En diez días ratifican o anulan condena a Caguaripano
Luego de seis horas de una audiencia oral y pública este miércoles 26 de agosto, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo acordó pronunciarse en un lapso de diez días sobre la condena de 30 años impuesta al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano, quien se
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo emitirá en un lapso de diez días hábiles su resolución definitiva sobre la condena de 30 años de prisión impuesta al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Caguaripano. La decisión judicial determinará si se ratifica, modifica o anula la pena máxima dictada contra el oficial y otros 22 ciudadanos acusados por el asalto al Fuerte Paramacay, ocurrido en agosto de 2017 en el municipio Naguanagua. De acuerdo con un reporte del portal informativo Runrun.es, la medida se anunció tras la finalización de una audiencia oral y pública que se extendió por más de seis horas.
El laberinto procesal y las opciones de la defensa
El veredicto de primera instancia contra el grupo de procesados se dictó el 19 de diciembre de 2025, tras transcurrir ocho años desde el momento de las detenciones. Ante este dictamen, el equipo de defensa técnica promovió un recurso de apelación con el objetivo de revertir la sentencia de tres décadas de reclusión. El capitán retirado cumple actualmente su condena en el internado judicial Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, bajo estrictas medidas de custodia.
En declaraciones recogidas por Runrun.es, el abogado defensor Joel García detalló los escenarios jurídicos que técnica y formalmente maneja la Corte de Apelaciones del estado Carabobo para este caso. Según el especialista en derecho penal, el tribunal de alzada tiene la facultad de ratificar la condena de 30 años de prisión o, por el contrario, declarar su nulidad absoluta. En el supuesto de que se determine la nulidad de la sentencia previa, el ordenamiento jurídico venezolano exige la realización de un nuevo juicio oral y público desde su fase inicial.
Asimismo, García señaló que existe una tercera alternativa procesal, consistente en declarar con lugar la apelación de manera parcial. Esta última opción implicaría que la instancia judicial desestime y suprima algunos de los delitos imputados originalmente por el Ministerio Público, manteniendo únicamente aquellos cargos que considere debidamente demostrados, lo que podría traducirse en una reducción proporcional de la pena impuesta a los privados de libertad.
Retardos logísticos y denuncias de hostigamiento
La audiencia judicial del pasado miércoles 26 de agosto evidenció las fallas estructurales y de servicios que caracterizan al sistema penitenciario y judicial venezolano. Aunque el acto procesal estaba pautado para dar inicio a las 11:00 de la mañana, la sesión no comenzó sino hasta las 3:45 de la tarde. El retraso de casi cinco horas se debió a la interrupción del servicio eléctrico en la cárcel de Yare, ubicada en el estado Miranda, donde permanece recluido otro de los militares procesados en la misma causa y cuya comparecencia por vía telemática o traslado era indispensable para el desarrollo de la jornada. Debido a este inconveniente técnico, la audiencia se prolongó durante toda la noche y finalizó pasadas las 12:00 de la medianoche del jueves 27 de agosto.
A la salida de la sede judicial en Carabobo, el coordinador del Foro Penal en dicha entidad, Luis Armando Betancourt, junto a la abogada defensora Jenny Gutiérrez, confirmaron la culminación del debate oral y el inicio del lapso legal para la deliberación de los jueces.
Durante el desarrollo de la jornada en las inmediaciones del palacio de justicia carabobeño, se registraron situaciones de tensión. El expreso político Carlos Azuaje denunció públicamente que comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se apostaron en los alrededores del recinto judicial. De acuerdo con su testimonio, los funcionarios policiales realizaron grabaciones de video y labores de seguimiento contra los familiares, allegados y defensores de derechos humanos que acudieron al lugar para brindar apoyo solidario a los abogados y parientes de los 23 condenados.
Denuncias de tortura y la negativa de beneficios procesales
El caso del asalto al Fuerte Paramacay ha estado acompañado por constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Los 23 condenados fueron declarados culpables de los delitos de rebelión militar y traición a la patria. No obstante, familiares y organizaciones no gubernamentales sostienen que el expediente judicial presenta múltiples irregularidades procesales, retrasos injustificados y transgresiones directas a las garantías constitucionales de los acusados.
Entre los señalamientos más graves destacan las denuncias sobre la aplicación de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el período de custodia. De acuerdo con información recopilada por Runrun.es a partir de testimonios de familiares y defensores, los detenidos presuntamente sufrieron descargas eléctricas, asfixia inducida mediante el uso de bolsas plásticas, aislamiento severo y prolongado, golpes contusos en diversas partes del cuerpo y traslados forzosos sin ropa sobre superficies de piedra.
Estas denuncias han sido documentadas e incluidas en los informes de instancias internacionales, tales como la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta última institución otorgó medidas cautelares de protección a favor de Caguaripano en el año 2018. El padre del oficial, Juan Bautista Caguaripano, ha expuesto públicamente en reiteradas ocasiones que los tratos recibidos en prisión han dejado secuelas físicas y psicológicas crónicas en la salud de su hijo.
Por otra parte, la vía de la resolución política o humanitaria también ha sido bloqueada en los tribunales locales. En febrero de este año, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del estado Carabobo rechazó de manera formal la solicitud de amnistía presentada por la defensa de Caguaripano. Dicha petición se fundamentaba en el marco de la legislación aprobada en su momento por la Asamblea Nacional y que, según los registros informativos, contó con la promoción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Los abogados defensores y los familiares calificaron la negativa judicial como una medida discrecional y discriminatoria contra los procesados de origen militar, violando el principio constitucional de igualdad ante la ley. Para mediados de agosto, los registros de la organización no gubernamental Foro Penal contabilizaban un total de 163 funcionarios militares privados de libertad en el país por motivos políticos.
Controversia política en torno a la captura
La detención de Juan Carlos Caguaripano también ha sido objeto de debate en la escena política nacional. Durante la transmisión de su programa televisivo semanal a través del canal estatal Venezolana de Televisión, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que el exalcalde del municipio Sucre del estado Miranda, Carlos Ocariz, habría facilitado la captura del militar retirado ante las autoridades gubernamentales con el fin de obtener favores políticos.
Ante estas declaraciones, Carlos Ocariz rechazó los señalamientos del ministro y los calificó como falsos. El dirigente político argumentó que la versión oficial carece de sustento real y que para la fecha en que se practicó la detención de Caguaripano, él no se encontraba en el territorio nacional. Asimismo, Ocariz aclaró que en ningún momento recibió consultas por parte del cuerpo policial del municipio Sucre respecto a dicho procedimiento de captura, ni estableció comunicaciones con funcionarios gubernamentales para tal fin, enfatizando que las afirmaciones del ministro forman parte de una campaña de desinformación sostenida a lo largo del tiempo.
El destino legal del capitán retirado y de los demás implicados en la causa de la instalación militar de Naguanagua queda ahora bajo la responsabilidad de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Carabobo, quienes deberán evaluar los argumentos de la defensa frente a las denuncias de irregularidades procesales acumuladas durante casi una década.
