El tribunal que falló la cuadratura del círculo
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
El Juicio que Desnudó las Contradicciones en el Caso Canserbero: Una Acusación en Pedazos
El juicio público contra un grupo de funcionarios policiales, una patóloga forense y un allegado a la familia Améstica, acusados de encubrir el presunto asesinato del célebre rapero Canserbero, ha resultado un revés demoledor para la Fiscalía venezolana. Lejos de cimentar la narrativa oficial del doble homicidio y posterior encubrimiento, el proceso judicial ha expuesto profundas contradicciones y vacíos probatorios que ponen en entredicho la veracidad de la "resolución" del caso presentada por el Ministerio Público. Este desplome de la acusación se produce mientras el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar, ocurridas en 2015, ha desaparecido, añadiendo una capa más de opacidad a un caso ya de por sí turbulento.
El 8 de abril de 2024, en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, dio inicio un proceso que, a diferencia de la expeditiva sentencia contra los hermanos Améstica en febrero del mismo año, se desarrollaría de manera oral y pública. Bajo la conducción de la jueza Sabrina Montes de Oca, este tribunal unipersonal se convirtió en el escenario donde la solidez de las pruebas de la Fiscalía, liderada por Tarek William Saab, sería sometida a una prueba de estrés sin precedentes. Los imputados –los agentes policiales Edgar Trillo, Gilbert Cruz y Teresa Pinto; la anatomopatóloga Solangela Mendoza; y Marcos Pratolongo, cercano a la familia Améstica– enfrentaron cargos que la Fiscalía había construido con el declarado propósito de "rescatar el buen nombre" de Tirone González, promoviendo la tesis del doble homicidio para su muerte y la de Carlos Molnar.
Sin embargo, el resultado de esta ventilación pública fue diametralmente opuesto a lo esperado por la acusación. Lo que se presentó como la verdad irrefutable sobre los hechos acaecidos la madrugada del 20 de enero de 2015 en el apartamento 10-A del edificio Camino Real de Maracay, se desmoronó bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de los propios peritos de la Fiscalía y las objeciones de la misma jueza. Este colapso probatorio ha dejado una estela de dudas sobre la integridad de la investigación más reciente y la tesis de encubrimiento.
El Descalabro de la "Doble Autopsia": Un Error de Interpretación Forense
Uno de los pilares fundamentales de la acusación de la Fiscalía de Saab era la supuesta existencia de un "doble protocolo de autopsia" en la investigación original de 2015, lo que, según su narrativa, constituía una manipulación deliberada para encubrir el asesinato. El propio Fiscal General, a través de un tuit en diciembre de 2023, había señalado a la patóloga Solángela Mendoza por usar dos numeraciones no correlativas (0461 y 2593) para una misma experticia, presentándolo como una irregularidad flagrante.
No obstante, la revisión exhaustiva de los procedimientos forenses y la consulta con especialistas en la materia, como ha podido verificar Libertad VZLA a través de fuentes vinculadas a la serie "La justicia cayó con Canserbero", revelan una realidad muy distinta. La Fiscalía de Saab, al parecer, demostró un desconocimiento fundamental sobre el funcionamiento de las morgues y la nomenclatura forense estándar. El proceso habitual en los servicios forenses venezolanos implica que el anatomopatólogo de guardia redacta inicialmente los hallazgos a mano. Posteriormente, una secretaria transcribe este contenido en un informe formal que el especialista revisa y certifica con su firma. Los libros administrativos, como el que Saab presentó como prueba, registran las copias certificadas que salen de la morgue, las cuales son transcripciones fieles del resultado de la autopsia original.
La verificación de los registros evidencia que el libro exhibido por la Fiscalía no corresponde a un registro de protocolos de autopsias, sino a un "libro de novedades". Este último documenta la emisión de transcripciones certificadas solicitadas por organismos como la Fiscalía o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los números 0461 y 2593, lejos de identificar autopsias distintas o protocolos duplicados, simplemente indican que los cuerpos de seguridad solicitaron la transcripción del mismo informe en dos oportunidades diferentes.
