas salen de esas condiciones de alta vulnerabilidad y que deterioran su salud física y mental, les toca enfrentarse a un sistema de salud prácticamente inexistente, como le pasa a todos los venezolanos", enfatiza Tineo.
En un país donde la demanda de personal de salud supera con creces la oferta, donde los fármacos son escasos y prohibitivos, y las instalaciones sanitarias se desmoronan por años de abandono, los presos políticos excarcelados se ven inmersos en un ciclo de revictimización. Aunque la cifra de presos políticos con enfermedades graves ha disminuido de un mínimo de 60 casos en diciembre de 2025 a 39 en mayo de 2026, según JEP, los 22 excarcelados monitorean su salud física por cuenta propia, con el apoyo incondicional de sus familiares.
La necesidad de atención psicológica y psiquiátrica urgente es un clamor generalizado. Las ONG que defienden los derechos humanos brindan acompañamiento, pero sus capacidades financieras y logísticas son limitadas. El Estado, una vez más, permanece ausente. Tineo asevera que, aunque las organizaciones civiles ofrecen un apoyo invaluable, "sabemos que no es suficiente. No tenemos las capacidades financieras" para cubrir la inmensa demanda. Los tratos crueles e inhumanos sufridos durante la detención dejan cicatrices profundas que requieren un abordaje profesional y sostenido, algo que el gobierno venezolano sistemáticamente niega.
La situación de los presos políticos en Venezuela es una herida abierta que sangra a diario. La combinación de detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias inhumanas, la negación sistemática de atención médica y la persistente opacidad estatal configura un escenario de violaciones masivas a los derechos humanos. La comunidad internacional y la sociedad civil venezolana continúan clamando por la liberación de estos prisioneros, pero también por la garantía de su derecho fundamental a la salud y a la dignidad, tanto en reclusión como una vez recuperada la libertad. La justicia y la rendición de cuentas son imperativos ineludibles para sanar estas profundas heridas.
