Demanda de Oro y Disputas Legales
En el ámbito internacional, Rodríguez informó sobre el envío de una comunicación formal dirigida al rey de Inglaterra. El propósito de la misiva es exigir la liberación del oro venezolano que se encuentra bajo custodia británica. Este oro ha permanecido retenido debido a las disputas en torno al reconocimiento político de las autoridades venezolanas.
La presidenta encargada afirmó que los argumentos británicos, que aludían a la incertidumbre sobre la legitimidad del gobierno, carecen de fundamento jurídico y político. "Ya envié la carta al Rey Carlos. El argumento británico se basaba en que no sabían quién gobernaba; pues bien, gobernamos nosotros", declaró.
A pesar de estas declaraciones, Rodríguez no ha emitido pronunciamientos públicos respecto a los señalamientos de diversos abogados constitucionalistas. Estos juristas han sostenido que su mandato interino concluyó formalmente al cumplirse el límite constitucional de 180 días desde la salida de Nicolás Maduro. Ante lo que opositores han calificado como un "vacío de poder" o "falta absoluta", la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León, ha propuesto la conformación ciudadana de una Junta de Gobierno de transición.
Panorama Económico y Desafíos Inflacionarios
Durante la sesión, Rodríguez aseguró que las fuentes de ingresos del país mantienen un ritmo expansivo. Atribuyó este crecimiento a la producción petrolera y a la recaudación tributaria. Asimismo, destacó un incremento del 33% en el consumo real durante el mes de junio.
Sin embargo, el Ejecutivo omitió referirse a las recientes cifras de inflación publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV). De acuerdo con el BCV, el incremento de precios en junio alcanzó el 13,8%, lo que representa un repunte en comparación con el 6,3% registrado en mayo. Estos datos consolidan una inflación acumulada del 129,82% para el primer semestre del año y una variación interanual del 544,13%. Adicionalmente, el tipo de cambio del dólar BCV ha mostrado una tendencia al alza, con un incremento del 13,89% en menos de dos semanas.
Por su parte, el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega Sánchez, detalló que el proceso de reestructuración de la deuda externa avanza. Indicó que en los escenarios fiscales se están incorporando las variables derivadas de la emergencia sísmica del 24 de junio. "Hemos sostenido intensas mesas técnicas con socios y organismos multilaterales para reajustar el marco macroeconómico y el análisis de sostenibilidad de la deuda frente al impacto del terremoto", afirmó Ortega Sánchez.
El funcionario añadió que los resultados de estos análisis técnicos serán publicados en las próximas semanas. Subrayó que una reestructuración transparente de la deuda es una condición indispensable para que el país recupere el acceso al financiamiento internacional, necesario para la reconstrucción física.
Participación del Sector Privado
Desde el gremio empresarial, Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, ratificó el compromiso del sector privado con la asistencia a las víctimas y la reactivación productiva. Anunció la conformación de un comité de seguimiento técnico y la puesta en marcha de un plan de empleo inmediato para la reinserción laboral de los damnificados. Capozzolo también instó al Ejecutivo a revisar y aliviar la carga impositiva sobre las empresas con el objetivo de estimular la inversión de capital nacional.
Adicionalmente, Pablo González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, reportó un incremento en la demanda de inmuebles en las regiones siniestradas. González enfatizó que la confianza jurídica e institucional será un factor clave para atraer el apoyo de organismos multilaterales y captar fondos de inversionistas locales.
El sector empresarial coincidió en demandar el levantamiento de las sanciones económicas internacionales. Argumentaron que, dadas las circunstancias críticas de emergencia humanitaria, carece de sustento mantener estas restricciones financieras sobre el país.
Los diversos actores involucrados en la recuperación del país, desde el Ejecutivo hasta el sector privado, han delineado una hoja de ruta que busca atender la emergencia sísmica y reimpulsar la economía, a pesar de los desafíos financieros y las disputas políticas que persisten.
