Disparos, represión y falsas versiones: así el Estado intentó ocultar los asesinatos poselectorales de 2024

Las manifestaciones ciudadanas ocurridas tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024 en Venezuela dejaron un saldo de 25 personas fallecidas por el uso de armas de fuego y más de 2.000 detenciones en nueve estados del país, según los registros documentados por organizaciones independientes. Una investigación conjunta realizada por el Monitor de Víctimas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por los medios digitales Runrun.es, El Pitazo y TalCual, revela que las agrupaciones de civiles armados conocidas como colectivos actuaron en coordinación o bajo la tolerancia de los cuerpos de seguridad del Estado. A dos años de estos sucesos, el sistema de justicia venezolano mantiene paralizadas las investigaciones de los homicidios de civiles, mientras que el único proceso judicial con personas detenidas corresponde a la muerte de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana.

La respuesta estatal ante el descontento electoral de 2024

El descontento ciudadano se originó la noche del 28 de julio de 2024, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la victoria de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial. Esta proclamación se produjo en un contexto donde los factores de la oposición venezolana presentaron actas de votación recopiladas directamente de las mesas electorales para sostener la denuncia de un fraude en el proceso. La publicación de estos documentos de escrutinio motivó a miles de ciudadanos a manifestarse en las calles de diversas regiones del territorio nacional durante las horas posteriores al anuncio oficial.

La respuesta de las autoridades ante las protestas se caracterizó por el despliegue de operaciones de control público que derivaron en una persecución generalizada. De acuerdo con los datos consolidados por la alianza periodística ARI y el Monitor de Víctimas, los operativos de seguridad se saldaron con el arresto de más de 2.000 ciudadanos y la muerte de 25 personas en nueve entidades federales del país. Los informes de los medios aliados documentan que la totalidad de estas muertes civiles se produjeron por el impacto de proyectiles disparados por armas de fuego, lo que evidencia el carácter letal de la contención de las protestas.