El expediente, compuesto por 5.000 folios y al que se tuvo acceso, clarifica que la morgue entregó la primera transcripción (0461) a la fiscalía y la segunda (2593) al Cicpc, esta última en abril de 2015, tras una inspección del apartamento solicitada por las hermanas de Tirone González quienes exigían una investigación más profunda en marzo de ese año. La documentación es irrefutable: cada autopsia posee una numeración única e irrepetible. El protocolo 161-15 corresponde a Carlos Molnar, y el 162-15 a Tirone González. La existencia de un "doble protocolo" para una misma autopsia, tal como lo afirmó la Fiscalía, es una falacia basada en una malinterpretación de un libro administrativo. Un simple acercamiento a los trabajadores del servicio forense o a la propia patóloga investigada podría haber despejado esta duda, evitando una acusación sin fundamento.
Lesiones Omitidas: La Realidad de los Hallazgos Originales
Otro punto neurálgico en la acusación de la Fiscalía de Saab fue la afirmación de que la patóloga Solángela Mendoza había omitido deliberadamente el registro de lesiones que, según la investigación de 2023, eran "evidentes" en el cadáver de Canserbero: una fractura en el rostro y heridas punzantes en su costado. Para la Fiscalía, esta omisión no fue un error, sino un intento premeditado de encuadrar la muerte como un suicidio, constituyendo así un acto de encubrimiento.
Sin embargo, el voluminoso expediente de la investigación original de 2015 desmiente categóricamente esta aseveración. La fractura de la mandíbula de Tirone González sí fue documentada y fotografiada por la policía científica desde el primer momento. Lejos de ser ignoradas, las lesiones de Canserbero fueron detalladas con precisión. La autopsia de 2015 ya consignaba múltiples golpes causados por la caída que, en ese entonces, se consideró la causa de su muerte. Estos incluían fracturas en el cráneo, la columna vertebral, costillas y la escápula, además de una severa lesión facial que afectó su boca y le provocó la pérdida de dientes, signos inequívocos de un trauma facial grave.
De hecho, la exhumación practicada en 2023, lejos de contradecir los hallazgos iniciales, no solo los confirmó, sino que reforzó muchos de los detalles ya asentados en el protocolo original de 2015. El lenguaje técnico forense utilizado en la primera autopsia describía con exactitud las lesiones, coincidiendo sustancialmente con lo que la nueva investigación "redescubría" años después. Esto sugiere que las acusaciones de omisión no se basaban en la ausencia de registro, sino en una interpretación sesgada o en la ignorancia de la información ya contenida en el expediente original.
El juicio público, por tanto, ha servido como un espejo implacable que ha reflejado las debilidades de la narrativa de la Fiscalía. Lo que se presentó como un encubrimiento meticuloso, se ha revelado como una serie de supuestas "evidencias" que no resistieron el escrutinio de un tribunal oral y público. La jueza, a pesar de haber aceptado las implicaciones de la acusación en un primer momento, se vio confrontada con la desarticulación de las pruebas en tiempo real, lo que subraya la fragilidad de la construcción judicial que se había presentado al país.
Un Relato en Tela de Juicio y la Búsqueda de la Verdad
El desenlace de este juicio público ha dejado en evidencia que la "resolución" del caso Canserbero, promovida con gran despliegue mediático por el Ministerio Público, se tambalea. Las revelaciones sobre la malinterpretación de los procedimientos forenses y la existencia de registros de lesiones que la Fiscalía de 2023 afirmó haber sido omitidas, socavan seriamente la credibilidad de la investigación más reciente.
Este proceso judicial, que debió haber sido un acto de consolidación de la justicia, se ha convertido en un punto de inflexión que genera más interrogantes que respuestas. La desaparición del expediente original de 2015, sumada al descalabro de las pruebas de la Fiscalía en este juicio, profundiza la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió. La sociedad venezolana merece una investigación transparente y rigurosa, libre de interpretaciones forzadas y con pleno respeto a los procedimientos forenses y judiciales. La búsqueda de la verdad en la trágica muerte de Canserbero y Carlos Molnar parece estar, una vez más, en un punto muerto, con un relato oficial que ha quedado, literalmente, en tela de juicio.
