El dilema: ¿quién tiene más que perder en la negociación?
Caracas.- La decisión de María Corina Machado y Edmundo González de no incorporarse a la negociación entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el oficialismo, prevista para iniciar el próximo 1 de agosto, no significa que abandonen la búsqueda de una salida política. Por el contrario, según el análisis presentado por el director
La reconfiguración de las fuerzas democráticas en Venezuela afronta un nuevo escenario de definición ante el inicio del proceso de conversaciones entre delegados de la Asamblea Nacional electa en 2015 y los representantes del gobierno nacional. La determinación de María Corina Machado y Edmundo González de no formar parte de la delegación que asiste a estas reuniones dibuja un panorama de doble vía en la búsqueda de una resolución a la crisis política del país. Esta postura, lejos de representar un repliegue, plantea una división de funciones donde la movilización social y la interlocución institucional transcurren por caminos diferenciados.
De acuerdo con las valoraciones expuestas por el periodista César Batiz, director del medio digital El Pitazo, en el espacio informativo Punto y Contexto, la decisión de los líderes de la Plataforma Unitaria no implica un distanciamiento del objetivo de lograr una transición pacífica. Por el contrario, la dirección política encabezada por Machado busca ejercer una fuerza de gravedad externa sobre la mesa de negociación, condicionando su respaldo a la obtención de compromisos verificables en áreas críticas para el país.
Dos estrategias de acción frente al poder
La coexistencia de dos visiones estratégicas dentro del espectro opositor responde a un diseño político que se ha venido gestando desde el exterior. Según el análisis de Batiz, la política exterior estadounidense optó por establecer una separación de roles en la conducción del conflicto venezolano. Por un lado, se mantuvo la representación jurídica e institucional en la figura de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, encargada de la interlocución formal en las mesas de diálogo. Por el otro, se reconoció el liderazgo de masas y la legitimidad electoral obtenidos por María Corina Machado en los procesos de consulta ciudadana.
Esta división del trabajo político generó debates internos sobre la conveniencia de participar directamente en los espacios de mediación. Fuentes del entorno de la dirigencia opositora señalaron a El Pitazo que existieron propuestas para incorporar a Machado mediante un consejo consultivo adjunto a la delegación negociadora, pero sin capacidad de veto o decisión directa sobre las cláusulas del acuerdo. La respuesta de los sectores cercanos a la líder opositora apuntó a que no resulta viable mantener una presencia simultánea dentro y fuera del mecanismo de negociación formal, optando finalmente por mantener la autonomía de su plataforma de movilización.
La ruta de la presión civil y los comanditos
La planificación diseñada por Machado y González se fundamenta en la reactivación de las bases sociales a través de la convocatoria a un Gran Acuerdo Nacional. Esta iniciativa contempla el retorno a la actividad de calle y el recorrido por las distintas regiones del territorio nacional, utilizando como estructura operativa a los denominados "comanditos", agrupaciones ciudadanas que sirvieron de soporte logístico durante los eventos electorales recientes.
El propósito de esta reactivación no es competir de forma directa con la agenda de la delegación de la Asamblea de 2015, sino generar las condiciones de presión social necesarias para que las demandas de la sociedad civil sean incorporadas en el debate de los negociadores. El análisis de El Pitazo detalla que la dirigencia que permanece fuera de la mesa condiciona la validación del proceso a resultados medibles, entre los que se encuentran:
- La liberación efectiva de los ciudadanos considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos.
- El restablecimiento de las garantías institucionales y el respeto a la separación de poderes.
- El establecimiento de un cronograma electoral con observación internacional calificada.
- La definición de garantías políticas para todos los actores involucrados en la contienda.
No obstante, esta estrategia de movilización interna no está exenta de dificultades operativas. El retorno de Machado a la actividad pública de calle plantea interrogantes sobre la seguridad personal de la dirigente y las garantías para su libre desplazamiento por el país, considerando los antecedentes de restricciones de movilidad y las medidas administrativas que pesan sobre su ejercicio político.
El reto de la representatividad en la mesa
La conducción de las negociaciones por parte de la delegación encabezada por Dinorah Figuera introduce interrogantes sobre la representatividad real del proceso. Al no contar con la participación directa de los liderazgos que concentran el mayor caudal de respaldo popular medible en el país, la delegación institucional debe buscar mecanismos para convalidar sus decisiones ante la opinión pública.
A esto se suma la complejidad interna de las organizaciones políticas que integran la plataforma unitaria. César Batiz observó que, hasta el inicio de las sesiones de negociación, partidos clave como Primero Justicia, organización en la que milita Figuera, no habían emitido pronunciamientos oficiales de respaldo unánime al inicio de esta ronda de conversaciones. Este tipo de reservas internas dentro de los partidos tradicionales evidencia las tensiones existentes sobre la conducción del proceso y el temor a una pérdida de conexión con las demandas del electorado de base.
Las variables de la política exterior de Washington
El desarrollo de este proceso también somete a evaluación la política de la administración estadounidense frente al caso venezolano. El Departamento de Estado debe equilibrar su apoyo a la vía institucional de la negociación con la protección de los líderes civiles que operan dentro del territorio nacional.
Si la movilización convocada por Machado genera una respuesta de judicialización o detención por parte de los organismos de seguridad del Estado, la Casa Blanca se enfrentará a la disyuntiva de suspender las licencias y concesiones otorgadas en el marco de las negociaciones o priorizar la continuidad del canal diplomático para evitar un colapso definitivo del diálogo. El fracaso de esta arquitectura de negociación afectaría directamente la credibilidad de los diseñadores de la política exterior hacia América Latina en el Congreso y el Ejecutivo de los Estados Unidos.
El cálculo del oficialismo ante el escenario de movilización
Para el gobierno venezolano, la dualidad de la estrategia opositora representa un dilema de costos políticos. La reactivación de las concentraciones ciudadanas y el recorrido de los líderes opositores por el interior del país suponen un desafío al control territorial del oficialismo. Sin embargo, una respuesta de carácter represivo o la inhabilitación de facto de las actividades de los dirigentes opositores debilitaría la posición de los negociadores gubernamentales en las mesas internacionales, donde buscan el levantamiento progresivo de las sanciones económicas.
El análisis concluye que el elemento determinante en el desarrollo de este nuevo ciclo político no radica en las agendas particulares de los actores individuales, sino en la resolución de las contradicciones que genera el propio proceso de negociación. La capacidad de la sociedad civil para influir en las decisiones de la mesa y la disposición del poder central para ceder espacios de representación definirán la viabilidad de una salida concertada a la crisis institucional venezolana.
